Tiranía laicista contra la libertad de expresión

Guillermo Gazanini Espinoza / 27 de septiembre.- Presumimos un régimen democrático, un estado político donde se garantizan las libertades de los ciudadanos, fundamentalmente las de pensamiento, expresión, prensa y religión. Estos derechos de primer orden han sido los detonantes de revoluciones y luchas que llevaron al derrocamiento de absolutismos y autoritarismos. No podemos concebir una sociedad como la nuestra sin la libertad de expresión y de manifestación de las ideas... Medios de comunicación, redes sociales, medios virtuales, impresos y telecomunicaciones son los vehículos ideales para que todos podamos expresar nuestras opiniones sin censura en un estado democrático.

El 23 de septiembre pasado, el sitio web de El Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara publicó en “Palabra del Pastor” las graves declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez sobre las leyes que rigen en el Distrito Federal. Dominada por las ideologías políticas de izquierda, la Asamblea Legislativa de la capital del país ha aprobado leyes controvertidas que van contra los derechos elementales provocando un choque entre autoridades y los defensores de estos valores particularmente los prelados de las Arquidiócesis de México y de Guadalajara, activando recursos jurídicos ante el Poder Judicial y los organismos de la administración pública federal que son responsables de prevenir cualquier forma de discriminación.

El informativo arquidiocesano mencionó que las reformas al Código Penal del Distrito Federal sobre la legalización del aborto, las modificaciones al Código Civil que tolera las uniones homosexuales y las adopciones de niños por parejas del mismo sexo son, en esencia, dictatoriales: “son contrarias a la democracia, denigran la representatividad de los gobernantes y de los legisladores, quienes no tienen poder absoluto, sino el que les da el pueblo al que representan, y no pueden legislar ni en contra de la Ley Natural ni en contra de la voluntad del pueblo, que desaprueba esas cosas. Hay encuestas que son conocidas públicamente, y ponen de manifiesto una dictadura de ese tamaño”.

Inmediatamente, los clerifóbicos se lanzaron contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, censurando sus palabras y alegando que el arzobispo de Guadalajara está asumiendo una actitud “inadmisible” por haber publicado tales aseveraciones. La amenaza está hecha y el líder del Partido de la Revolución Democrática amaga con la queja ante la Secretaría de Gobernación para sancionar al prelado.

Hay un hecho que debe llamar la atención. Es claro que México es un estado laico en el cual todas las opiniones deberían ser admisibles con los límites que la misma ley determina. Sin embargo, el Distrito Federal y la República laicista que pretenden los legisladores del PRD, del PT y Convergencia es clerifóbica y anticatólica. La incongruencia de los defensores de los derechos humanos estriba en esta perplejidad que muestran ante los electores: alaban la libertad de expresión y condenan las opiniones de los clérigos que, en la legislación actual, son ciudadanos de segunda limitando ahora su libertad de escribir y de manifestación en medios electrónicos.

En 1992, la publicación de las reformas constitucionales sobre libertad religiosa, las relaciones con las Iglesias y la publicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, consignaron los impedimentos para que los ministros no se asocien con fines políticos, no realicen proselitismo partidista a favor o en contra de candidatos o partidos políticos ni oponerse, en actos de culto y publicaciones religiosas, a las leyes del país o a sus instituciones, haciendo clara la intención del Constituyente al poner una restricción a la libertad de imprenta y no a la difusión de las ideas de las iglesias a través de internet.

En este caso en particular, el cardenal Juan Sandoval llamó dictatoriales a esas reformas por el hecho innegable de que los dictadores son hombres que bajo los pretextos de defender intereses nacionales, acrecientan y defienden los suyos propios para justificarse ante un grupo en particular, llámese plutocracia, burguesía, abortistas, homosexualistas o colaboradores en su proyecto personal. El dictador satisface además una ambición de mando que por lo general no es compatible con la dignidad de la población sobre la que ejerce su poder de hecho.

En el Distrito Federal, el populismo y demagogia se han conjugado para justificar leyes que, evitando argumentos antropológicos y jurídicos elementales, han atentando gravemente contra la dignidad de la persona. Y lo más interesante es que ese “viento puro y fresco de los aires de la nueva democracia” que los políticos de izquierda han usado por argumento, ha legitimado las posiciones de grupos minoritarios poniendo preferencias y falaces derechos por encima de valores esenciales para cualquier sociedad como es el de la vida.

La reflexión, como dice el cardenal Sandoval, “tranquila y serena” permitirá un argumento contundente. El ideal del Estado laico mexicano está llegando a una orilla que asoma al precipicio fatal: la justificación de la tiranía laicista que los defensores de la República laica tal vez no han advertido plenamente y que, en el fondo, podría implicar el fracaso del Estado democrático. El Papa Benedicto XVI lo denunció en su viaje a la Gran Bretaña cuando se dirigió al mundo intelectual, de los empresarios y representantes parlamentarios en el Westminster Hall, el 17 de septiembre: “Hay algunos que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada. Hay quienes esgrimen que la celebración pública de fiestas como la Navidad deberían suprimirse según la discutible convicción de que ésta ofende a los miembros de otras religiones o de ninguna. Y hay otros que sostienen —paradójicamente con la intención de suprimir la discriminación— que a los cristianos que desempeñan un papel público se les debería pedir a veces que actuaran contra su conciencia. Éstos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública”.