El púlpito del conflicto: cómo la jerarquía eclesiástica de Oviedo estrangula el Evangelio en los días de la Perdonanza

España sufre una grave crisis, pero no es la que repiten los informativos. No es una crisis de fronteras, ni de recursos, ni de espacio. Es una crisis de descomposición moral. Vivimos atrapados en una disonancia cognitiva perversa: un país que se enorgullece de su carácter acogedor, de su vanguardia en derechos civiles y de sus profundas raíces humanistas, pero que observa con una indiferencia pasmosa cómo sus costas se convierten en el mayor cementerio a cielo abierto de Europa. La retórica institucional de la solidaridad se ahoga cada día en las aguas de Canarias, Ceuta y el Mediterráneo, desnudando una verdad incómoda: nuestra empatía es selectiva y nuestra misericordia tiene condiciones. 

El primer síntoma de este colapso ético es la deshumanización sistemática del lenguaje. Hemos permitido que el debate político sea secuestrado por una terminología bélica y meteorológica. Ya no nos hablan de seres humanos que huyen de la miseria, la persecución o el expolio; los discursos oficiales y mediáticos hablan de "oleadas", "avalanchas", "flujos" e "invasiones". Esta elección de palabras no es casual. Es una anestesia social diseñada para despojar al migrante de su condición humana. A una persona se la socorre; a una "avalancha" se la contiene, se la repele y se la teme. Al comprar este marco mental, la sociedad española ha desplazado el foco del dolor de la víctima al supuesto peligro del espectador. 

Esta deshumanización alcanza su cumbre en la subcontratación de la crueldad. La política exterior española ha perfeccionado el arte de la cobardía moral: externalizar el control de las fronteras para no mancharse las manos de sangre en suelo propio. Financiamos con millones de euros públicos y prebendas diplomáticas a terceros países para que ejerzan la violencia física y sistemática que nuestras leyes y cámaras de televisión no tolerarían en la península. Es la externalización del desprecio: mantengamos la fachada de democracia limpia y garantista intramuros, mientras pagamos a otros para que hagan el trabajo sucio en la sombra. La soberanía nacional, al parecer, solo sirve para blindar el privilegio, nunca para exportar los derechos humanos. 

Pero si hay un espejo que refleja la fealdad de nuestra hipocresía colectiva, es el tratamiento político y social de los menores extranjeros no acompañados. Es en la infancia desamparada donde la falta de misericordia se vuelve verdaderamente despiadada. Ver a representantes políticos debatir la expulsión, el confinamiento o la dispersión de niños como si fueran excedentes de mercancía es el síntoma definitivo de una sociedad moralmente enferma. El argumento de la "falta de capacidad" es una falacia. España ha demostrado en su historia reciente que cuando existe la determinación política, la maquinaria del Estado se despliega con una eficacia y generosidad admirables para acoger a miles de personas en tiempo récord. El problema jamás ha sido la gestión logística; el problema es el racismo institucional que decide quién es una "víctima digna" de compasión y quién es un problema demográfico a evitar. 

Esta preocupante deriva no es exclusiva de los partidos políticos; ha permeado con fuerza en las instituciones que tradicionalmente debían custodiar los valores de la compasión, el ecumenismo y la piedad universal. El ejemplo más demoledor de esta quiebra ética lo encarna el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. El prelado, madrileño de nacimiento, arrastra un largo historial de polémicas allá por donde pasa, dejando una inequívoca huella de conflicto, división y enfrentamiento secular. En tierras asturianas no tardó en demostrar su talante excluyente: llegó a ser denunciado ante los tribunales por un párroco de la Iglesia Anglicana tras intentar impedir por la fuerza que los cristianos de esta confesión utilizaran la capilla del Cementerio municipal de El Salvador, un templo que —pese a las ansias de monopolio e intolerancia del arzobispo— es de estricta titularidad pública y municipal. 

La paradoja se vuelve insoportable estos días en los que la Archidiócesis celebra la Perdonanza. Mientras las puertas de la Catedral se abren ofreciendo un jubileo de indulgencia, reconciliación y remisión de culpas, el sermón y la postura de su pastor contradicen salvajemente todo lo que este rito propone y debería practicar. Quien no tuvo reparos en negar el espacio de oración a otros cristianos en un camposanto público, demuestra hoy la misma rigidez despiadada desde el púlpito, pisoteando el mandato más explícito de las propias Escrituras que dice defender: «Fui forastero, y no me disteis acogida» (Mateo 25:43). En sus cartas pastorales y homilías —como las de la fiesta de la Virgen de Covadonga [1]—, Sanz Montes ha decidido alinearse con los marcos ideológicos más duros de la extrema derecha. Al arremeter contra la regularización extraordinaria de inmigrantes, calificar la desesperación humana en Ceuta como una “auténtica avalancha que nos ha invadido” y sentenciar con frialdad que “lamentablemente todos no caben”, el prelado no solo sabotea el mensaje de acogida del Papa Francisco, sino que escupe sobre el mandato evangélico de hospitalidad al forastero. Sus proclamas, que vinculan falsamente el drama humanitario con la "intimidación", demuestran que la xenofobia institucional cotiza al alza bajo la mitra. 

No se puede ondear la bandera de la Perdonanza con una mano mientras con la otra se bendicen las vallas que desgarran la carne de los desesperados. Cuando la máxima autoridad eclesiástica de una diócesis utiliza la fe como una aduana excluyente, el perdón cristiano deja de ser una gracia transformadora para convertirse en una macabra farsa de consumo interno. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras las concertinas, las homilías del desprecio y la burocracia de la exclusión dictan quién es digno de compasión y quién debe ser arrojado al olvido. Las fronteras blindadas y los discursos sectarios no protegen nuestra cultura; lo único que consiguen es certificar nuestra rendición ética. Un país que normaliza la muerte en sus orillas y criminaliza la desesperación ajena está en plena decadencia moral. La historia no nos juzgará por la solidez de nuestros muros ni por la pureza de nuestros dogmas, sino por la absoluta mezquindad con la que defendimos nuestros privilegios a costa de la vida y la dignidad de los más vulnerables.