La pausa de navidad y año nuevo no paró el grave problema económico que pesa sobre la arquidiócesis primada de México. La apropiación de información fiscal y las eufemísticas cuotas solidarias están convulsionando la arquidiócesis de México, prácticamente debido a la inconformidad generalizada del presbiterio y fieles revelando el estado de desastre del gobierno eclesiástico del cardenal Carlos Aguiar Retes.

Del 17 al 19 de diciembre, el equipo económico que encabeza el padre Efraín Hernández, que en realidad es la fachada de las maquinaciones del amigo y operador financiero del arzobispo Aguiar, Eduardo Pisa, afrontó los reclamos del presbiterio y contadores parroquiales quienes mantuvieron una firme postura respecto a la negativa de entregar datos personales fiscales y bancarios a la economía central para quienes son conocidos como una “banda del crimen autorizado”.

Los sacerdotes fueron advertidos de las posibles consecuencias penales y civiles. Contadores y contadoras parroquiales fueron categóricos en el recuento de irregularidades; sin embargo, Carlos Aguiar Retes y su equipo más cercano, entre ellos los obispos auxiliares, se empecinan en seguir adelante con las arbitrariedades e ilegalidades pese a las solicitudes de detener este proyecto, fomentar el auténtico diálogo y revisar, caso por caso, de la realidad de cada una de las comunidades parroquiales.

Como se recordará, las “capacitaciones” al presbiterio de la arquidiócesis de México naufragaron. Se generaron más y más cuestiones, nadie tuvo la audacia para dar respuestas coherentes y acertadas. Ninguno estuvo a la altura en el equipo de aguiaristas. Los obispos auxiliares se ocultaron, los responsables económicos directos no dieron la cara ante la debacle del “Plan Marshall de Carlos Aguiar” para salvar a la arquidiócesis de México. De las reuniones de diciembre, han surgido dos cosas muy positivas que deben darse a conocer ampliamente. Ni el semanario arquidiocesano o los medios de comunicación al servicio del arzobispo primado de México informarán de estos aspectos que constituyen una de las más aguerridas críticas a este, prácticamente, desmantelado plan que sobrevive en terapia intensiva.

Uno fue la activa participación de contadores laicos contratados por cada parroquia y asociación religiosa. Contrario a lo que aseveró el equipo del cada vez más ausente y apocado Eduardo Pisa, las reuniones han demostrado que, en una gran proporción, los sacerdotes han asumido seriamente y con responsabilidad la contabilidad y manejo de las finanzas no para complacer a un ambicioso arzobispo sino para estar en la legalidad ante una autoridad fiscal cada vez más inquisitiva.

Esos contadores pusieron en tela de juicio a los funcionarios aguiaristas quienes sólo usaron el desprecio. En esa ocasión, en la reunión de la III Vicaría, una contadora increpó a los apocados leales a Pisa y Aguiar. Con fundamentos sólidos, dio una clase de derecho fiscal; sin embargo, los responsables fueron apabullados, destaparon su desesperación ante la deblace y la única respuesta fue el descrédito.

Fue Arturo Briseño, un ejecutor pretensioso del cargo de “director financiero”.Su culpa fue hacer menos a esa contadora, por no “ser sacerdote”. No lo hubiera dicho. Eso bastó para incitar los más airados reclamos del presbiterio presente acusando a Briseño de conductas misóginas discriminatorias. Ahora se sabe que la profesional se llama Liliana Martínez quien presta sus servicios profesionales a una de las comunidades del norte de la Ciudad y quien es reconocida ampliamente por profesionalismo y orden en las cuentas parroquiales.

Prácticamente el naufragio era evidente y el último día, los responsables de este desastre quisieron pulverizar el activismo de los curas quienes cerraron filas como fue el caso de los presbíteros de la IV vicaría al punto de que los funcionarios aguiaristas quedaron literalmente en ridículo por su incapacidad para resolver las preguntas más elementales. Incluso de esa reunión trascendió que los sacerdotes del centro histórico estarían elaborando un profundo, detallado y documentado recurso que sería interpuesto ante las instancias de la Santa Sede.

Hoy 6 de enero, se hace pública una reveladora carta que el presbiterio de la Quinta Vicaría dirige a quien encabeza esa zona, padre Pablo Monjarás Wintergest. Con fecha 2 de enero, los redactores apelan a la autoridad del vicario episcopal ante la obtusa visión del equipo económico que al final es la del mismo Carlos Aguiar. El documento revela elementos fundamentales con particulares datos que destapan el autoritarismo y el falso discurso de sinodalidad, cantaleta del arzobispo primado.

Con el fin de contribuir al “discernimiento y espíritu sinodal que anima a la Iglesia Universal”, el presbiterio recuerda la controvertida exigencia de entrega de información de datos personales y financieros. Que se ponga a disposición de terceros implicaría incurrir en graves responsabilidades canónicas y civiles conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y de los ordenamientos fiscales. La carta evidencia los “desacuerdos… por la falta de comprensión y cercanía a las realidades de las comunidades parroquiales y sus circunstancias, desconocidas por el gabinete de profesionistas en materia contable administrativa que asesora a la Economía Arquidiocesana; y, por otra parte, al parecer en ese momento por su desconocimiento del marco normativo canónico y civil”. Los desacuerdos son puntualmente precisados: entrega de contraseñas y claves de acceso y firmas electrónicas de los diferentes portales y del software de contabilidades parroquiales.

Apelando a que la “seguridad jurídica del presbiterio es un bien público de la Iglesia”, se infiere la invalidez del último decreto económico del arzobispo Aguiar. La entrega de información y de cualquier dispositivo, afirma el documento, podría generar graves responsabilidades penales; sin embargo, es el caso de que al interior del equipo aguiarista existen “mentes maliciosas que califiquen de rebeldía o desobediencia” la justificada oposición del presbiterio que le podría acarrar una cascada de problemas jurídicos al grado de la cárcel.

La segunda parte de la carta se refiere al tema de las cuotas impuestas que poco a poco se van desmoronando. Quienes elaboraron esos tabuladores, no conocen “la realidad de cada comunidad parroquial, sus capacidades y limitaciones” y han elucubrado “falsas expectativas, las cuales no coinciden con las dichas cuotas establecidas de manera unilateral, es decir, sin haber tomado en cuenta el parecer de los mismos párrocos, que son al mismo tiempo voz de sus respectivas comunidades”.

Calificando de “arbitrario” la imposición de las eufemísticas cuotas, dicha tasación estará recayendo en los fieles quienes percibirán la desproporcionada medida y al final será ellos en quienes recaiga los irreales costos.

Como se aprecia, el conflicto no amaina y es evidente el naufragio, fracaso y atrofia multisistémica, pastoral, económica y de comunicación del gobierno de Carlos Aguiar. Esta parte del presbiterio ha tendido la mano al arzobispo y dependerá de él generar confianza y seguir profundizando lo que parece una infranqueable grieta. Para Carlos Aguiar comienza una cuenta regresiva, para el presbiterio una lucha que no cejará hasta ver protegidos sus derechos como sacerdotes y ciudadanos. ¿Dónde están los responsables? ¿Por qué Eduardo Pisa no ha dado la cara y ha tenido el suficiente valor para defender el plan de su patrón? ¿Dónde está el arzobispo Carlos Aguiar Retes? Eso es fácil de responder…

Enseguida, publicamos la carta íntegra del presbiterio de la Quinta Vicaría como llegó a este bloguero: