El coronavirus deja once millones de excluidos y más de dos millones de hogares con todos sus miembros en paro en España

"Este informe enfatiza cómo la estructura social y económica, más allá de la pandemia, lleva décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas y familias. Una estructura social y económica que genera desigualdad, donde quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar”. El diagnóstico, durísimo, de la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, sirvió como marco de presentación a los datos, duros, reales, con rostros y lágrimas, elaborado por el Informe Foessa, la primera estadística que glosa el impacto del coronavirus.

Y es que, más allá de las cifras, que son muchas, y muy duras (once millones de personas excluidas, sólo en nuestro país), lo que se traduce es un mundo que sigue olvidándose de los más pobres, y un "llamamiento a políticas públicas que eviten las crisis que quedan por venir", según señaló Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, uno de los responsables del estudio 'Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España'.

Y es que, como señaló Peiro, "hemos asistido a un aumento de la pobreza a nivel mundial", y con "trabajadores más pobres e inestables", añadió Flores, donde se intensifica y expande la inseguridad. "Por primera vez, en más de 20 años, la pobreza extrema a nivel mundial ha aumentado", y proviene, en su mayoría, de países ya pobres, porque "la pobreza no afecta a todos por igual". Pero no solo.

¿Y qué ocurre en nuestro país?

Que la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares. “Se ha producido -señala Raúl Flores- un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”. A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma además que “lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad de los contratos”.

Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 800.000 familias y el desempleo total familiar, casi se ha duplicado, es decir “hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro”. Un tercio de estos hogares, más de 600.000 familias, carecen de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una cierta estabilidad y capacidad de generar proyectos vitales.

“Los ERTE han facilitado la vuelta al empleo, pero no han acabado con el problema. La pobreza no es algo que exista durante la crisis, es una realidad permanente, que crece mucho cuando se producen las crisis y que se reduce poco en época de bonanza”, trazó el experto de Foessa.

Y es que “la desigualdad ha crecido más en este último año que durante la crisis de 2008”, denuncia Cáritas. La diferencia entre más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%.

Para la secretaria general de Cáritas, “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.

Junto a ello, la brecha tecnológica se ha sumado a otras brechas, como las oportunidades educativas. 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, la mitad de los hogares en exclusión social. Este apagón digital supone dificultades serias para más de 800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

La pandemia, también, ha incrementado la brecha de género. Esta crisis, denuncia Foessa, en 2020, ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social.

Brecha de género

Los datos son rudos: la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%).

Y sin que nadie diga nada. “Las diferencias de género han permanecido ausentes de debates tanto políticos, como mediáticos”, apunta Raúl Flores, que añade que “al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, la desventaja acumulada por razón de género permanece, algo que remite a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces”.

Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. Según los resultados que arroja el informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta.

En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Son 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018 que están afrontando situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa.

A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años y la tasa de exclusión severa se llega a multiplicar por cinco entre ambos grupos etarios.

“Hay un grupo de jóvenes -subraya Flores- que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.

Nacionalidad también excluye

La nacionalidad también se convierte en un factor de exclusión. De este modo, el 50,3% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, es decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.

No obstante, resulta todavía más determinante la incidencia de la etnia en la intensificación de la exclusión social, en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encuentra en exclusión social, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

La población inmigrante además ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos.

La crisis provocada por la pandemia ha tenido un impacto diferenciado a nivel territorial debido a las diferentes estructuras demográficas, el modelo productivo y la trayectoria de protección social. La investigación permite observar la realidad de 10 de las 17 CCAA. De forma global, las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este, junto con Canarias. Se mantiene la tendencia existente en el anterior FOESSA de 2018.

Estrategias de las familias para sobrevivir

Durante la pandemia, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para no verse arrastradas por la marea. La estrategia de reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado alcanza a prácticamente a 3 de cada 10 familias en España, y se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social, explica el informe.

Más de tres de cada diez familias (34%) considera que la pandemia ha tenido bastante o mucho impacto en el deterioro de sus relaciones sociales. El aislamiento, el distanciamiento social y la aversión al riesgo de contagiarse, expresadas como principales formas de autocuidado, han influido en la contención de los apoyos informales entre los hogares.

Entre 2018 y 2021 ha disminuido el porcentaje de personas que han ayudado o ayudan a otras personas y, en menor medida, también el de personas que han tenido o tienen alguna persona que pueda ayudarle. Este debilitamiento de los vínculos externos al hogar sigue siendo más acusado en los hogares en exclusión severa y en hogares monoparentales compuestos por madres con descendencia.

Nivel de activación alto entre las familias desfavorecidas

Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de “activación” es muy alto. Incluso en 8 de cada 10 hogares desfavorecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, porque estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o porque participan de programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector como Cáritas para avanzar en su salida de la pobreza o la exclusión.

“La activación de las familias en pobreza y exclusión es muy alta, incluidas aquellas a las que llegan las prestaciones asistenciales, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones”, señala Raúl Flores.

¿Y qué propone Cáritas?

Una vez planteado el escenario por el informe Foessa, los expertos apuntan varias propuestas de futuro:

1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo , bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital . Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.
9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.

Informe FOESSA 2022 by Jesús Bastante on Scribd