Al conocer las “nuevas amenazas” contra la vida del coordinador de la pastoral de la diócesis de san Cristóbal, padre Marcelo Pérez Pérez, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez hizo del conocimiento público su indignación por los amagos que se han suscitado en diversas zonas de la diócesis. A través de un comunicado, de fecha 23 de abril, la diócesis de san Cristóbal de las Casas respaldó a Pérez Pérez, activista y defensor de derechos humanos, en su labor pastoral haciendo un llamado a las autoridades a encaminar su servicio a la paz buscando el diálogo y el bien de todos.

Previamente, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, a través de un boletín del 18 de abril, manifestó su preocupación por lo que consideró como hechos agresivos contra la persona del presbítero, párroco en Simojovel. Amenazas de muerte y vigilancia preocupan a los miembros del Centro que, en su sitio web, dio cuenta de los presuntos ilícitos desde fines de marzo en los que presuntamente algunas personas han tomado de manera ilegal fotografías al sacerdote además de amenazas directas contra su vida:

“El 02 de abril de 2020, un colaborador cercano al Padre Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia. El 05 de abril de 2020, el Padre Marcelo recibió información que un hombre en Simojovel dijo: ‘En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…’, este tipo de amenazas se han hecho visibles de manera reiterada incluso en redes sociales”.

El mismo Centro indicó que Pérez Pérez se encuentra bajo el resguardo de los mecanismos para protección de defensores de derechos humanos y periodistas además de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con el directorio eclesiástico nacional, Marcelo Pérez Pérez está incardinado a la diócesis de san Cristóbal de las Casas y fue ordenado el 6 de abril de 2002. El sacerdote ha hecho frente las mafias locales lo que le valió en 2018 el reconocimiento del gobierno de Suecia. A través de la embajadora Annika Thunborg, el activista fue respaldado por la organización no gubernamental “Movimiento Sueco por la Reconciliación”.

En 2015, los obispos Felipe Arizmendi Esquivel, Enrique Díaz Díaz y los integrantes del Colegio de Consultores y los Agentes de Animación y Coordinación Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, respaldaron al sacerdote quien en ese momento exigía el cierre de cantinas, prostíbulos, el tráfico de armas y de drogas.

En esa ocasión, a través de una carta, los pelados dieron un espaldarazo  al compromiso y lucha del presbítero contra “el alcoholismo, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, los secuestros, el tráfico de armas, el deterioro de los servicios públicos y tantas otras cadenas que oprimen sobre todo a los más pobres y desprotegidos… Reconocemos que su lucha no es por oportunismo de una política partidista, ni por intereses personales de ustedes, sino sólo por fidelidad a Jesucristo, quien desea que su pueblo viva con dignidad, sin abusos de quienes tienen más poder económico o político”.

A pesar de esas denuncias, ahora la diócesis de san Cristóbal vuelve a dar cuenta de una situación delicada contra la vida del responsable de pastoral social. “Esta vida se busca levantando la voz contra aquellas situaciones que atentan contra la vida del pueblo. Sabemos que al hacer la opción de estar al lado de los pobres nos traerá consecuencias tales como: persecución, calumnias, difamaciones, amenazas, cárcel e incluso la muerte…” se lee en el comunicado de respaldo de Mons. Rodrigo Aguilar.