“El Lunes de Aguas del siglo XXI: la vuelta que aún negamos a las personas  privadas de libertad” 

Hay celebraciones que, bajo su apariencia festiva y popular, encierran una verdad incómoda que atraviesa el tiempo, una verdad que no se deja domesticar por la música ni por el vino ni por la aparente inocencia de lo tradicional. El Lunes de Aguas en Salamanca es, sin duda, una de ellas. Cada año, la ciudad se despliega junto al Río Tormes como si se tratara de un escenario en el que todo parece reconciliarse: familias, amigos, generaciones distintas que comparten mesa y memoria. Y, sin embargo, bajo esa imagen luminosa, casi bucólica, late una pregunta que rara vez nos atrevemos a formular con radicalidad: ¿qué hacemos con aquello —y con aquellos— que no encajan en nuestro relato de normalidad? Porque toda fiesta que celebra el regreso es, en el fondo, la huella de una expulsión previa, y toda expulsión deja una marca ética que ninguna tradición puede borrar por completo. 

Aquel traslado de mujeres al otro lado del río durante la Cuaresma no puede ser leído únicamente como una costumbre pintoresca del pasado. Fue, en realidad, una tecnología social de control, una forma organizada de ocultar lo que la moral dominante no quería reconocer como propio. La ciudad se purificaba, sí, pero lo hacía a costa de desplazar la realidad hacia un margen físico que permitía sostener la ficción de una comunidad moralmente ordenada. Y cuando el calendario litúrgico lo permitía, esas mismas mujeres eran devueltas a la ciudad en una suerte de celebración que pretendía cerrar la herida sin haberla mirado. No hubo entonces verdadera reconciliación, sino una coreografía social cuidadosamente construida para evitar el conflicto de fondo. La ciudad no cambió; simplemente reabsorbió aquello que había expulsado, sin transformar las condiciones que hacían posible esa expulsión. 

Hoy, esa lógica no ha desaparecido. Se ha sofisticado. Se ha revestido de legalidad, de lenguaje técnico, de estructuras institucionales que nos permiten sentir que actuamos conforme a Derecho. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿dónde colocamos lo que nos incomoda? Y la respuesta contemporánea, en demasiadas ocasiones, se llama prisión. La otra orilla ya no es el margen del río, sino los muros de un Centro Penitenciario. Allí se concentran, bajo la apariencia de un sistema racional de justicia, las biografías rotas de nuestra sociedad: personas atravesadas por la pobreza, por la exclusión, por la falta de oportunidades, por trayectorias vitales en las que el delito aparece muchas veces como la consecuencia y no como el origen. La cárcel se convierte así en un espacio donde depositamos aquello que no queremos integrar, un lugar de silencio donde la sociedad delega la gestión de sus propias contradicciones. 

El problema es que, al hacerlo, no resolvemos nada. Simplemente desplazamos el conflicto. Lo encapsulamos tras muros y lo devolvemos más tarde, cuando ya no podemos seguir ignorándolo. Y entonces aparece la gran paradoja de nuestro sistema: proclamamos con solemnidad que la pena tiene como finalidad la reinserción, pero no construimos las condiciones que la hacen posible. El mandato del artículo 25.2 de la Constitución no es una declaración retórica; es una exigencia jurídica y ética de primer orden. Sin embargo, la distancia entre ese mandato y la realidad cotidiana de las personas privadas de libertad es, en muchos casos, abismal. La prisión, lejos de ser un espacio de reconstrucción, se convierte con frecuencia en un lugar de cronificación de la exclusión, donde las carencias se agravan y las oportunidades se diluyen.

Se entra en prisión con déficits estructurales y se sale con ellos amplificados. Se entra sin vivienda y se sale sin red de apoyo. Se entra con una historia de precariedad laboral y se sale con un estigma que dificulta aún más el acceso al empleo. Se entra con vínculos familiares frágiles y se sale, en demasiadas ocasiones, con esos vínculos rotos o irreconocibles. Y, sin embargo, cuando llega el momento de la excarcelación, la sociedad actúa como si todo estuviera resuelto por el mero hecho de haber cumplido una condena. No hay ritual de acogida, no hay proceso comunitario de integración, no hay transformación real del entorno que recibe. Hay, más bien, una especie de abandono institucionalizado que condena a muchas personas a transitar una libertad precaria, vigilada por el estigma y condicionada por la falta de oportunidades reales. 

Es en este punto donde la analogía con el Lunes de Aguas adquiere una dimensión profundamente interpeladora. Porque si aquella celebración escenificaba el regreso de quienes habían sido apartados, hoy carecemos de una verdadera escenificación —y, sobre todo, de una verdadera práctica— del retorno de las personas privadas de libertad. No basta con abrir las puertas de la prisión; es necesario abrir también las puertas de la sociedad. Y eso implica algo mucho más exigente: implica revisar nuestras políticas públicas, nuestras prácticas institucionales, nuestros prejuicios culturales. Implica reconocer que la reinserción no es un proceso individual, sino una construcción colectiva que exige la implicación de todos los niveles de la sociedad. 

