Europa no puede vender su alma en nombre del retorno

La aprobación del nuevo reglamento de retorno supone un paso muy serio en el endurecimiento de la política migratoria europea. Se presenta como una reforma técnica, pero en realidad expresa una opción política y moral: otorgar mayor peso a la rapidez, la coerción y la expulsión que a la dignidad de las personas y a la protección efectiva de sus derechos.

Me preocupa especialmente el tono de fondo que ha acompañado esta decisión. Cuando en el corazón de las instituciones europeas se escuchan gritos como “Send them back”, no estamos solo ante una provocación verbal: estamos ante un clima que deshumaniza, simplifica y reduce a las personas migrantes a un problema que hay que apartar cuanto antes. Es terrible.

El mismo Papa León nos mostraba el camino en sus declaraciones ante el Congreso de los Diputados este mes de junio: “La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad” (Papa León XIV)

Una política de excepción convertida en norma

Lo más inquietante de este reglamento no es únicamente que facilite las expulsiones, sino que consolide una lógica de excepción permanente. Se abre la puerta a más detención, a procedimientos más duros y a fórmulas como los centros de retorno en terceros países, que plantean interrogantes muy serios sobre garantías jurídicas, control democrático y respeto real de los derechos humanos.

JRS Europe ha advertido con claridad que esta deriva puede acabar normalizando la privación de libertad como respuesta ordinaria y convirtiendo el retorno forzoso en la primera opción, en lugar de apostar por alternativas voluntarias, dignas y eficaces. Y eso, a mi juicio, es un error profundo: cuando la excepción se convierte en norma, el sistema pierde su orientación ética.

La dignidad no es negociable

Toda política de retorno legítima debe respetar la dignidad inherente de cada persona, el principio de no devolución y las garantías básicas del Estado de derecho. No se trata de negar que existan decisiones administrativas que deban ejecutarse; se trata de recordar que la forma de hacerlo importa, y mucho.

Las personas migrantes no son cifras, ni expedientes, ni un problema logístico que haya que reducir. Son hombres, mujeres, niños y familias con historias a sus espaldas, muchas veces marcadas por la violencia, el desarraigo, la pobreza o la imposibilidad real de regresar con seguridad. Una Europa fiel a sus valores no puede mirar hacia otro lado ante esa realidad.

Esto mismo nos recordaban con motivo de la Cumbre del G7, los presidentes de las Conferencias Episcopales Católicas de Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos, con el apoyo del presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), han hecho público: "Recordamos que los migrantes y los refugiados deben ser acogidos siempre con dignidad, al tiempo que se reconoce la legítima responsabilidad de los Estados de salvaguardar el bien común. Quienes se ven obligados a huir de la guerra, la persecución, la pobreza o las catástrofes climáticas no pueden ser considerados una amenaza. Son nuestros hermanos y hermanas en la humanidad”.

El espejismo de externalizar el problema

La idea de trasladar los retornos a terceros países puede parecer, a primera vista, una solución práctica. Pero la experiencia nos enseña que externalizar no resuelve el problema: simplemente lo aleja de la vista pública, produce más dolor e indefensión, y debilita la responsabilidad política y jurídica.

Además, estos mecanismos abren preguntas muy serias: ¿quién garantiza las condiciones de vida en esos centros?, ¿quién supervisa las decisiones?, ¿qué vías reales de recurso tienen las personas afectadas? Cuando estas respuestas no están claras, el coste humano desde esta política resulta inaceptable.

Volver a poner a la persona en el centro

Frente a esta deriva, desde JRS Europe insistimos en una convicción sencilla, pero exigente: cuando el retorno sea necesario, debe ser seguro, digno y voluntario siempre que sea posible. Esto implica reforzar el acompañamiento, el asesoramiento individual, las garantías jurídicas y las alternativas a la detención.

Europa todavía está a tiempo de rectificar. Necesita una política migratoria que combine orden y humanidad, eficacia y justicia, soberanía y responsabilidad compartida. Si perdemos de vista a la persona concreta, también debilitamos la credibilidad moral de nuestras instituciones.

Una llamada a la responsabilidad

No deberíamos celebrar este reglamento como una victoria política, sino examinarlo honestamente a la luz de sus consecuencias humanas. La seguridad no se construye castigando más, sino protegiendo mejor; no se fortalece exportando problemas, sino creando vías legales, procedimientos justos y comunidades capaces de acoger con realismo y humanidad.

Europa tiene memoria de sus heridas y una tradición de derechos y hospitalidad. Sería terrible que, en nombre de gestionar mejor los retornos, terminara debilitando precisamente aquello que está en los pilares de Europa y que nos llena de orgullo de sentirnos europeos.