No todos los gobernantes son corruptos, pero no hay gobierno que esté libre de corruptos.

A lo largo de la historia del país, el sistema político mexicano se ha alimentado cada vez más y más de la impunidad y la corrupción, que termina por convertirse en el aceite que hace funcionar la gran maquinaria de favores mutuos, entre políticos y algunos empresarios, mientras que la justicia queda relegada a un ejercicio de simulación.

Los Obispos de México, en el documento “Alto a los corruptos” (febrero 2015), citaron al Papa Francisco, quien había dicho que “todos somos tentados de corrupción”, y que afirman que, “al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada”.

Para hacer frente a este gravísimo mal se requieren múltiples acciones conjuntas. Entre ellas, la reforma de leyes y la creación de instituciones que, de forma integral, coordinada y en tiempo real, prevengan, identifiquen, investiguen y modifiquen situaciones o condiciones que propicien la corrupción; sancionen oportunamente a los corruptos y hagan realidad el resarcimiento de los daños causados. El reclamo y anhelo de la sociedad de honradez y probidad en el ejercicio público no se ha concretado.

Cómo anhelamos que se tipifiquen conductas que constituyan actos de corrupción, para que sean sancionadas tanto administrativa como penalmente: el soborno, el gasto ilícito en campañas electorales, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo, la colusión, la extorsión, la simulación, el nepotismo y tantas otras.

Los ciudadanos seguiremos planteando que haya recompensas por la denuncia de actos corruptos y que se disuelvan empresas involucradas en ese delito. Que se exhiba a los servidores públicos corruptos, pero sin circo, y sin fines electorales; que se promueva la disolución de las empresas que causen perjuicio a la hacienda pública y que se fomente la denuncia a través de estímulos económicos para ciudadanos; que se obligue a los funcionarios a rendir de manera periódica y abierta sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés. Se necesitan soluciones de fondo e inmediatas y no “maquillajes” que ya no engañan a nadie y sólo exacerban los ánimos.

En el Documento “Alto a los Corruptos”, los obispos insisten en que el país es de todos, y que entre todos tenemos que sacarlo adelante, haciéndonos más participativos a nivel personal, familiar, empresarial y social, valorando, respetando, promoviendo y defendiendo la vida, la dignidad, los derechos y los deberes de toda persona, actuando siempre con honestidad, verdad, justicia, rectitud, solidaridad y respeto al Estado de Derecho. ¿Será posible?