Religión Digital Director: José Manuel Vidal

Síguenos:

Menú

La institución presenta siete medias concretas contra la vulnerabilidad Cáritas reclama ante la ONU que España suspenda los desahucios sin alternativa habitacional

Sonia Olea, de Cáritas, en Naciones Unidas
Sonia Olea, de Cáritas, en Naciones Unidas Ep

En relación a los trabajadores migrantes, ha recomendado que el Gobierno de España firme la Convención internacional sobre la protección de los derechos de estos trabajadores y de sus familias

Caritas ha solicitado la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que articule las actuaciones de protección y asistencia a las víctimas de forma integral

"Estas siete propuestas suponen una hoja de ruta viable que reforzaría el compromiso del Estado español con los derechos humanos y permitiría avanzar hacia un modelo social más inclusivo y respetuoso con la dignidad de todas las personas"

| RD/Ep

Cáritas ha reclamado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que España "garantice a todas las personas el acceso y disfrute de sus derechos humanos" y, entre otras propuestas, ha pedido que se apruebe una Ley Integral contra la Trata, que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para suspender los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional adecuada y que se apruebe una Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso a personas sin hogar y migrantes.

Así lo ha pedido la experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española durante el IV Examen Periódico Universal al que se somete España.

Boletín gratuito de Religión Digital
QUIERO SUSCRIBIRME

Durante su intervención, la representante de Cáritas, Sonia Olea, ha reclamado la adopción de siete medidas concretas y urgentes para garantizar el acceso a derechos fundamentales de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Entre otras prioridades, ha pedido la reforma de la Ley sobre Tratados Internacionales, para incorporar un título específico en el que se contemplen garantías para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas suscritos por España y de la Carta Social Europea y su Protocolo sobre Reclamaciones Colectivas, así como al artículo 10.2 de la Constitución.

También ha solicitado la modificación de la Circular 1/2020 de la Abogacía del Estado con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los dictámenes y medidas cautelares de los comités de Naciones Unidas y de la Carta Social Europea y que así todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso y disfrute de sus derechos.

Además, la representante de Cáritas ha llamado la atención sobre la situación que sufren diferentes colectivos de personas a las que la labor social de la Iglesia acompaña en España.

En relación a los trabajadores migrantes, ha recomendado que el Gobierno de España firme la Convención internacional sobre la protección de los derechos de estos trabajadores y de sus familias.

Igualmente, ha solicitado la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que articule las actuaciones de protección y asistencia a las víctimas de forma integral.

Otra de las propuestas de Cáritas es la reforma de los procedimientos de desalojo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que sean suspendidos mientras no exista una alternativa habitacional adecuada. Asimismo, subraya la necesidad de reforzar los protocolos de coordinación entre tribunales y servicios sociales para garantizar una protección efectiva de las familias vulnerables.

Cáritas ha urgido también a la aprobación de una Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud que garantice la igualdad de acceso de las personas sin hogar, migrantes, reclusas y con problemas de salud mental.

En su intervención, Olea ha defendido la necesidad de aumentar progresivamente la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,4% de la Renta Nacional Bruta en 2030.

"Estas siete propuestas suponen una hoja de ruta viable que reforzaría el compromiso del Estado español con los derechos humanos y permitiría avanzar hacia un modelo social más inclusivo y respetuoso con la dignidad de todas las personas", ha señalado.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que revisa, cada 4 ó 5 años, la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de la ONU. Cada Estado examinado recibe recomendaciones que deberá implementar hasta la siguiente revisión.

Etiquetas

Volver arriba