Episcopado Mexicano presenta acciones para protección del menor Un centenar de sacerdotes están bajo proceso acusados de abuso en México

Serían 64 diócesis mexicanas las que han denunciado casos de sacerdotes abusadores

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Este martes 5 de marzo, la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer las acciones específicas para la atención de la víctimas y prevención de abusos sexuales al seno de la Iglesia como resultado de la pasada Cumbre de presidentes de las Conferencias episcopales católicas del mundo en donde se dieron a conocer las 21 acciones del Papa Francisco para combatir este flagelo.

El documento de los obispos de México, dado a conocer a medios por el presidente de la CEM, Mons. Rogelio Cabrera López y el secretario general, Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, tiene un delineado plan de trabajo con acciones específicas para abundar en los aspectos en los que, a decir de los prelados, será la base para la prevención de abusos y la persecución de los delitos para recuperar la credibilidad y hacer de la Iglesia un lugar seguro.

Como se afirmó, a través de los cinco objetivos planteados, se pretende fortalecer la transparencia para no dejar ocultos los casos ni fomentar cualquier forma de encubrimiento. A la fecha, la iglesia mexicana apenas comienza a dimensionar el problema y, como afirmó el arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera, un solo un caso siempre será grave por lo que se busca dar un diagnóstico certero del problema.

Las líneas preventivas pasan por diferentes formas en las que destaca la selección y formación de candidatos al sacerdocio en los seminarios del país. En lo que se dice “acompañamiento” los obispos pretenden la detección de personas que representen un riesgo para menores y personas vulnerables. Para conseguir lo anterior, serán fortalecidos los equipos de especialistas; además, todo el cúmulo de lineamientos emitidos por la Conferencia del Episcopado Mexicano serán obligatorios para elevarlos a una especie de rango normativo y no sólo indicativo para ser observados y aplicados en cada diócesis, además del funcionamiento de comisiones diocesanas de protección de los menores.

Destaca particularmente que, para fortalecer la prevención, se diseñen procesos de certificación de sacerdotes y del establecimiento de mecanismos de supervisión sobre el traslado de seminaristas y sacerdotes.

La respuesta de los obispos de México pretende ser enérgica para que los responsables sean procesados y respondan de sus acciones. No será tolerada ninguna forma de encubrimiento y se privilegiará el fortalecimiento del Equipo Nacional de Protección de Menores.

En cuanto a la atención de las víctimas, los obispos manifestaron el compromiso del “cambio de paradigma”. Si en el pasado se dio la protección del abusador a través del encubrimiento, hoy se pretende dar la atención primordial y privilegiada a las víctimas. “Pedir perdón -dicen los obispos- es poner a la víctima en primer lugar, escucharla, comprenderla, acompañarla y comprometernos en su proceso de sanación…” Para mantener contacto con las víctimas, se pretende echar mano de las estructuras que ahora rigen a los Centros de escucha para la reconstrucción del tejido social que se promueven para la pacificación de México. Ahí, las víctimas de abusos podrían ser atendidas y dar seguimiento a los casos particulares.

Finalmente, la Iglesia busca la Promoción de la denuncia y la actuación con la máxima responsabilidad, pero evitando el “pánico” entre los sacerdotes favoreciendo el cuidado del “clima socio eclesial” para que se ejercite adecuadamente la vocación sacerdotal.

En la conferencia se dijo que hay más de 150 sacerdotes suspendidos de los cuales 101 están ya bajo proceso señalados por abusos. Provienen de 64 diócesis, sin embargo, no se dieron nombres o lugares de la comisión de los delitos, tampoco el número de víctimas o cuáles han sido las medidas para la atención y escucha de las víctimas mientras se realizan los procesos. Tampoco cuál es el estado de los asuntos y qué número han causado sentencia. No obstante, la cúpula de la CEM afirma que “con la idea de transparentar lo máximo que la ley permita a la opinión pública, hemos encomendado al grupo de laicos, independientes, expertos en materia penal y derechos humanos del Equipo Nacional de Protección de Menores, que revisen toda la información disponible en torno a los mismos y previo análisis jurídico de cada uno de los asuntos nos indiquen la forma más adecuada de hacerlo”.

El documento completo de la CEM puede ser consultado aquí.

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