"Salud sin costo para todos”, por lo menos la administración actual ha trazado este ambicioso objetivo para beneficiar a personas sin ningún tipo de servicios o afiliación en las instituciones responsables de los tratamientos de enfermedades y el cuidado de los mexicanos. En 2017, el INEGI estimó que existían 102.3 millones de personas afiliadas a servicios de salud, el 82.7% de la población total. El 80.8% de los hombres están afiliados y en el caso de las mujeres, es el 84.5 por ciento. La cobertura de la población afiliada a servicios de salud pasó de 59.5% en 2009 a 82.7% en 2017 gracias al programa del Seguro Popular. De los 123.7 millones de personas en el país, 39.3% mencionó tener Seguro Popular y 36.3% IMSS, ocho de cada de diez personas están afiliadas a estas dos instituciones.

Desde el inicio de la presente administración, los señalamientos en contra del desaparecido Seguro Popular lo denostaron como un sistema inservible y que “nada tenía de popular”. Sin embargo, la cobertura en el número de afiliados y de enfermedades graves que requerían tratamientos especializados era garantizada por los subsidios gubernamentales y el fortalecimiento de los fondos de gastos catastróficos. El ejercicio de recursos era notablemente importante. De 2013-2017, el presupuesto ejercido aumentó en 4.1% en promedio anual al pasar de 66 mil 726 millones de pesos en 2013 a 78 mil 501 millones de pesos en 2017.

Sin embargo, los días del Seguro Popular estarían contados en el gobierno. La creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar -Insabi- tuvo serios cuestionamientos de parte de la oposición en el Congreso de la Unión debido a la ausencia de garantías en esta transición para no interrumpir los tratamientos de los más de 50 millones de afiliados además de no tener claridad sobre el uso del fondo de gastos catastróficos.

Sin recursos o partidas presupuestales definidas, el Insabi nació con los riesgos propios, fruto de la inexperiencia e improvisación cuyo arranque se valdrá de los recursos del Seguro Popular dejando en el desamparo a los afiliados. Y eso ya se ve ahora. Por todos lados surgen las protestas de la desatención, la falta de insumos y el retraso de tratamientos a enfermos creando un serio problema de inestabilidad e irritación social.

Para el gobierno de López Obrador, recentralizar los servicios de salud es de las claves para que todos los mexicanos tengan servicios de salud a la manera de los países nórdicos. Los críticos del Insabi responden que es un retroceso que recuerda el burdo sistema de salud que imperaba, un aparato lento y burocrático que ponía a muchos enfermos en una situación desesperada. En esta nueva versión, el Insabi no parece ser la respuesta de continuidad y fortalecimiento del sistema de salud pública y más bien es una ruptura que se sume en la incertidumbre lejana del ideal de “medicinas para todos”. Son momentos en los que miles de trabajadores y pacientes del extinto Seguro Popular no tiene certeza ni respuestas. La salud no puede esperar. La enfermedad no conoce de ideales. Para el gobierno de AMLO y el Insabi, el primer paso está siendo muy doloroso.