Roma archiva el caso Zornoza porque no se ha podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso

La sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso del obispo Rafael Zornoza, porque no se ha podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado, según nos confirman nuestras fuentes en el arzobispado de Sevilla.

Para absolver a Zornoza, se argumenta que, entre 1983 y 2001 se aplicaba el Código de Derecho Canónico. Es decir, ya no regiría la ley propia de la Congregación heredera del Santo Oficio. Por ello, solo serían delito los casos de niños menores de 16 años. Si este dato no está claro, no habría certeza moral para calificar el caso Zornoza como abuso de menores.

Sin embargo, otros canonistas consultados por RD han manifestado su perplejidad, pues, cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico.

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad, si se trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los 5 años.

En el caso de Zornoza, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe está usando esta interpretación garantista favorable a los clérigos que en nada ayuda a hacer justicia a las víctimas.

Además, según nuestras fuentes de Sevilla y de Madrid, esta argucia romana favorable al obispo habría sido especialmente aplaudida por monseñor Saiz Meneses y por varios obispos del sector conservador del episcopado español, que no han dejado de hacer presiones directas e indirectas. Nuestras fuentes citan entre otros al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y al obispo de Alicante, José Ignacio Munilla.

Entre las instituciones de Iglesia que también habrían presionado a favor de monseñor Zornoza Boy figuraría, de una forma relevante, Comunión y Liberación, el movimiento al que perteneció el exobispo de Cádiz y al que apoyó tanto en su época de rector del seminario de Getafe como en su etapa de obispo de Cádiz.

El caso Zornoza, que había generado una fuerte conmoción en Cádiz y un notable desgaste público para el obispo emérito, se había convertido en un símbolo de la crisis de credibilidad eclesial frente a las denuncias de abusos y al modo en que estas son tratadas. El caso se abrió tras las acusaciones de abusos que pesaban sobre él y que llevaron a poner el foco sobre su trayectoria y sobre la respuesta institucional de la Iglesia. Durante meses, el asunto fue creciendo en la opinión pública, con reacciones de indignación, silencio prudente en algunos sectores y una notable división sobre el alcance real de las denuncias y sus consecuencias canónicas y civiles.

La decisión de archivar el procedimiento supone, jurídicamente, que no se sigue adelante con la causa en este momento. Pero el archivo no borra el impacto eclesial y moral del caso: durante todo el proceso, el nombre de Zornoza quedó unido al debate sobre la transparencia, la responsabilidad de los obispos y la necesidad de una respuesta más clara ante cualquier denuncia de abusos.

En Cádiz, donde su figura había dejado una huella muy discutida y polémica, el caso contribuyó a agravar el desgaste de la institución eclesial. El silencio de los primeros días, los apoyos que fueron enfriándose y la sensación de que la jerarquía reaccionaba con más cautela que empatía terminaron por alimentar la desconfianza de muchos fieles. Ahora, esta sentencia remacha la desconfianza de la gente en la Iglesia.

Con el archivo, Zornoza recupera margen personal y jurídico, pero la Iglesia no sale indemne. El episodio vuelve a mostrar que, más allá de la resolución judicial de cada caso, la credibilidad eclesial sigue dependiendo de cómo se escucha a las víctimas, cómo se investiga y cómo se comunican las decisiones. En ese terreno, el daño ya está hecho y será difícil de revertir, porque está claro que la Iglesia, que es juez y parte en estos casos, aplica su propio Derecho Canónico según. sus intereses y no poniendo a las víctimas en el centro.