Editorial CCM

La semana cierra con una denuncia que parece tomada de las más horribles historias propias de sistemas degradantes de la humanidad. En los Estados Unidos, una carta suscrita por más de un centenar de congresistas da cuenta del maltrato, vejaciones y tratos inhumanos contra mujeres migrantes en un complejo de detenciones de Irwin, en el Estado de Georgia, bajo administración de LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato de la Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia de control migratorio vinculada al sistema de seguridad interior de los Estados Unidos.

 La serie de “histerectomías masivas” contra mujeres migrantes causó gran indignación, esta denuncia vino de una enfermera del mismo centro quien apuntó contra un médico quien, por pura afición, realiza estos abusos ginecológicos sin motivo alguno. De ahí el repugnante apelativo del “coleccionista de úteros”.

La denuncia dirigida al Inspector general del Departamento de Seguridad Nacional tuvo por origen el estudio de la organización no gubernamental Project South, documento que indica diversas violaciones a los derechos humanos de los migrantes como indebidas detenciones, imposibilidad de dirigirse a ellos en su idioma de origen y falta de información, riesgos sanitarios por instalaciones insalubres y ausencia de medidas de prevención de contagios del Covid-19 en lo que consideraron un verdadero “campo de concentración”.  

Tales prácticas, según la denuncia, recordaron la política eugenésica de Estados Unidos que toleró las esterilizaciones forzadas en el pasado contra negros e hispanos como método de control reproductivo para evitar la “proliferación de indeseables y pobres” en esa nación. Según un artículo, “Esterilizadas en nombre de la Salud Pública: Raza, Inmigración y Control Reproductivo en California en el Siglo XX” de la doctora Alexandra Minna Stern, en los años 50, la eugenesia en Estados Unidos era “compulsiva” y fue consistentemente descrita como estrategia de salud pública que pudo desechar los efectos indeseables de la población y fortificar al Estado como un todo”.

La denuncia de las histerectomías llegó hasta la misma matutina del presidente López Obrador quien afirmó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se investigan estos hechos para un pronunciamiento al respecto en defensa de los migrantes.

Esta compleja situación se suma a toda la serie de prácticas violatorias de derechos humanos contra migrantes en Estados Unidos, agudizada por la pandemia que pone en riesgo salud y vida de quienes se ven obligados a salir de su país. A pesar del confinamiento, los flujos migratorios no cesan e incluso, con la misma colaboración tácita del Gobierno de México, estas personas en tránsito se convierten en víctimas de la inseguridad y de la represión en nuestro país al encontrar muros infranqueables cuasimilitares en vez de políticas humanitarias que garanticen una migración ordenada, justa y acorde con las políticas internaciones de defensa de los derechos, especialmente de los más vulnerables.

En el Proyecto Global de Pastoral PGP 2031-2033, los obispos de México afirman que la migración forzada es uno de dramas de nuestro tiempo y de este fenómeno globalizador… Millones de seres humanos se ven  obligados  “a dejar su pueblo y su cultura, lo que deriva en pobreza, violencia, falta de oportunidades, rechazo racial, político y religioso, desintegración familiar, trata de personas, necesidad de refugio, constitución de nuevas familias, soledad, desarraigo y una vulnerabilidad jurídica ante su situación de inmigrantes indocumentados”. (PGP 2031-2033, No. 38).

Hoy se conoce esta lamentabilísima situación propia de los regímenes totalitarios supremacistas y racistas. ¿Cuántas mexicanas habrán sido víctimas de las deleznables prácticas del “coleccionista de úteros”? ¿Cómo protestará el gobierno mexicano? ¿O seguirá dando comparsa a la actual presidencia estadunidense en una carrera frenética por la reelección?