Dolor e indignación… las muertes de dos jóvenes de universidades privadas, Norberto Ronquillo y Hugo Leonardo Avendaño, pusieron de nuevo en la opinión pública, la seria situación de violencia y cómo ha sido el papel de las autoridades para abatirla. En menos de una semana, estos dos homicidios capturaron la atención singularmente de miles de fieles católicos quienes mostraron rabia y solidaridad, demandando acciones concretas de los responsables de seguridad pública.

La condena de los homicidios llegó hasta el nivel de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El órgano de los obispos quiso a los fieles para evitar la indiferencia ante el dolor y contribuir a la construcción de la paz.  

Estos casos vuelven nuestra mirada a la tremenda situación que padece el sector social de la juventud azotada desde diversos frentes. No sólo el crimen organizado apunta a ellos como los reclutas efectivos ofreciéndoles posibilidades de vida inauditas, fantásticas y escandalosas, dinero fácil a través del delito. Hay por otro lado, un aspecto alarmante. México es país de desaparecidos y en mayor proporción son jóvenes de quienes se desconoce su paradero, nada se sabe de ellos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), uno de cada cuatro desaparecidos en México tiene entre 15 y 24 años. Al 31 de enero, eran 34 mil 268 mexicanos desaparecidos, de ellos 9 mil 500 jóvenes, es decir, el 27.4 por ciento. Sobre homicidios, entre el 2013 y 2016, 31 mil 357 fueron jóvenes fueron asesinados violentamente.

Llama la atención también que en últimos meses se hayan reportado desapariciones y asesinatos en comunidades universitarias. En los últimos dos años, 2017-2019, en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México se cometieron nueve muertes violentas: cinco mujeres y cuatro hombres, todos jóvenes.

Tal como el caso Hugo Leonardo Avendaño, que unió a la comunidad católica, se recuerda también el de Mara Fernanda Castilla, estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla quien dejó de existir a los 19 años. Como se recordará en 2017, ese feminicidio fue condenado por los arzobispos de México, Puebla, Monterrey y Xalapa, ciudad natal de Mara Fernanda. Los prelados repudiaron el hecho advirtiendo de la escalada de violencia y exigieron solución de impunes feminicidios en otras partes del país además de elevar oraciones por el eterno descanso de la joven asesinada en Puebla.

En ese 2017, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, reconoció que para las familias que atraviesan pérdidas violentas como la de Mara resulta muy difícil aprender a perdonar. Esa muerte recordó el trance que padeció la familia de Mons. Reyes Larios cuando ocho años atrás, su sobrina de 23 años, Karina Reyes Luna, fue secuestrada, torturada y asesinada.

El panorama después de esos hechos es más que desolador. La violencia rampante en México puede imputarse a causas concretas que la mantienen desatada en regiones pobres, grandes ciudades y puntos fronterizos que representan polos económicos importantes de desarrollo. Nada nuevo se descubre cuando, detrás de esos índices, está el comercio de las drogas y sustancias ilícitas, de los negocios de cárteles que ven al secuestro como industria que afecta particularmente a los más jóvenes, presas fáciles de esta vorágine de destrucción a la que no se ve solución efectiva e inmediata alguna.

Como afirmó el Pontífice emérito Benedicto XVI, en mayo de 2007 durante su peregrinación a Brasil: “Constatamos el alto índice de muertes entre los jóvenes, la amenaza de la violencia, la deplorable proliferación de las drogas, que sacude hasta la raíz más profunda a la juventud de hoy. Por eso, a menudo se habla de una juventud perdida”.