Política y narcotráfico en Ecuador

El 15 de marzo de 2026 comenzó el toque de queda en 4 provincias de Ecuador. Más en concreto, El toque de queda comenzó a las 00 horas del 16 de marzo y durará 15 días. Las 4 provincias quedan militarizadas. Nadie puede salir de casa, por operativos militares, y suspendidas todas las garantías constitucionales.

Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa ha decretado más de 10 estados de excepción en Ecuador, con reportes que indican hasta 11 o incluso 14 medidas, incluyendo renovaciones, si bien no tienen ámbito nacional, sino en determinado número de provincias.

Esta vez habrá presencia de más de 35.000 policías, además de miembros de la FF.AA.

El tema del narcotráfico es el tema número uno del ambiente. Desde hace unos dos años o más el tema del narcotráfico se ha unido en toda Latinoamérica a otra palabra: TERRORISMO. Hoy ya no es simplemente: narcotráfico, sino NARCO TERRORISMO. Lo mismo se habla en Argentina, en Chile, en Brasil. El narco no es simplemente tráfico de cocaína, ni marihuama u otras “sustancias sujetas a fiscalización”. Es terrorismo.

Revisando mis archivos y documentos encuentro uno de suma importancia, tanto por el tema como por los personajes que firmaron esta declaración de la que extraigo algunos párrafos significativos. 

Los días 4 al 9 de junio del año 1990 se realizó un encuentro ecuménico de cerca de 100 Obispos y Pastores de América Latina y el Caribe en la ciudad de Kingston, Jamaica, con el tema: “DEUDA EXTERNA Y NARCOTRÁFICO, desafío a las Iglesias”.

Era el II Encuentro de Obispos y Pastores de América Latina y el Caribe.

Los encuentros fueron tres. Y con los mismos convocantes: El CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias. La CCC, Conferencia de las Iglesias del Caribe, el NCCC-USA, Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos y el CELAM, Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe. Por la parte Católica Romana, el Vaticano envió como su delegado, al arzobispo de Panamá, Mons. Marcos Mcgrant

POLÍTICA Y NARCOTRÁFICO

En esta mirada retrospectiva me encuentro con partes del documento final, firmado por todos los presentes:

23. ”(Frente al narcotráfico…) “la respuesta del Estado ha sido la represión pura, el incremento del castigo y la violencia contra los campesinos, pequeños traficantes y consumidores, sin tocar a los narco-empresarios, con quienes incluso se ha aliado en algunos momentos, para combatir ciertos grupos de izquierda y organizaciones populares.

24. La implementación de una legislación represiva contra los actores sociales más débiles ha producido el llamado “efecto bumerang”: no se ha controlado el problema, por el contrario, se ha incrementado. Un problema de la estructura económica, de la pobreza y de la injusticia social es tratado desde una óptica policial-represiva, actualmente con tendencia incluso a la militarización.

25. La militarización del conflicto se justifica teóricamente porque el narco tráfico ha establecido retos centrales a la estabilización de los Estados, por una parte, y a causa de presiones de los Estados Unidos por otra. Sin embargo, el remedio parece peor que la enfermedad, ya que por esta vía se coartan muchos derechos fundamentales, se posibilita el crecimiento del autoritarismo y se desinstitucionaliza el Estado, además de que se induce la corrupción de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, como algunos casos lo demuestran. Tampoco los gobiernos civiles se libran de estos efectos corruptores, como se ve en la administración de justicia, en los partidos políticos e incluso en las más altas instancias de gobierno: así, conduciendo una guerra contra sectores crecientes de la población, el Estado se deslegitima, las instituciones políticas se corrompen y se incrementa la represión.

26. Todas estas políticas no han partido tanto de un diagnóstico latinoamericano y caribeño del problema, sino que se originan más bien en la aproximación de los Estados Unidos al tema, por lo que los costos económicos, sociales y políticos de la guerra contra las drogas se pagan en nuestros países.

27. Las contradicciones en la política de EE.UU. son evidentes: no se controla el lavado de dólares en bancos norteamericanos, ni el tráfico de elementos necesarios para el refinado del producto de la droga y armas para los narcos. La política de los Estados Unidos, basada en una percepción ideológica de la “seguridad nacional”, ha violentado la soberanía de nuestros estados, como lo hemos visto en el caso de la invasión a Panamá, ha impulsado la violencia y la militarización en nuestras sociedades so pretexto de combatir el narcotráfico en los Andes y en el Caribe, más no en las calles de Nueva York, Los Ángeles o Miami, originando inseguridad social en nuestros países.

28. Nuevamente asistimos a la imposición unilateral de políticas y percepciones, por lo que un país determina lo que debe hacer el resto, sin tomar en cuenta sus problemas y necesidades reales, que, en nuestro caso, son el desarrollo, la deuda externa, el intercambio económico desigual y la resolución de las injusticias sociales y la falta de participación democráticas en el poder.

29. Así, se requiere un nuevo enfoque en el que el problema de las drogas se debe integrar y tratar violencia conjuntamente con los restantes. Se debe buscar soluciones que no impulsen a la violencia social y política, que no se nos plante como una “guerra”, cuyo campo de batalla son nuestros países, y que posibiliten acciones multilaterales y concertadas, no imposiciones de un poder extra-regional hegemónico.

32.   No es mediante batallas militares y conflictos de baja intensidad como se resolverá el problema de las drogas, ni mediante una retórica guerrerista y violenta como se avanzará en este sentido. Puesto que el narcotráfico se hace posible gracias a la crisis económica y a la pobreza crítica de amplios sectores de la población, su resolución debe ligarse a políticas de largo alcance de estos temas, en las cuales Latinoamérica y el Caribe deben tener su voz propia, via el diálogo y el acuerdo. No podemos pensar siquiera en acabar con el narcotráfico si no enfocamos primero la transformación de estructuras injustas y en el plana económico y social y político desde un compromiso con los pobres, los humillados y ofendidos, las víctimas reales de esta guerra contra las drogas”.

Estas palabras fueron pronunciadas por un numeroso grupo de obispos y pastores de América Latina y el Caribe en julio de 1990, es decir, hace 35 años.

El Ecuador terminó el año 2025 con cerca de 9.000 muertes en el combate al narcotráfico, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, estados de excepción y una “declaración oficial de conflicto armado interno”. La Corte Constitucional acaba de emitir su dictamen frente a la desaparición forzada de 4 niños, menores, condenando al grupo de militares actores del hecho y condenándolos a 16 años de cárcel. 

El Comité de Derechos Humanos tiene documentados más de 30 desapariciones forzadas. Todo medio ligado real o inducido al narco-terrorismo.

Las Iglesias, tanto católica como evangélica, se plantearon el problema hace 36 años y hoy vuelven a tratar el mismo tema. Hoy hay sacerdotes ”vacunados” para poder celebrar misa, realizar procesiones o simples reuniones de la comunidad.

¿Qué se puede decir desde la FE? ¿Cuáles son los desafíos 36 años después?