Editorial CCM Intriga y conspiración: vacuna covid-19

Intriga y conspiración: vacuna covid-19
Intriga y conspiración: vacuna covid-19

Mientras la pandemia azota a gran parte de los países del mundo, -más de 89 millones 730 mil casos acumulados y casi 2 millones de fallecidos, la distribución mundial de vacunas poco a poco comienza a vislumbrarse como un ambicioso objetivo que será de los retos más duros en la historia de la medicina e inmunología.

Para muchos, la vacuna representa una esperanza, otros más ven al biológico como una especie de conspiración sustentada en raras tesis para cuestionar la conciencia de no pocas personas con ideas tan inverosímiles como descabelladas. Incluso, algunos líderes mundiales emprendieron el sabotaje contra las campañas de vacunación, defendiendo el proceso natural de la “inmunidad de rebaño”, azuzando el terror por vacunas inseguras que inoculan hasta ciertos chips o nanopartículas programadas para controlar conciencias o emprender una intencional campaña de esterilización de mujeres y niñas.

En julio, el centro de investigaciones Pew Research publicó una encuesta revelando que el 70 por ciento de los estadounidenses tuvo a la mano información en torno a la teoría de conspiración de la pandemia creada artificialmente por élites mundiales. El 36 por ciento de los encuestados afirmó creer en ella y era alimentada particularmente por grupos religiosos evangélicos. Lo cierto es que la vacunación tiene muchos cuestionamientos, no sólo de tipo económico, también moral y hasta de efectividad para abatir de forma contundente al coronavirus.

La semana que concluye, el Vaticano informó que el Papa Francisco sería de los primeros líderes religiosos mundiales en ser inoculado. No es nada oculto decir que al seno de la misma Iglesia católica existen grupos que ven las mismas teorías de la conspiración e incluso cuestionan duramente la licitud moral de los biológicos cuando se ha aceptado el uso de líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción.

En diciembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una nota dando puntos sucintos en la resolución del conflicto. Sin pretender el juicio sobre “la seguridad y eficacia de estas vacunas, aun siendo éticamente relevante y necesario, porque su evaluación es competencia de los investigadores biomédicos y las agencias para los medicamentos”, la valoración, con el aval del Papa, fue la ponderada reflexión “del aspecto moral del uso de aquellas vacunas contra la covid-19 que se han desarrollado con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de dos fetos abortados no espontáneamente”. Recurriendo a la instrucción Dignitas Personaedel 8 diciembre 2008 y aprobada por Benedicto XVI, recuerda los grados de culpa dejando a la conciencia aceptar o no el biológico advirtiendo que “la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto… debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde un punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no sólo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común”  y deja a quienes “por razones de conciencia, rechacen las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, tomen las medidas, con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado, para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso”.

La posición desde la bioética y fe católica parece ser clara. La Conferencia del Episcopado Mexicano no ha dado un pronunciamiento definitivo al respecto, sin embargo, a lo largo del 2020, diferentes opiniones reflejaron la preponderancia de la salud entre los que está observar la distribución de la vacuna “con orden y criterios éticos” (Iglesia que emerge del covid. 9 de octubre del 2020). Con todo esto, en México, una de las obligaciones centrales es procurar un acceso equitativo y garantizar una adecuada distribución. Que el dinero público sea efectivo para tal cometido y la vacuna no se convierta en el pretexto perfecto del uso electoral faccioso para la obtención ilícita de votos además del condicionamiento de recursos de programas sociales. Eso sí sería ética y jurídicamente reprobable.

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