El caso de Sara Cobaleda y la exclusión de víctimas fallecidas en el proceso de reparaciones del Sodalicio
El caso de Sara Cobaleda ha cobrado nueva relevancia en el marco del proceso de reparaciones abierto por la Santa Sede en relación con el Sodalicio de Vida Cristiana. Su historia, vinculada a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, fue marcada por su fallecimiento en 2005 y por las posteriores gestiones de su familia en busca de verdad y reconocimiento. En este contexto, la exclusión de denuncias presentadas en nombre de personas fallecidas ha generado controversia.
La historia de Sara Cobaleda, de nacionalidad colombiana, fue dada a conocer al público por primera vez a través de un artículo publicado el 20 de julio de 2017 por las periodistas Ariana Lira y Paola Ugaz en el ya desaparecido portal de noticias Altavoz. Sara perteneció a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, una sociedad de vida apostólica para laicas consagradas fundada el 25 de marzo de 1991 por Luis Fernando Figari, conocido también como fundador del Sodalicio de Vida Cristiana.
Sara se quitó la vida en 2005. Desde entonces, sus padres y su hermana Carolina han mantenido una lucha constante por esclarecer lo ocurrido y por lograr el reconocimiento del daño causado a la familia. Exigen, además, las correspondientes disculpas, así como una reparación tanto económica como simbólica.
En este contexto, y en momentos en que la Santa Sede ha abierto un canal de escucha orientado a la reparación de las víctimas de la Familia Sodálite —entre las cuales se encuentra la familia Cobaleda García—, se han encontrado con la que consideran una limitación inaudita: que no se admitirán denuncias presentadas en nombre de personas fallecidas.
Carolina Cobaleda nos ha hecho llegar un informe detallado sobre el caso de su hermana Sara, quien terminó pagando con su vida los presuntos abusos a los que fue sometida.
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Mi nombre es Diana Carolina Cobaleda García.
Mi hermana se llamaba Sara Victoria Cobaleda García. Sara tenía 20 años al momento de su fallecimiento. Desde muy joven se destacó por su excelente desempeño académico, lo que le permitió estudiar Ingeniería Química en una universidad de Medellín gracias a una beca.
Sara era una joven completamente normal cuando salió de nuestro hogar familiar. Nunca había acudido a psicólogos ni psiquiatras, jamás manifestó intenciones de suicidio ni presentó comportamientos asociados a ello. Era una persona emocionalmente estable.
Sara conoció la Fraternidad Mariana de la Reconciliación —la rama femenina del Sodalicio de Vida Cristiana— a través de una amiga mía que tenía vínculo con esa comunidad. A partir de entonces, comenzó a asistir a actividades y encuentros, especialmente en Cabañas, Antioquia, y en la casa principal ubicada en el barrio Laureles de Medellín. Desde el inicio se sintió muy feliz y manifestó su deseo de orientar su vida profesional hacia la vocación católica.
Con el paso del tiempo, su participación en las actividades de la comunidad en Medellín se volvió cada vez más intensa, hasta que decidió viajar a Perú para integrarse de lleno a la vida comunitaria en la casa de las hermanas de la Fraternidad, bajo sus normas y estructura.
En el año 2004, Sara viajó a Lima, Perú, para vincularse formalmente a la Fraternidad. Durante su estadía, nuestra madre debía enviarle dinero constantemente para sus gastos básicos. Recuerdo incluso un episodio en el que rompió un vaso de la licuadora y nuestra madre tuvo que enviarle dinero para cubrir ese costo. Nuestra familia es de clase media, de padres trabajadores que han hecho grandes esfuerzos para sostener el hogar, nuestros estudios y el pago del seguro médico de Sara en Lima.
Sara decidió abandonar su carrera de Ingeniería Química porque se sentía feliz en este nuevo camino. Para mis padres, en ese momento, era motivo de orgullo verla tan comprometida con lo que consideraban un camino de fe, ya que somos una familia católica.
En el año 2005 viajé a Lima para visitarla. La vi notablemente delgada. Posteriormente, al revisar su historia clínica, se confirmó que comía poco de forma habitual. Aunque la noté tranquila, observé algunas situaciones que hoy resultan preocupantes. Por ejemplo, en Medellín solo podíamos comunicarnos con ella los domingos a las 7:00 p.m., mientras que durante mi estancia en Perú pude darme cuenta de que otras jóvenes recibían llamadas con mayor frecuencia. Consideramos que el nivel de restricción en la comunicación familiar era excesivo y generaba aislamiento.
Tiempo después, recibimos una llamada inesperada informando que Sara estaba internada en un centro psiquiátrico en Lima y que mi madre debía viajar de inmediato. Estuvo internada en la Clínica Psiquiátrica Baltazar Caravedo (Chorrillos, Lima) desde el 19 de julio hasta el 8 de agosto de 2005. Contamos con la historia clínica completa y la nota de ingreso.
En la historia clínica se menciona que Sara se mostraba ansiosa, con ideas de hacerse cortes los brazos y, en múltiples ocasiones, ideas suicidas frecuentes, algo completamente contrario a su estado emocional previo a ingresar a la comunidad. También se evidencia un claro estado de manipulación y dependencia emocional, especialmente en relación con su psicóloga.
El médico que atendió a mi hermana en Perú en la Clínica Caravedo fue el Dr. Carlos Mendoza. De acuerdo con información pública disponible, se trata de un profesional con fuertes vínculos ideológicos y formación dentro del entorno del Sodalicio de Vida Cristiana y del Movimiento de Vida Cristiana. Esta vinculación plantea serias dudas sobre la independencia de sus criterios clínicos y la posible influencia de posturas doctrinales en el abordaje de casos psiquiátricos.
