Varias son las cuestiones que avalan el título. Por un lado, el contrato armamentístico de España con Arabia Saudí que supone la venta de cinco corbetas, previa construcción en «Navantia», astillero público de San Fernando de Cádiz. Por otro lado, la prevención de España a vender a ese mismo país 400 bombas de precisión que, con toda probabilidad, irán destinadas a bombardear Yemen, donde son miles los asesinados por Arabia Saudí, que ha llegado a bombardear, incluso, un autobús repleto de niños.
Después de las advertencias del reino saudita y las protestas de los trabajadores de «Navantia», el ministerio de defensa ha decidido continuar con el contrato y venta de las 400 bombas. Los derechos humanos serán para otra ocasión... ¿Quiénes han liderado las protestas? La presidenta de Andalucía y el llamado Kichi, «alcalde del cambio» de Cádiz, que reivindican los derechos humanos a conveniencia y siempre que «nadie nos obligue a decidir entre defender el pan o la paz». Hasta ayer no estaban dispuestos a tragar con un acuerdo con un país que no respeta los derechos humanos. Pero ahora sí, por el bien de sus ciudadanos y de la economía de sus ciudades. Esta postura sería legítima si no nos jodieran de continuo con sus soflamas y moralinas.
En todo caso, la ministra Robles, en la comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, ha insistido en que el Ejecutivo no dejará «abandonados» a los trabajadores de «Navantia». Es lo que tiene seguir comiendo, ahora a dos carrillos, del pesebre público, que te amoldas a todo.
Menciono esta situación por un caso del todo contrario a este que —mutatis mutandi—, se refiere al profesorado de Religión en la escuela pública. Una asignatura que es resultado de la aconfesionalidad (aunque algunos no entiendan el concepto: una escuela de todos y para todos), y a la que se refieren las proclamas de los derechos humanos en sus distintas vertientes y declaraciones (entre otras, la Declaración Universal de los derechos humanos, de la Infancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Constitución española).
Pues bien, ninguno de estos progres de salón, que han quedado inhabilitados para salvar el significativo dilema moral (además les importa un bledo), JAMÁS han defendido, no ya la Religión en la escuela pública, sino a los trabajadores, esos profesores de una materia «maldita» a los que sí abandonan. Es probable que piensen que esos docentes indeseables no pertenecen a la casta roja.
Esto me permite citar un escrito reciente de Pérez Reverte: «en política, por ejemplo, [los tontos] hacen más daño que los malos». «No por maldad, sino por el lugar que ocupan y las decisiones que toman».
La ministra de educación y formación profesional, cuando dice: «la Religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa…», no deja de prestarse a un eufemismo que significa en román paladino, que su deseo, no el de los ciudadanos que no han votado a este gobierno (legítimo), es eliminar la Religión de la escuela, pero ¿qué va a hacer con su profesorado? ¿Dejará que se desangren y queden inertes? ¿cui prodest?
Qué cómodo es, desde la poltrona, subyugar a los que no cortan la carretera, no queman neumáticos o no plantean grandes problemas. A ver si no son tan tontos y solo son malvados…
