Editorial CCM / Después de largas confrontaciones, mismas que se remiten al rechazo del último procurador, Raúl Cervantes Andrade, como eventual Fiscal General de la República, la mayoría legislativa en el senado de la República designó al nuevo Fiscal que venía encargándose del despacho de la extinta PGR que en diciembre último dejó de ser un órgano de la administración pública federal para dotarla de autonomía gracias a la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

La urgencia de una real procuración de justicia llevó a la transformación de la PGR para terminar con un pasado institucional oscuro donde el titular actuaba en la parcialidad política y encubrimiento conforme a la línea del presidente de la República en turno para ser tapadera de corruptelas y asidero del poder.

PGR fue concebida como órgano para la investigación de los delitos y de ser el principal consejero jurídico de la administración federal. El abogado de la nación sería el principal ejecutor de la ley y de la gestión jurídica de asuntos de la Federación. Bajo esos ideales, la designación de los mejores hombres y mujeres, juristas, abogados y especialistas destacados por su notable trayectoria ética y profesional, era el principal cometido para garantizar sus funciones.

No obstante, mientras la vida política del país se ampliaba haciéndose cada vez más compleja, la PGR pasó a ser una institución con la tasa más baja de confianza entre la ciudadanía. La cuestión más reprobable era que el procurador y el titular del Ejecutivo estuvieran ligados estrechamente haciéndose intocables en contubernios que afectaran los intereses sociales. Bajos sus siglas, la PGR se convirtió en maquinaria intimidante de ciudadanos y activistas. Mencionar el nombre del procurador era sinónimo de terror para los enemigos del régimen. Se requerían cambios ante las injusticias y el reclamo de la ciudadanía cada vez más indignada. Viejo, oxidado, anquilosado, al punto moribundo, el aparato de la Procuraduría se paralizó y un encargado de despacho servía más para cobrar que para ejecutar.

Diversas organizaciones de la sociedad civil pugnaron por la autonomía real evitando el vergonzoso capítulo que impusiera un fiscal carnal. En última medida, el Poder Legislativo bloqueó la designación que pudiera ligar al futuro titular de la Fiscalía con el presidente en turno. Al inicio del presente gobierno, el despacho de la Procuraduría fue encargado a Alejandro Gertz Manero (1939), un hombre vinculado al Consejo Asesor para Garantizar la Paz de Andrés Manuel López Obrador debido a sus antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de México, pero ante el inminente nacimiento de la Fiscalía, la sociedad civil no quería el pase automático.

No obstante, algunos alegan que la decisión del senado hecha el 18 de enero para ratificar a Gertz Manero podría afectar los principios de autonomía, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad política requeridas para la Fiscalía; otros sectores sociales ven con más recelo esta designación. En los hechos, las argucias legislativas de la mayoría impusieron al “fiscal carnal” versión MORENA.