Se ha señalado, además, que ha participado en la atención de miembros de estas comunidades combinando tratamiento médico con enfoques religiosos, incluyendo concepciones que han sido cuestionadas en el ámbito científico. Esta situación es especialmente preocupante en contextos de gran vulnerabilidad emocional, como el que atravesaba mi hermana.
Adicionalmente, había una psicóloga, consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, quien estaba autorizada para entrar a verla durante su internamiento y quien la acompañó la noche de su ingreso. La persona con quien salió del hospital fue Yara Fonseca.
Mi madre viajó a Lima y encontró a Sara en un estado de profunda depresión y desorientación. No recibió explicaciones claras sobre lo ocurrido; solo le indicaron que debía abandonar la Fraternidad y continuar tratamiento psiquiátrico. El trato hacia mi madre fue poco empático. Cuando solicitó las pertenencias de Sara, solo le entregaron lo que la comunidad decidió enviar.
De regreso en Medellín, Sara inició tratamiento psiquiátrico y volvió a vivir con nosotros, ya que la sede de la Fraternidad en la ciudad no la recibió, lo cual nos resultó muy extraño. Aunque ella continuaba visitando ocasionalmente la casa de la comunidad, se evidenciaba un mayor rechazo hacia ella.
Durante ese tiempo, observé comportamientos inusuales: seguía rutinas extremadamente estrictas, incluyendo ejercicio físico extenuante diario, algo que ella misma decía que era obligatorio en Lima. El psiquiatra en Medellín comenzó a reducir progresivamente la medicación, pues consideraba que era excesiva. Propuso realizar una regresión terapéutica, pero Sara debía consultar cualquier decisión con sus superioras, quienes siempre se negaban. Para todo necesitaba autorización de la comunidad, pero cuando se trataba de apoyarla emocionalmente, ellas no estaban presentes.
Sara deseaba profundamente regresar a la comunidad, pero le fue negado.
En septiembre de 2005, mi hermana falleció a causa de un suicidio por sobredosis de medicamentos.
En cuanto a algunas personas dentro de la comunidad, recordamos los nombres de Ximena Bisso y Cecilia Collazos, quien al parecer era una figura de autoridad en Medellín en ese momento.
En el año 2017 me comuniqué con Ian Elliott, consultor irlandés contratado por el Sodalicio, para contarle el caso de mi hermana. La conversación fue por Skype, ya que él se encontraba en Lima realizando investigaciones. También le escribí a José Ambrozic, entonces vicario general del Sodalicio, tras ver declaraciones públicas donde se reconocían abusos hacia hombres, pero no hacia mujeres. Nunca obtuve una respuesta satisfactoria.
Mi madre envió una carta formal en 2017 a Alejandra Keen von Wuthenau, superiora general de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Ella sí respondió, pero no dio información clara, limitándose a indicar que otros cuestionamientos escapaban de la competencia de la Fraternidad.
Nuestra familia sigue sin saber qué ocurrió realmente con Sara en Lima antes de su internamiento. Nos duele profundamente que, en lugar de recibir apoyo, haya sido apartada en el momento en que más lo necesitaba. Adicionalmente, nunca recibimos acompañamiento psicológico ni espiritual por parte de la comunidad después de lo ocurrido.
Estamos en desacuerdo con lo expuesto en el comunicado del Comisario Apostólico (Mons. Jordi Bertomeu Farnós) difundido el 2 de abril de 2026 por la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana:
En dicho documento se anuncia la apertura de un «canal de primera escucha» dirigido a «aquellas personas que se consideren víctimas no debidamente resarcidas». Sin embargo, en el numeral 5, literal b, se establece de manera explícita que «no se atenderá denuncias anónimas o presentadas a nombre de difuntos o de personas que no deseen, por cualquier motivo, hacerlo directamente». Esta exclusión de las víctimas fallecidas deja fuera a sus familias, impidiéndoles solicitar justicia y reparación en nombre de sus seres queridos. Consideramos esta posición profundamente injusta, excluyente y carente de empatía.
Consideramos que las familias de las víctimas fallecidas también somos víctimas directas. Por esta razón, solicitamos formalmente que nuestro caso sea escuchado e incluido dentro de los procesos de reparación, incluyendo una indemnización integral que contemple no solo lo económico, sino también el acompañamiento psicológico y espiritual, el reconocimiento público y la reparación del daño causado a nuestra familia.
Después de más de veinte años, seguimos esperando claridad. Queremos saber qué sucedió realmente con mi hermana. Necesitamos respuestas.
Este caso representa no solo una tragedia familiar, sino también una profunda herida en nuestra fe. Esperamos que la verdad salga a la luz y que haya justicia.
Hasta la fecha seguimos extrañando a nuestra hermana e hija, y la seguiremos extrañando hasta el final de nuestras vidas. Este dolor nunca se repara completamente. Y lo más duro es saber que proviene de quienes supuestamente actuaban desde la fe y el amor a Dios.
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Una última reflexión sobre este caso.
En los procesos de reconocimiento de abusos sistemáticos, es práctica extendida admitir testimonios de familiares de víctimas fallecidas, precisamente porque la muerte no extingue ni el interés por esclarecer los hechos ni el deber institucional de reparar. En ese contexto, la decisión de excluir estos casos no solo reduce el alcance del proceso, sino que también puede interpretarse como una restricción difícilmente conciliable con los estándares actuales de justicia y de reconocimiento integral de las víctimas.
Cabe esperar que el Comisario Apostólico considere estos argumentos y disponga la admisión de este informe, junto con la documentación probatoria que lo sustenta, dentro del proceso de reparaciones.
