Consejo Indigenista Misionero presenta informe sobre violencia contra los pueblos indígenas en Brasil

(Micaela Alejandra Díaz Miranda / ADN Celam).- El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) presentó en Brasilia su Informe sobre Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil – Datos de 2025, una publicación que el organismo elabora desde la década de 1980 como instrumento de denuncia, documentación y movilización frente a las vulneraciones que afectan a los pueblos originarios.

El lanzamiento tuvo lugar en el auditorio Dom Helder Câmara, en la sede de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), y contó con la presencia del cardenal Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre y presidente de la CNBB, y del cardenal Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos y presidente del CIMI, además de representantes de diversos pueblos indígenas, organismos pastorales, instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas.

El informe, que recoge y sistematiza información levantada por las oficinas regionales del CIMI y su equipo de documentación, señala que durante 2025 aumentaron las tres grandes categorías de violencia que analiza: violencia contra las personas, violencia contra el patrimonio y violencia por omisión del poder público. Entre los fenómenos que registraron crecimiento se encuentran los conflictos territoriales, los asesinatos, los suicidios y la mortalidad infantil.

Más que cifras, rostros y comunidades

Durante la presentación, el cardenal Jaime Spengler señaló que los datos permiten hacer visible una realidad que muchas veces permanece oculta: “Presentar el informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil significa traer datos, números. Esto es muy importante. Eso deja al descubierto, de alguna manera, la dura realidad que se impone entre nosotros”.

El presidente de la CNBB llamó a no quedarse únicamente con las cifras: “Detrás de los números, detrás de los datos, hay rostros, hay familias, hay comunidades”. Para el cardenal Spengler, esta dimensión humana es precisamente la razón por la que el informe resulta necesario. El documento permite conocer la magnitud de las vulneraciones, pero también recordar que cada registro corresponde a personas y comunidades concretas.

El prelado cuestionó asimismo la demora en los procesos de demarcación de tierras indígenas y manifestó que “Brasil tiene una deuda enorme con los pueblos originarios”. Y añadió que la demora en la demarcación de las tierras indígenas constituye “una vergüenza”. A su juicio, detrás de la lentitud de los procesos existen intereses que no necesariamente corresponden a la defensa de la vida y del bien común. En este contexto, remarcó que la misión de la Iglesia debe estar orientada a “la defensa y promoción de la vida de todos, todos, todos”.

Año de conflictos territoriales

El informe del CIMI señala que en 2025 los derechos territoriales de los pueblos indígenas continuaron bajo presión. El organismo identifica, entre otros factores, medidas legislativas y decisiones judiciales que considera contrarias a los derechos constitucionales de los pueblos originarios, además de la vigencia de la Ley 14.701/2023, conocida como Ley del Marco Temporal.

En materia territorial, el informe registra 169 conflictos por derechos territoriales en 23 estados, que afectaron a 143 tierras indígenas. Dos tercios de los territorios involucrados corresponden a áreas con procesos de regularización pendientes o en las que el Estado todavía no ha adoptado medidas para su demarcación. A ello se suman 210 casos de invasión, explotación ilegal de recursos naturales y daños al patrimonio indígena, registrados en al menos 151 tierras indígenas de 20 estados. El informe advierte que 88 de esas tierras, equivalentes al 58,3 %, ya estaban regularizadas.

Entre las principales amenazas aparecen el garimpo o minería ilegal, la extracción ilegal de madera, la ocupación de tierras, la caza y la pesca ilegales. El documento también registra daños a cursos de agua asociados con la minería, la expansión de monocultivos y la contaminación por agrotóxicos. Al menos 46 territorios registraron este tipo de afectaciones. El caso de la Tierra Indígena Sararé, en Mato Grosso, es presentado como un ejemplo de la persistencia de las invasiones. El informe señala que, incluso después de operaciones de desintrusión, los invasores regresaron a algunos territorios, evidenciando la necesidad de contar con estructuras permanentes de fiscalización y protección.

La defensa de los pueblos como misión

El cardenal Leonardo Steiner agradeció a la CNBB por acoger nuevamente el lanzamiento del informe y ponderó el trabajo de los misioneros y misioneras que participan en la recopilación de información en los territorios. “Son muchos misioneros y misioneras que recogen estos datos, registran las muertes, las violencias, el avance sobre los territorios y que después son sistematizados”.

Para el arzobispo de Manaos, el informe permite ofrecer a la sociedad elementos que ayuden a reconocer el valor y la dignidad de los pueblos indígenas. En su intervención, recordó una conversación que mantuvo con el entonces presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ayres Britto, a propósito del proceso de demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Según relató, el magistrado le dijo: “Yo voté a favor de la posesión de Serra do Sol porque descubrí que había un pueblo. Eran pueblos los que estaban allí”.

El cardenal Steiner considera que esa afirmación ayuda a comprender la misión del CIMI: acompañar a los pueblos indígenas para que puedan conservar sus territorios, culturas y lenguas. “Estamos al servicio de los pueblos indígenas, para que continúen siendo pueblo, tengan su espacio, su territorio, puedan cultivar su cultura, puedan continuar con su lengua, puedan ser esa presencia indígena en la cultura brasileña”, precisó.

Publicación que documenta también la violencia por omisión

Una de las categorías del informe analiza la violencia por omisión del poder público, que incluye situaciones relacionadas con la falta de atención en áreas como educación, salud, seguridad y acceso a políticas públicas.

En el ámbito educativo, por ejemplo, el documento registra comunidades que enfrentaron dificultades para garantizar transporte escolar, infraestructura adecuada y políticas permanentes para la contratación y valorización de profesores indígenas.

También se documentan situaciones de vulnerabilidad de indígenas privados de libertad, entre ellas dificultades relacionadas con el acceso a intérpretes y la falta de adecuación de los procedimientos judiciales a las realidades culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.

El informe dedica además un capítulo específico a los pueblos indígenas libres o en aislamiento voluntario, y advierte sobre los riesgos que enfrentan debido a la invasión de sus territorios, el garimpo y otros impactos ambientales. En 2025 se registraron 40 casos de invasiones, explotación de recursos naturales o daños al patrimonio en 20 tierras indígenas con presencia de pueblos aislados.

“Que la violencia no se naturalice”

Desde su presentación, el CIMI insistió en que su propósito es denunciar las violencias, movilizar a la sociedad y llamar a las instituciones responsables a adoptar medidas para garantizar la protección de los pueblos indígenas.

El lanzamiento estuvo acompañado por la presencia de representantes de los pueblos Guaraní Kaiowá, Terena, Kikininal, Ava Guaraní, Mura, Manoki y Xavante, entre otros. La participación indígena dio un significado particular a la presentación de un informe que, más allá de sus cifras, quiere hacer visibles las experiencias de quienes viven diariamente las consecuencias de la violencia territorial, social y ambiental.

Las palabras del cardenal Spengler durante la presentación del informe adquieren mayor relevancia: detrás de cada dato hay “rostros”, “familias” y “comunidades”. Y detrás de cada territorio en disputa hay pueblos que reclaman el derecho a vivir, preservar su cultura y continuar habitando sus tierras.