Una conferencia masiva en Pakistán alienta el odio y la discriminación contra los musulmanes ahmadíes

(Comunidad Musulmana Ahmadía).- Entre 18.000 y 20.000 personas asistieron los días 29 y 30 de octubre a la 45.ª Conferencia Anual Khatm-e-Nubuwwat, celebrada en Rabwah, provincia de Punyab, donde diversos oradores pronunciaron discursos de incitación al odio, evocaron la violencia contra los musulmanes ahmadíes y promovieron su boicot económico y social.

El encuentro, organizado por Aalmi Majlis Tahaffuz Khatm-e-Nubuwwat, contó con la participación de destacados dirigentes religiosos y políticos, entre ellos Sirajul Haq, antiguo dirigente de Jamaat-e-Islami; Hafiz Hamdullah, de Jamiat Ulema-e-Islam; Tahir Ashrafi, presidente del Consejo de Ulemas de Pakistán; y Muhammad Safdar, miembro del partido gobernante PML-N y esposo de Maryam Nawaz, jefa del Gobierno provincial de Punyab.

Uno de los episodios más graves se produjo cuando Muhammad Ismail, de Shujabad, evocó la muerte de Musailma y de centenares de miles de sus seguidores en tiempos del primer califa del islam, Hazrat Abu Bakr, y manifestó: «Comprended que esto equivale a matar a centenares de miles de 'qadianíes'», empleando un término despectivo para referirse a los ahmadíes. Añadió que su movimiento continuaría mientras permaneciese un solo ahmadí en Pakistán.

Otros oradores defendieron la pena de muerte por apostasía. Hafiz Hamdullah declaró que los ahmadíes tenían únicamente dos opciones: aceptar el islam o prepararse para recibir un castigo. Muhammad Ijaz Mustafa llegó a afirmar: «Acabaremos con el qadianismo en Pakistán y, aunque huyan a la Luna, iremos hasta allí para enfrentarnos a ellos». Sain Abdul Qadir exigió que se prohibiera a los ahmadíes ser enterrados en cementerios musulmanes y que se boicotearan sus productos, afirmando que tales medidas constituían «una exigencia de vuestra fe».

Durante la conferencia también se promovieron campañas de boicot contra comercios y productos vinculados a los ahmadíes, al tiempo que se reclamó su exclusión de determinados empleos públicos, responsabilidades institucionales y cementerios musulmanes.

Especialmente preocupantes fueron las declaraciones de Muhammad Safdar, quien exigió que jueces y miembros de las Fuerzas Armadas acreditasen determinadas creencias religiosas. Asimismo, propuso impedir que los abogados que hubieran representado a ahmadíes pudieran trabajar en el Ministerio de Justicia.

Las resoluciones aprobadas reclamaron, entre otras medidas, que los ahmadíes no pudieran ocupar altos cargos gubernamentales, administrativos o diplomáticos y que se eliminaran los elementos arquitectónicos islámicos de una mezquita ahmadía de Lahore.

Estas declaraciones suscitan serias preocupaciones respecto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Pakistán en 2010, cuyo artículo 20.2 obliga a prohibir la apología del odio religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

La gravedad de estos acontecimientos contrasta con las restricciones impuestas a la Comunidad Musulmana Ahmadía, que no ha podido celebrar su reunión religiosa anual, el Yalsa Salana, en Pakistán desde 1983, mientras organizaciones abiertamente hostiles a esta minoría congregan libremente a miles de personas.

El informe sobre estos hechos reclama a las autoridades pakistaníes que investiguen las posibles incitaciones delictivas, exijan responsabilidades a sus autores y garanticen la protección efectiva de los musulmanes ahmadíes. También solicita la intervención de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y que la comunidad internacional aborde esta situación en sus relaciones con Pakistán.