Las controversias en torno a la salud del cardenal arzobispo emérito de México, Norberto Rivera Carrera, dieron paso a un debate poco explorado: la salud de los sacerdotes. No es cosa exclusiva de este sector de la población. De hecho, gran parte de la población mexicana carece de la protección de uno de sus derechos constitucionales, la salud integral. En 2019, durante las discusiones que crearon al Instituto de Salud para el Bienestar, se dieron cifras estimando que, aproximadamente, 71 millones de personas carecen de servicios de seguridad social.

Esta situación impacta a diversos sectores especialmente cuando las ramas económicas o actividades carecen de los andamios para crear medidas oportunas y suficientes para cubrir las necesidades de seguridad. A pesar de su tutela y universalidad gratuita, los hechos indican que hay carencias que impactan duramente y son una llaga dolorosa para la sociedad mexicana.

En 2019, 14,600 sacerdotes servían en 91 diócesis del país. La composición de cada diócesis evidentemente no es uniforme y, con grandes contrastes, algunas mantienen una organización para dotar de seguridad social a sus presbiterios a través de manejos propios e internos. A nivel nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano mantiene OCEAS, “Obra de Clérigos en Ayuda Solidaria”. Como tal, es una unidad de colaboración de la Conferencia del Episcopado Mexicano que tiene la misión de realizar la gestión responsable y administración del programa de salud, así como del programa de pensiones del clero nacional.

La pandemia del covid-19, sin embargo, ha impactado de tal forma a muchos sacerdotes. No hay una estadística completa del número de curas afectados por esta enfermedad ni cómo se han asumido las consecuencias en cuanto la rehabilitación de quienes padecen las duras secuelas. Los índices de mortandad dan un panorama de lo que podría ser algo mayor. Apenas el 18 de enero, el Centro Católico Multimedial dio cuenta de la última cifra de muertes por covid-19 en el clero mexicano:  Cinco obispos, 154 sacerdotes y religiosos, 9 diáconos y cinco religiosas han fallecido desde el comienzo de la pandemia enlutando a más del 60 por ciento de las arquidiócesis y diócesis del país.

Los miembros de la iglesia han sido vulnerables sobre todo por vivir un ministerio de cara a la gente y cercano a miles quienes requieren de la salud del espíritu. Frente a esta situación las diócesis y arquidiócesis tienen que poner atención para saber cómo están protegiendo y valorando la salud de sus sacerdotes. La actualidad exige una revisión completa de la estructura para cubrir las necesidades de salud de un clero que, en una importante proporción, pasa los 60 años en promedio. Aunque las diócesis tengan esa capacidad de autonomía para organizarse internamente, la pandemia abre otras perspectivas que deben aportar rasgos operacionales distintos para fortalecer la efectiva mutualidad de previsión solidaria a nivel nacional.

El caso del arzobispo emérito Rivera Carrera es paradigmático por poner este planteamiento en debate. Cada obispo debe hacer este análisis profundo y honesto  de la realidad propia, de sus condiciones de riqueza o de pobreza, de la salud de todos sus integrantes y ministros, incluidas las mujeres en la vida consagrada de quienes aún no hay datos certeros de cómo ha impactado esta pandemia, de lo que realmente vive sin pretender ocultar la realidad porque este momento de nuestra historia eclesial afecta de manera contundente a todos sus miembros y dejará una cicatriz que se notará por muchos años.