Regularización: Un reconocimiento tardío pero necesario

La regulación extraordinaria de personas emigrantes acaba de ser propuesta por el Gobierno. Atiende a los inmigrantes que llevan muchos años en España; trabajan muchas veces en condiciones laborales inadmisibles, por falta de reconocimiento de sus títulos profesionales; no pueden tampoco traer a su familia, esposos e hijos, por su irregularidad; y tienen muchos problemas para tener una vivienda y un trabajo, que les permita ser ciudadanos normales, pagar sus impuestos y gozar de los mismos derechos del resto de ciudadanos.

A partir de aquí surge de nuevo la polarización que ya existe en España en otros ámbitos. Una parte de los ciudadanos se opone a esa regulación con argumentos económicos, identitarios y políticos. No se distingue entre la inmigración por venir, que sigue siendo un reto y una necesidad para afrontar, y el hecho de que una gran parte de los inmigrantes ya viven y trabajan en España, a veces desde décadas, y contribuyen con su esfuerzo a la productividad y la economía. Los que rechazan que se legalice a los inmigrantes ya establecidos, les niegan sus derechos por miedo a los que puedan venir. Pero la presión emigratoria externa seguirá existiendo, tanto si se da la regulación como si no. La diferencia está en que la ley va a proteger a los que de hecho ya son ciudadanos para que no sean de segunda clase. 

Entre los opositores hay también cristianos y choca con ellos la postura que ha tomado la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. No todos los obispos defienden la regulación como un asunto de justicia social pero sí la mayoría. Por eso es necesario recordar el pronunciamiento al respecto del Papa Francisco en la encíclica “Fratelli Tutti” (124): el destino común de los bienes de la tierra hay que aplicarlo en todos los países. Y añade, “del destino común de los bienes, podemos decir que cada país es asimismo del extranjero, en cuanto los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar”. 

No se puede negar el derecho del otro porque sea extranjero. El papa reitera (FT 121) que “nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los Estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo”. Si la fe y la justicia están vinculadas, no es posible un cristianismo permisivo con situaciones que atentan contra los derechos humanos.

Además hoy que se habla tanto de la memoria histórica hay que recordar que España ha sido mayoritariamente un país de emigrantes. Sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo económico y político que comenzó en los sesenta. Los inmigrantes españoles han posibilitado la transformación que hemos vivido en los últimos cincuenta años, gracias al apoyo de otros países y ciudadanos europeos. Tenemos una deuda histórica con los que nos acogieron y protegieron a nuestros emigrantes. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo cuando hemos dejado de ser un país de emigración y mayoritariamente recibimos inmigrantes. La eruropeización y modernización de España pasa también porque adoptemos las medidas democráticas igualitarias de todos los ciudadanos, incluyendo a los extranjeros residentes, para que el bienestar político y económico pueda extenderse a todos, sin discriminación.