La Cátedra Santander de Derecho y Menores ha participado en un proyecto para mejorar la identificación, atención y protección de los menores no acompañados (Menas) que solicitan asilo en nuestro país. "Es necesario anteponer la protección del menor a la condición de extranjero", afirma su directora, Isabel Lázaro. El proyecto que culminará con la publicación de una guía de buenas prácticas sobre la situación de los Menas que son potenciales solicitantes de asilo, se inició con los trabajos previos a la redacción del texto y ha avanzado con un seminario, celebrado en Comillas, que sirvió para poner en común las perspectivas sobre la fundamentación ética, la identificación, los procedimientos de asilo y protección subsidiaria, la intervención y el reasentamiento, que integrarán el manual.

La conciencia sobre esta cuestión nace de la escasa proporción entre los adultos y los niños solicitantes de asilo, lo que hace pensar que existen casos de menores que merecen ese estatus y necesitan protección internacional pero no han sido identificados. Al no tener información suficiente para saber que pueden solicitar asilo y lo que éste supone, los menores dependen en mayor medida de los profesionales que trabajan en extranjería, quienes a su vez carecen de la formación necesaria para intervenir en estos casos.

"Hablar de interés superior del menor significa que, aunque es legítimo que el Estado controle sus fronteras, hay un bien que está por encima, el de niño que se encuentra en nuestro territorio y que hay que proteger". En el tratamiento del asilo no se establecen especiales diferencias entre menores y adultos, salvo en ciertas limitaciones de procedimiento y en el trámite de determinación de la edad. La identificación es precisamente una de las cuestiones más polémicas. Lázaro, que ha trabajado sobre esta cuestión, dice que la ley establece que el Ministerio Fiscal debe ordenar la realización de las pruebas y, en última instancia, determinar, a efectos de la legislación, la edad de la persona. "Creo que los fiscales rehúyen asumir esa responsabilidad y tienden a señalar la edad que apunta el médico, quien debe indicar una horquilla de edad, porque las pruebas no pueden dar mayor detalle. Con ese margen el fiscal debe señalar siempre la menor edad. La finalidad es determinar si estamos ante un menor de edad que debe recibir la protección que le corresponde como tal, y no averiguar si se trata de un adulto y así nos lo podemos quitar de encima".

El interés superior del menor justifica que la Cátedra Santander de Derecho y Menores participe activamente en este tipo de actividades. La situación de los Menas constituye un tema de gran importancia, por ellos mismos; pero también porque su situación afecta a todo el sistema de protección de la infancia. La Directora asegura que "algunas legislaciones autonómicas se han ajustado o alterado por su presencia, como es el caso de Andalucía, que ha creado un figura entre la tutela y la guarda, una categoría de atención inmediata que, pese a la situación de desamparo, pretende evitar la tutela del menor extranjero y frenar la obtención de la autorización de residencia".

Además de las particularidades de los menores refugiados, llama la atención que el nuestro es uno de los países europeos que menos solicitudes de asilo acepta. Como experta en derecho internacional, Lázaro señala múltiples factores, entre los que destaca la escasa tradición, que a su vez va acompañada de una deficiente formación en esta materia, lo que repercute en un menor número de solicitudes de de extranjeros que se tramitan por esta vía. "Además, en España hay un temor infundado a la invasión de los inmigrantes; siendo la frontera sur de Europa tenemos ese miedo a que desde África suban tremendas oleadas de inmigrantes. Ese recelo y la presión de nuestros vecinos hacen que la política de control de fronteras española a veces sea muy dura. Partimos de una legislación de asilo de 1984 que era muy generosa pero que ha venido recortándose, hasta convertirnos en un país poco acogedor para quienes lo solicitan".

El proyecto nace de un acuerdo entre La Merced Migraciones, Save the Children y el ACNUR, al que Comillas se incorporó a través de la cátedra, que cuenta con el soporte y la financiación del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La guía se ha preparado en reuniones sectoriales previas al seminario, donde se sometió a juicio de los participantes. El público al que va destinada son los profesionales, no sólo del derecho, sino de la intervención social, la administración, asociaciones, abogados, fiscales, jueces y todos aquellos que trabajan con menores extranjeros. "Se ha preparado de una forma muy clara. No tiene pretensiones eruditas e intenta recoger recomendaciones, que llegan allí donde se sabe que puede haber algún problema, y cómo habría que actuar", concluye.