Señor Argüello, ¿quién acompaña a las víctimas mientras usted se preocupa por los abusadores?
La indignación de una víctima ante las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal y las deficiencias de unos procedimientos que prometen reparación, pero siguen dejando demasiadas preguntas sin respuesta
He leído con profunda indignación las recientes declaraciones de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, recogidas por Religión Digital, en las que señala como uno de los desafíos de la Iglesia el acompañamiento a los acusados, victimarios y culpables de abusos sexuales.
Como víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, considero que sus palabras constituyen una nueva falta de respeto hacia quienes llevamos años reclamando reconocimiento, justicia y reparación.
Y quiero decirlo claramente: estoy harto de escuchar discursos sobre misericordia mientras tantas víctimas seguimos esperando que la Iglesia cumpla sus obligaciones con nosotros.
Comprendo que la doctrina cristiana contemple el perdón y la posibilidad de acompañar espiritualmente a cualquier persona, incluso a quien haya cometido delitos gravísimos. También he leído que Argüello sostiene que la misericordia no elimina la responsabilidad ni el cumplimiento de la justicia.
Pero, señor Argüello, ¿no cree que antes de preocuparse públicamente por quién acompaña a los abusadores debería preguntarse quién está acompañando realmente a las víctimas?
¿No cree que resulta profundamente ofensivo hablar de las necesidades de quienes provocaron tanto sufrimiento cuando todavía hay víctimas reclamando tratamientos, explicaciones, reconocimiento y reparaciones adecuadas?
La Iglesia no puede seguir encontrando palabras de comprensión para los responsables y tantas dificultades para responder a quienes sufrieron sus actos
La misericordia no puede sustituir a la justicia
Durante décadas, muchas víctimas fueron ignoradas, silenciadas o desacreditadas. Se protegieron reputaciones, se defendieron instituciones y se utilizaron argumentos religiosos para evitar afrontar responsabilidades.
La Iglesia debería preguntarse por qué ha necesitado tanto tiempo para reconocer una realidad que las víctimas llevábamos décadas denunciando.
Y, sobre todo, debería preguntarse por qué todavía hoy resulta tan difícil conseguir que determinadas decisiones sobre reparación sean suficientemente transparentes y comprensibles.
No cuestiono que un abusador pueda recibir acompañamiento espiritual. Lo que cuestiono es que esa preocupación se presente como un gran desafío cuando la propia Iglesia sigue teniendo una deuda pendiente con las víctimas.
La misericordia no puede ser una palabra que se pronuncie con facilidad cuando se habla de los culpables y que después parezca desaparecer cuando las víctimas reclaman responsabilidades.
No se puede predicar el perdón mientras se administra la reparación con una frialdad que vuelve a hacer daño.
Señor Argüello, los abusos no terminaron para muchas víctimas cuando cesaron las agresiones. Sus consecuencias continuaron durante años, incluso décadas.
Y ahora, cuando acudimos a las instituciones buscando reparación, no deberíamos encontrarnos nuevamente con silencios, demoras y decisiones insuficientemente explicadas.
El PRIVA: cuando reparar también puede significar volver a sufrir
Hablo desde la experiencia de haber acudido a los mecanismos de reparación creados para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Conocí el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), impulsado por la propia institución eclesiástica.
Esperaba encontrar un procedimiento que examinara los daños sufridos, sus consecuencias y las necesidades de reparación con profundidad, transparencia y respeto.
Sin embargo, mi experiencia fue muy distinta de lo que esperaba.
No quedé conforme con la reparación económica ni con la manera en que se desarrolló su valoración. Consideré insuficientes las explicaciones recibidas y tuve la sensación de que una experiencia de sufrimiento enormemente compleja terminaba reducida a una decisión que no podía comprender suficientemente.
Y esto no es solamente una cuestión de dinero.
Las víctimas no pedimos que una cantidad económica sustituya nuestra infancia, nuestra salud o las oportunidades que pudimos perder.
Sabemos perfectamente que el tiempo no puede recuperarse.
Lo que pedimos es que los daños sean valorados de manera rigurosa y que las instituciones expliquen por qué consideran adecuada una determinada reparación.
Una cantidad económica sin una motivación suficientemente desarrollada puede convertirse en otra forma de silencio institucional.
He conocido también el malestar expresado por otras víctimas respecto al PRIVA. Personas que describen procedimientos difíciles, incertidumbre, falta de información y una profunda insatisfacción con las respuestas recibidas.
Por eso el nacimiento de un nuevo sistema de reparación, con participación del Estado y del Defensor del Pueblo, representó para muchos una esperanza.
Pensábamos que, por fin, las reparaciones podrían someterse a mayores garantías de independencia y transparencia.
El acuerdo entre el Estado y la Iglesia: una oportunidad debilitada desde su nacimiento
Quiero reconocer el esfuerzo realizado por el Gobierno y por el Defensor del Pueblo para conseguir que la Iglesia aceptara un sistema de reparación con participación institucional independiente.
No fue un acuerdo sencillo.
Durante mucho tiempo, las víctimas tuvimos que reclamar que la reparación dejara de depender exclusivamente de mecanismos establecidos por la propia Iglesia.
