La decisión del Gobierno de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares clama al cielo. Desde cualquier punto de vista, pero especialmente desde el Evangelio y desde la Doctrina Social de la Iglesia. Por eso, son muchos los colectivos y las personas de Iglesia que están denunciando la actuación gubernamental y pidiéndole que rectifique cuanto antes esa decisión "injusta e inmoral".

Lo han pedido muchas monjas. Lo ha solicitado la Plataforma de entidades cristianas de ayuda a emigrantes de Barcelona. Lo han pedido diversos Foros de curas. Y, hoy mismo, dos de los grandes movimientos especializdos de Acción Católica: La HOAC y la JOC.

Ya sólo falta que se sume la Conferencia episcopal española. Las bases eclesiales están denunciando el "silencio injustificable y cómplice" del presidente y del secretario-portavoz de los obispos. El presidente, cardenal Rouco, por ser presidente. Y el secretario, Martínez Camino, por ser portavoz.

Para sumarse al clamor de sus propias bases, la CEE tiene dos caminos. O hacerlo a través del Comité Ejecutivo (que es el órgano que más a menudo se reúne) o a través de una simple (pero tan importante) nota de la oficina de información. No sería nada nuevo. Ésa fue la vía que eligió en no pocas ocasiones monseñor Martínez Camino para posicionarse ante cuestiones de diversa índole. ¿Por qué ahora, no?

El silencio de la Conferencia episcopal también clama al cielo. Y nadie logra entender sus causas. Las causas religiosas, digo. Las otras (políticas, de conveniencia, de pasteleo entre poderes) las piensan muchos y las señalamos algunos. Señor cardenal, plántese y hable o mande hablar al respecto. No puede callar ante lo esencial: la dignidad pisoteada de los empobrecidos, de los preferidos de Cristo.

José Manuel Vidal