Cuando llegan estas fechas (1 de mayo), algunos nos sentimos impelidos a la obligación de escribir, con más o menos acierto, respecto del mundo del trabajo para denunciar o reivindicar unas políticas o estrategias que, en el presente, han empujado a la precariedad y pobreza extrema a ingente cantidad de personas de nuestro entorno.


Pero actualmente, cuando en tantos casos el trabajo ha dejado de ser causa y motivo de socialización y de inclusión, sustento propio y familiar o, incluso, de promoción social y personal, tal vez sería adecuado reivindicar los instrumentos de defensa del mismo: Los sindicatos.


Las organizaciones sindicales tienen que orientar la conducta de sus miembros hacia el “compromiso con la justicia”, anunciando la misma y denunciando la injusticia que causa la inequidad, superando la lamentable corrupción e ilegalidad tanto en el comportamiento de sujetos económicos y políticos, como sindicales, con la consiguiente vulneración de los derechos humanos de los trabajadores y del conjunto de la sociedad.


El sindicato, en una formulación muy extendida e insultante, suele presentarse como un ente autónomo y ajeno en gran parte al mundo del trabajo, compuesto por presuntos trabajadores que en realidad son personajes oscuros con pocas ganas de trabajar y que se han acomodado en esta faceta. Se suele percibir como una organización extraña a nuestra realidad, con intereses distintos a los de los trabajadores y a la que se recurre como a cualquier empresa de servicios. Este es el verdadero problema del sindicalismo, es decir, haberse configurado como una opción para solventar los problemas individuales, siendo las asesorías jurídicas las que, principalmente, fomentan la afiliación. La acción sindical, por el contrario, debe partir del concepto de solidaridad y de acciones colectivas, sin perjuicio de salvaguardar intereses individuales de forma residual, que serán secundarias respecto a las generales, en el bien entendido respeto por la dignidad personal de todos y cada uno de los trabajadores.

Pero el trabajo, además de ser un derecho constitucional que tiene su origen en un derecho natural, es una parte constitutiva del ser humano, es una forma de ser y estar presente en el mundo, que además de asegurar la subsistencia, garantiza el proceso evolutivo de las personas y, como hemos sostenido, su socialización. Además, tiene un instrumento propio que proviene del derecho fundamental de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones, pero también a los desempleados.


Las organizaciones sindicales, que tutelan los justos derechos de los trabajadores frente a los empresarios y a los propietarios de los medios de producción deben, en su quehacer y cometido como promotores de la lucha por la justicia social, tener como objetivo el bien común del conjunto de los trabajadores, entendido como mejora de condiciones y bienestar socioeconómico que permita el desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones. Por ello, los sindicatos, deben ser un factor constructivo de orden social y de solidaridad y, por ello, un elemento indispensable de la vida social. Sin solidaridad, el mundo del trabajo y los trabajadores están abocados a la sumisión al orden económico.


Bien es cierto que toda acción, del tipo que sea, está sustentada en unos principio ideológicos, éticos, políticos o de cualquier otra índole, pero la acción sindical no es una tercera vía entre posturas antagónicas (derecha-izquierda), sino expresión de solidaridad y de justicia, propias y de clase: trabajadores con contratos atípicos o a tiempo determinado; los desempleados, los inmigrantes, los trabajadores temporales; los trabajadores no cualificados, etc., con especial atención a las mujeres y a los jóvenes.


Dentro de esa solidaridad en orden al bien común, las organizaciones sindicales deben orientarse hacia la asunción de mayores responsabilidades respecto a la producción y redistribución de la riqueza, y a la creación de condiciones sociales, políticas y culturales que faciliten a los que pueden y quieren trabajar, ejercer su derecho al trabajo, en el respeto pleno de su dignidad de personas trabajadoras.


El Estado, con carácter subsidiario, debe poner todos los elementos administrativos y legales a favor de conseguir el necesario equilibrio entre empresarios y trabajadores (sindicatos), con el fin de compensar la histórica desigualdad entre las partes que, no pocas veces, impide una negociación equilibrada y equitativa.