Incluso el ministro Félix Bolaños reconoció públicamente el papel impulsor que, a su juicio, había desempeñado la Santa Sede para alcanzar el acuerdo.
Por eso considero injusto presentar ese resultado únicamente como una muestra de generosidad de la jerarquía eclesiástica española.
Fue, sobre todo, el resultado de años de reivindicaciones de las víctimas, investigaciones periodísticas y trabajo institucional.
Pero precisamente porque aquel acuerdo era tan importante, resulta todavía más preocupante una de sus principales deficiencias.
El protocolo de reparación se aprobó sin baremos económicos públicos ni horquillas de indemnización.
Y esa ausencia no fue accidental.
Luis Argüello defendió expresamente que el texto no incluyera cantidades ni baremos. El Gobierno aceptó ese planteamiento, argumentando que cada caso debía estudiarse individualmente y que ninguna cifra debía limitar una reparación justa.
Comprendo la necesidad de individualizar cada caso.
Lo que no acepto es que esa individualización se utilice para justificar la ausencia de referencias económicas transparentes.
Individualizar no significa valorar sin criterios económicos comprensibles.
Un baremo orientativo no tiene por qué establecer un límite a la justicia. Puede servir para garantizar coherencia, proporcionalidad y transparencia.
Puede permitir que las víctimas comprendamos cómo se relacionan la gravedad de los abusos, sus consecuencias y la reparación ofrecida.
Puede ayudar a evitar diferencias injustificadas entre casos comparables.
El protocolo sí recoge criterios generales: la edad de la víctima, la duración y gravedad de los abusos, la violencia ejercida, las secuelas físicas y psicológicas, el daño social y familiar o la pérdida de oportunidades educativas y laborales.
Pero falta una cuestión esencial.
¿Cómo se traducen todos esos criterios en una cantidad económica concreta?
¿Con qué referencias se determina la compensación? ¿Qué peso se concede a cada perjuicio? ¿Cómo se justifica que una reparación sea suficiente?
Estas preguntas deberían poder contestarse de forma clara.
Si no existen baremos públicos y las valoraciones tampoco explican suficientemente cómo han aplicado los criterios, la víctima vuelve a encontrarse ante una decisión cuyo fundamento económico resulta difícil de comprobar.
Y aquí quiero hacer una crítica expresa tanto al Gobierno como al Defensor del Pueblo.
Considero que aceptar la exclusión de baremos económicos fue una concesión equivocada a la Iglesia.
Se consiguió un acuerdo importante, sí. Pero en ese aspecto se renunció a una garantía de transparencia que las víctimas veníamos reclamando.
Y tengo la impresión de que, una vez más, la posición defendida por la jerarquía eclesiástica terminó imponiéndose sobre una necesidad fundamental de quienes debíamos ser reparados.
¿Qué ha cambiado realmente para las víctimas?
El nuevo procedimiento prometía una evaluación individualizada, realizada por profesionales y con participación del Defensor del Pueblo.
Y quiero reconocer que puede existir un trato humano, respetuoso y profesional durante su tramitación.
Eso es importante y merece ser agradecido.
Pero una reparación integral no depende únicamente de cómo se atiende a una víctima durante una entrevista.
También depende de cómo se estudia la documentación presentada, cómo se valoran los daños y cómo se explica la decisión final.
Muchas víctimas hemos tenido que volver a reconstruir nuestras historias.
Reunir informes médicos y psicológicos, ordenar documentación, recordar episodios dolorosos, explicar consecuencias personales y esperar durante meses mientras se desarrolla el procedimiento.
Es un esfuerzo emocional enorme.
Un esfuerzo que realizamos porque confiamos en que esta vez nuestras circunstancias serán examinadas con profundidad y que recibiremos una reparación mejor fundamentada.
Pero cuando las propuestas económicas llegan sin una explicación suficientemente detallada de cómo se han valorado todos los perjuicios, vuelve a aparecer una sensación demasiado conocida.
La de haber contado nuevamente nuestra historia para encontrarnos con una respuesta que no despeja las preguntas fundamentales.
Y esa experiencia también puede ser revictimizante.
Por conversaciones mantenidas con otras víctimas, existe una preocupación que considero legítima: que determinadas valoraciones del nuevo sistema sean muy similares a las realizadas anteriormente por el PRIVA.
En algunos casos, quienes ya habían recibido una compensación eclesiástica perciben que el nuevo procedimiento apenas supone una mejora adicional.
También he conocido inquietudes sobre las cantidades ofrecidas a quienes no habían pasado por ese mecanismo.
No dispongo de una estadística completa que permita establecer una equivalencia general entre ambos sistemas.
Pero precisamente por eso necesitamos transparencia.
Necesitamos conocer los criterios económicos aplicados y disponer de explicaciones suficientes para comprobar si el nuevo procedimiento está suponiendo una mejora real respecto del anterior.
Porque si las víctimas tenemos que volver a pasar por todo el sufrimiento de reconstruir nuestras vidas para recibir valoraciones semejantes y explicaciones igualmente insuficientes, es legítimo preguntarse qué ha cambiado realmente.
