Reflexión ante las investigaciones sobre abusos a menores en la Iglesia No nos rasguemos las vestiduras

En la España estamental ni la nobleza ni el clero estaban bajo la misma ley que el pueblo llano. Gozaban de unos derechos y de unos privilegios que a la inmensa mayoría de la población no se le reconocían. Hoy en día, cuando hace ya más de dos siglos que tal estado de cosas comenzó afortunadamente a venirse abajo, aún viven entre nosotros muchas personas que lo añoran. Y las hay que, incluso, reclaman que se les permita actuar como si aún existiera.

Lo estamos viendo en estos días. Y vamos a seguir viéndolo durante las próximas semanas. Todo ello al hilo de la iniciativa de la Fiscalía General del Estado de investigar de oficio el asunto de los delitos penales de pederastia cometidos por determinados clérigos en el seno de la Iglesia Católica. Y, también, al hilo de la iniciativa parlamentaria de crear una comisión de diputados o de expertos elegidos por ellos para hacer un informe de la situación: de su magnitud y de sus protagonistas. Y para proponer modos de afrontar el problema.

Enseguida han comenzado a escucharse voces indignadas ante la perspectiva de que la sociedad civil meta sus sucias manos, dirán algunos, en este asunto. Ya se los escucha gritar que las izquierdas y los ateos quieren destruir la Iglesia. Ya se ve a hombres y a mujeres rasgándose, metafóricamente hablando, las vestiduras ante tal atropello.

Muchos de esos ciudadanos indignados, que dicen de sí mismos ser católicos de honda raigambre, dispuestos a defender nuestras santas tradiciones, reclaman, quizá a sabiendas o sin saberlo, que la Iglesia católica vuelva a ser reconocida, igual que ocurría hasta el siglo XIX, como una "sociedad perfecta", de origen divino. Como una sociedad cerrada, que se rige y juzga a sí misma, sin que nadie fuera de ella pueda interferirse en sus asuntos. Y menos aún si es para llamar al orden al clero por algo que haya hecho mal.

“¿Quiénes son esos -preguntan furiosos -que pretenden juzgar a los que juzgan? ¿Quiénes son esos depravados que quieren encausar a los elegidos de Dios y pedirles cuentas por desmanes ficticios o reales? ¿Quiénes son esos engreídos que quieren imponerles severas penas para que paguen por ellos?”

“¿Quiénes son esos -preguntan furiosos -que pretenden juzgar a los que juzgan? ¿Quiénes son esos depravados que quieren encausar a los elegidos de Dios y pedirles cuentas por desmanes ficticios o reales? ¿Quiénes son esos engreídos que quieren imponerles severas penas para que paguen por ellos?”

Parecen desconocer que desde el 6 de diciembre de 1978, aprobada por el 91,81 % de los ciudadanos y ciudadanas que votamos ese día, nuestra Constitución proclama en su Artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Pretenden que el clero, por motivos religiosos, sea tratado de un modo distinto al resto de los ciudadanos. Y, al hacerlo, parece que no ven mal que se restrinja a las víctimas de pederastia eclesial su derecho a pedir justicia en los tribunales del Estado. Pero, habiendo aprobado y siguiendo en vigor los principios que recoge la Constitución Española, considero justo que nuestras autoridades judiciales y políticas se decidan, finalmente, a investigar qué ha pasado y qué pasa dentro de la Iglesia Católica en lo tocante a delitos penales de pederastia.

No son asuntos que deban cocerse únicamente en el interior de la Iglesia católica y según las normas que dicten sus jerarquías en cumplimiento del Código de Derecho Canónico. Máxime cuando gran parte de la actual episcopado español sigue arrastrando los pies a la hora de ponerse en marcha para castigar y tratar de que dejen de producirse estos delitos, a los que tiende a reducir a la categoría de pecados. Son conductas dañinas que la sociedad civil ha pasado demasiado tiempo contemplando sin hacer nada para perseguirlas, castigarlas y erradicarlas. Son conductas que se producen en el seno de una institución desde la que constantemente se hacen proclamas morales sobre múltiples temas, pero especialmente sobre los que tienen que ver con asuntos sexuales. Son conductas, además, que se producen en el seno de una institución que en buena parte se sostiene con dinero que recibe del Estado. 

Son conductas que se producen en el seno de una institución desde la que constantemente se hacen proclamas morales sobre múltiples temas, pero especialmente sobre los que tienen que ver con asuntos sexuales. Son conductas, además, que se producen en el seno de una institución que en buena parte se sostiene con dinero que recibe del Estado

Quienes dentro de la Iglesia católica cometen delitos de pederastia, por más que sean clérigos, no están exentos de respetar las leyes civiles que los prohíben y castigan. Y los menores de edad que los padecen, aunque hayan sido obra de un clérigo, no pierden, como queda dicho, el derecho que nuestra legislación les reconoce a denunciar los hechos ante nuestros tribunales y a reclamar que se penalice a quienes les han causado tan graves daños. Por ello, nuestro sistema judicial así como nuestros parlamentarios obran de forma consecuente cuando han decidido tomar cartas en el asunto. Lo cual no impide que en el seno de la Iglesia católica, a nivel interno, a su ritmo y a su modo, los procesos sigan su curso, sin ocultar los delitos ni minimizarlos.

Lo pienso y digo como persona, como ciudadano y como sacerdote secular católico.