Editorial Desde la Fe / SIAME. 17 de agosto.- Otro golpe demoledor contra la familia, el bien y la seguridad de las personas, particularmente de los menores, se perpetró esta semana cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó la invalidez del artículo 19 de la Ley Regulatoria de las Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, que prohibía a convivientes adoptar –en forma conjunta o individual– o compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, bajo criterios lesivos de la soberanía de los Estados, puntualizaron argumentos ajenos a la lógica del legislador. La norma estatal no quiso integrar nuevas formas de familia en sociedades de convivencia; sin embargo, la parcialidad de la Corte se movió entre opiniones para impedir la discriminación bajo el miope argumento del bien superior del menor y “enriquecer el sentido de familia y reconocer su variedad”, cosa que no es objetivo de la normatividad en cuestión, emitiendo así una resolución benéfica al lobby gay.

Los jueces no salvaguardaron el bien superior de los niños, pues estos tienen derecho a desarrollarse dentro de una familia natural, es decir, tener un padre y una madre, pero la Corte los redujo a objetos; además, les priva de su dignidad al hacerlos sujetos de ser un falso derecho de parejas que no entienden que los niños no están para satisfacer carencias afectivas, sino para ser formados y educados dentro de una familia normal en la que deben recibir todo lo necesario para su desarrollo.

Una encuesta reciente reveló la caída de la confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sorprende particularmente cómo la instancia garante de los derechos constitucionales está desplomada, colocándose al fondo donde están partidos políticos, el Congreso de la Unión y la policía. En cierto sentido, el ciudadano de a pie es impactado en sus valores y bienestar trastocados por esas instancias. La Suprema Corte de Justicia vulneró el derecho a la vida al tolerar el crimen del aborto y atentó contra el concepto de matrimonio; ahora arremete contra el derecho de los menores a gozar de la familia constituida por matrimonio formado entre hombre y mujer. Esos valores e instituciones son muy queridos y apreciados por el pueblo de México y edifican en gran medida nuestra identidad, ahora en desmantelamiento por la tremenda Corte que no respeta los valores de una sociedad, que le responde con su desprecio.

Entre los ministros hay católicos y creyentes, por lo tanto no deben olvidar que al final de su vida rendirán cuentas por cada resolución y voto ante Dios, el Supremo Legislador y Juez, dueño de todas las cosas. El Papa Francisco ha dicho que ningún homosexual debe ser marginado, no así el lobby gay, inspirador y conspirador de la destrucción de la familia, cuya pretensión es imponer una dictadura ideológica en cuyo trasfondo actúa el mismo Maligno. Cuando el máximo tribunal resuelve a favor de lobbies, relativiza y envilece la interpretación de la norma ofuscando la labor del verdadero jurisconsulto en la realización de los bienes del Derecho.

Una vez más, vale la pena recordar las palabras del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires: “No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo –éste es sólo el instrumento– sino de una movida del Padre de la Mentira (Satanás), que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”