En este horizonte, la figura histórica del llamado “Padre Putas” puede ser reinterpretada como un símbolo de enorme potencia transformadora. No desde su literalidad, sino desde lo que representa: la decisión de cruzar la frontera que separa el dentro del fuera, lo aceptado de lo excluido, para acompañar el regreso de quienes han sido apartados. Hoy, esa tarea recae sobre quienes trabajamos en el ámbito del acompañamiento penitenciario, pero no debería limitarse a un grupo reducido de profesionales o voluntarios. Debería ser asumida como una responsabilidad social compartida, como un compromiso ético que atraviesa a toda la comunidad. Porque acompañar no es solo asistir; es implicarse en la transformación de las condiciones que hacen posible una vida digna en libertad. 

Ser hoy ese acompañante implica desplegar un conjunto de acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Implica garantizar itinerarios reales de inserción laboral, con la implicación del tejido empresarial y el respaldo de políticas públicas valientes. Implica asegurar el acceso a una vivienda digna, superando las barreras que hoy excluyen sistemáticamente a quienes tienen antecedentes penales. Implica fortalecer los servicios de salud mental y de atención a las adicciones, entendiendo que muchas de las trayectorias delictivas están profundamente vinculadas a estas realidades. Implica, en definitiva, construir un ecosistema de oportunidades que haga posible que la libertad no sea una palabra vacía, sino una experiencia vivida. 

Pero todo esto exige algo más profundo: un cambio de mirada. Mientras sigamos percibiendo a las personas que han pasado por prisión como sujetos peligrosos, como ciudadanos de segunda, como portadores de un estigma imborrable, cualquier política de reinserción estará condenada al fracaso. Necesitamos una transformación cultural que reconozca la dignidad incondicional de toda persona, más allá de su pasado. Necesitamos construir una narrativa social que no reduzca a nadie a su delito, que sea capaz de ver en cada biografía la posibilidad de un nuevo comienzo. Y esa transformación no se decreta; se construye a través de la educación, de los medios de comunicación, de las prácticas institucionales y, sobre todo, de la experiencia concreta del encuentro. 

Desde esta perspectiva, se hace urgente imaginar —y materializar— un nuevo Lunes de Aguas. No como una mera evocación simbólica, sino como un proyecto político y social de gran alcance. Un Lunes de Aguas que se traduzca en programas de acogida comunitaria para personas que salen de prisión, en redes de apoyo que acompañen los primeros meses en libertad, en políticas públicas que prioricen la inclusión frente a la exclusión. Un Lunes de Aguas que implique a las administraciones, a las entidades sociales, a las comunidades locales, en un esfuerzo coordinado por construir verdaderos itinerarios de vida en libertad. Un Lunes de Aguas que deje de ser una fiesta de un día para convertirse en una práctica sostenida de justicia social. 

Y en ese horizonte, el hornazo puede convertirse en una metáfora poderosa de lo que está en juego. No como un simple alimento, sino como un símbolo de lo que la sociedad decide compartir. Un hornazo de la libertad relleno de derechos efectivos: vivienda garantizada, acceso universal a la sanidad, oportunidades educativas reales, empleo digno, acompañamiento social. Un hornazo que no se agota en la celebración, sino que se construye cada día mediante decisiones políticas valientes y compromisos sociales firmes. Porque la verdadera fiesta no es la que se celebra, sino la que se hace posible cuando nadie queda fuera de la mesa. 

El desafío, en última instancia, no es menor. Nos interpela en lo más profundo como sociedad. Nos obliga a preguntarnos si queremos seguir reproduciendo una lógica de expulsión y ocultamiento, o si estamos dispuestos a construir un modelo basado en la inclusión y la corresponsabilidad. Nos sitúa ante la necesidad de decidir qué hacemos con nuestras propias contradicciones: si las escondemos tras muros o si las afrontamos con honestidad y determinación. Y en esa decisión se juega mucho más que la política penitenciaria; se juega el tipo de comunidad que queremos ser. 

Por eso, el verdadero Lunes de Aguas del siglo XXI no será aquel en el que salgamos al campo a compartir comida, sino aquel en el que salgamos, de manera consciente y organizada, al encuentro de quienes han sido apartados. Aquel en el que derribemos no solo los muros físicos, sino también los muros simbólicos que impiden el regreso. Aquel en el que la sociedad entera se convierta en sujeto activo de la reinserción, asumiendo que no hay libertad posible mientras haya personas condenadas a vivir en los márgenes. 

Y cuando ese día llegue —si somos capaces de construirlo— no habrá necesidad de escenificaciones ni de celebraciones impostadas. Habrá, simplemente, una comunidad reconciliada consigo misma, capaz de mirar su pasado sin miedo y de construir su futuro con justicia. Una comunidad en la que nadie tenga que ser expulsado para que otros se sientan seguros. Una comunidad en la que la libertad no sea el privilegio de unos pocos, sino el horizonte compartido de todos. Ese será, entonces sí, el verdadero Lunes de Aguas: no una tradición heredada, sino una conquista colectiva. Un día en el que, por fin, podamos sentarnos todos juntos a la mesa de la vida y reconocer, sin reservas, que la dignidad no se negocia, que la exclusión no es destino y que la sociedad, cuando se transforma, puede convertirse en el lugar donde todos —sin excepción— puedan volver a empezar.