La reparación integral tampoco debería quedar reducida a una compensación económica.
Muchas personas continúan necesitando atención psicológica, acompañamiento y otros apoyos derivados de las consecuencias de los abusos.
Una reparación verdaderamente integral debe examinar esas necesidades y explicar de qué manera se van a atender.
No basta con llamar integral a un procedimiento. Hay que demostrarlo en sus resultados.
Gracias, Ángel Gabilondo. Pero también debemos señalar lo que no ha funcionado
Quiero dedicar unas palabras de reconocimiento a Ángel Gabilondo, que acaba de concluir su etapa como Defensor del Pueblo.
Considero que ha realizado una labor extraordinariamente importante para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Su institución asumió una investigación que durante demasiado tiempo había quedado pendiente. Escuchó testimonios, documentó una realidad dolorosa y contribuyó decisivamente a que el Estado impulsara mecanismos de reconocimiento y reparación.
Ese trabajo merece nuestro agradecimiento.
También quiero reconocer el esfuerzo de los profesionales de su oficina, especialmente de quienes han atendido a las víctimas con sensibilidad, humanidad y respeto.
Gabilondo ha demostrado que una institución pública puede desempeñar un papel fundamental para afrontar responsabilidades que durante décadas no fueron suficientemente asumidas.
Y agradezco igualmente que el Gobierno impulsara la creación de un nuevo sistema de reparación. Pero reconocer esos méritos no significa renunciar a señalar los errores.
Creo que el Gobierno y el Defensor del Pueblo debieron defender con mayor firmeza la inclusión de referencias económicas claras y transparentes en el protocolo.
El hecho de que la Iglesia pague las reparaciones no debería condicionar las garantías que permiten valorar adecuadamente el daño.
El acuerdo consiguió avances indudables, especialmente al incorporar una valoración independiente y establecer que, en determinados supuestos de falta de consenso, prevalezca el criterio del Defensor del Pueblo.
Pero esas garantías no resuelven por sí solas las dudas sobre cómo se calculan las cantidades económicas.
Y la ausencia de baremos constituye, a mi juicio, una debilidad fundamental del sistema.
Agradezco profundamente el trabajo de Gabilondo y de su equipo. Precisamente por respeto a ese trabajo, considero necesario que el procedimiento que ayudaron a construir sea examinado críticamente y mejorado allí donde resulte insuficiente.
Señor Argüello, la Iglesia sigue teniendo una deuda con las víctimas Vuelvo al origen de estas reflexiones.
Sus palabras sobre el acompañamiento a los victimarios me han causado indignación porque llegan en un momento en que muchas víctimas todavía estamos intentando conseguir una reparación adecuada.
No cuestiono la posibilidad de ofrecer asistencia espiritual a quien haya cometido abusos. Cuestiono las prioridades que transmite su discurso.
Durante demasiado tiempo, la Iglesia dedicó más esfuerzos a proteger su imagen que a escuchar a las personas que denunciaban los abusos.
Y hoy, cuando todavía existen víctimas insatisfechas con los procedimientos de reparación, escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal hablar de la atención a los victimarios resulta profundamente doloroso.
¿Se ha preguntado cuántas víctimas se sienten realmente reparadas?
¿Se ha preguntado cuántas comprenden cómo se han calculado sus indemnizaciones?
¿Se ha preguntado cuántas han tenido que enfrentarse de nuevo a recuerdos traumáticos para solicitar una reparación?
¿Se ha preguntado cuántas siguen necesitando tratamiento y acompañamiento?
Y, sobre todo, ¿se ha preguntado por qué tantas víctimas continúan denunciando falta de transparencia, retrasos y nuevas experiencias de revictimización?
Señor Argüello, la misericordia hacia los abusadores no puede convertirse en otra demostración de indiferencia hacia las víctimas.
La Iglesia puede acompañar espiritualmente a quienes cometieron delitos. Pero antes debe garantizar que quienes los sufrieron reciban justicia, reconocimiento y reparación efectiva.
Y cuando hablo de reparación no me refiero solamente al dinero.
Me refiero a escuchar sin desacreditar, explicar sin ocultar, reconocer sin minimizar y reparar sin obligar a las víctimas a luchar interminablemente por cada respuesta.
No queremos privilegios. No queremos venganza. Queremos que se cumpla lo que se nos prometió.
Una reparación integral, transparente, suficientemente motivada y respetuosa con la dignidad de cada persona.
La Iglesia no puede seguir utilizando grandes palabras mientras las víctimas tenemos que comprobar, una y otra vez, si esas palabras se corresponden con sus actuaciones.
Porque el perdón no se demuestra pronunciándolo. Se demuestra asumiendo responsabilidades.
Y una Iglesia verdaderamente comprometida con las víctimas no debería necesitar que estas sigan reclamándole, década tras década, que cumpla sus obligaciones.
Señor Argüello, antes de preguntarse quién acompaña a los abusadores, mire a quienes todavía esperan una reparación justa.
Porque nosotros también merecíamos misericordia cuando éramos niños. Y hoy, después de tantos años, merecemos algo más que misericordia: merecemos justicia.
