¿Un tribunal eclesiástico sólo de jueces laicos en los procesos de nulidad matrimonial?

(blogscomillas).- Recientemente se ha hecho público el Informe de la Comisión Canónica , encomendada, tras la conclusión de la Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad, de proponer posibles reformas en el Derecho canónico con vistas a una Iglesia más sinodal. En este Informe, entre otras modificaciones, la Comisión ha propuesto una significativa reforma de la regulación de los jueces eclesiásticos.

En concreto, la Comisión propone reformar el actual c.1421, suprimiendo toda limitación a la presencia de jueces laicos en los tribunales colegiados, mediante la desaparición del actual párrafo 2º -que recoge dichas limitaciones- dejando la redacción definitiva en los siguientes términos:

Can. 1421 – § 1. En la diócesis, el obispo nombrará jueces diocesanos clérigos y laicos.

Se suprime el § 2 y se sustituye por el siguiente texto:

§ 2. Los jueces han de ser de buena fama, doctores o, al menos, licenciados en Derecho Canónico

Dada la amplitud de la redacción propuesta, de aprobarse en esos términos no hay duda de que sería posible un tribunal constituido por 3 jueces laicos, que, obviamente, podrían ser varones o mujeres. Parece incluso, dado el tenor literal de la redacción, que la incorporación de jueces laicos, junto con los clérigos, aparece como un criterio general de constitución del tribunal, siempre que, tanto unos como otros, cumplan los requisitos personales y de formación requeridos.

Esta interpretación viene reforzada, además, por la propuesta de reforma del c.1425,4, permitiendo el juez único laico, frente a la regulación actual que exige que el juez único sea clérigo. Así, la Comisión propone la siguiente redacción para este canon:

“Can. 1425 – § 4. En primera instancia, si no fuera posible constituir un colegio, el Obispo encomendará el asunto a un juez único, clérigo o laico, varón o mujer, que se valga, en la medida de lo posible, de un asistente y un auditor”

Se trata de una reforma muy demandada por un amplio sector de la canonística, recogida en el Documento final del Sínodo (n. 77) y que responde plenamente a los criterios de sinodalidad que han inspirado otras reformas canónicas como Praedicate Evangelium de ordenación de la Curia Romana y, más hondamente, al paulatino proceso, iniciado tras el Concilio Vaticano II, de incorporación de los laicos a la asunción de encargos eclesiales y oficios eclesiásticos (c.228), incluido el de juez laico, que, conforme se destacó en el proceso codificador, ejerce verdadera jurisdicción. Desde el Concilio, se observa una progresiva evolución en el reconocimiento y margen de actuación de los jueces laicos: permitido el acceso a este oficio desde 1971, en el m.p. Causas matrimoniales de Pablo VI, el Código de 1983 recogió esta figura, si bien limitada a un sólo juez laico en un tribunal colegial de 3 jueces y supeditada a requisitos muy exigentes (permiso previo de la Conferencia Episcopal y situación de necesidad por carencia de juez clérigo).

Pese a ello, el nombramiento de jueces laicos fue admitiéndose por un gran número de Conferencias Episcopales, normalizándose su presencia y contribución al desarrollo de los procesos de nulidad matrimonial. Ya en 2015, el m.p. Mitis Iudex suprimió, solo para las causas matrimoniales (c.1673), algunos de estos requisitos, permitiendo al Obispo nombrar jueces laicos con la única limitación de que hubiera al menos un juez clérigo -que debía ser el Presidente- en el tribunal colegial. Asimismo, en caso de tener que resolver la causa por juez único, éste debería ser clérigo.

En definitiva, si el legislador aprobara esta propuesta de la Comisión Canónica para reformar el c.1421 y 1425, culminaría con ello un largo proceso eclesial de incorporación de los laicos, varones o mujeres, al ministerio judicial, reconociéndose su capacidad para asumir este oficio eclesiástico sin limitaciones.

Paradójicamente, sin embargo, sería muy dudoso que esta reforma, en los términos propuestos, resultara aplicable a los procesos de nulidad matrimonial, dada la pervivencia del c.1673, 3 y 4, que mantiene, para los procesos de nulidad matrimonial, la exigencia de Mitis Iudex del juez clérigo presidente en el tribunal colegial, y la prohibición de juez único laico.

Al tratarse de la regulación de un proceso especial, cabría entender que esta disposición prima sobre la regulación general del proceso contencioso ordinario, aunque la modificación de ésta se produjera con posterioridad y sea clara su intención de favorecer la plena incorporación de jueces laicos.

Dado que los procesos de nulidad matrimonial son precisamente los que constituyen la inmensa mayoría de los procesos judiciales canónicos, especialmente en el ámbito de las Iglesias particulares, considero que la coherencia legislativa y la seguridad jurídica obligaría, en caso de reforma de los c.1421 y 1425, a modificar en el mismo sentido el c.1673, 3 y 4, pues mantenerlos en sus términos actuales podría suponer dejar de hecho sin efecto la pretendida reforma.