Guatemala, Israel y Gaza (II) La memoria como responsabilidad ética ante Gaza

La primera parte de esta reflexión mostró que la memoria del genocidio contra los pueblos mayas no constituye únicamente un deber hacia el pasado. También establece una responsabilidad ética frente a las tragedias del presente y obliga a revisar críticamente la relación histórica entre Guatemala e Israel. A partir de esa convicción, esta segunda parte amplía la mirada hacia el escenario internacional.

Gaza frente al espejo de la historia

El pasado 23 de junio de 2026, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos uno de los informes más graves publicados desde el inicio de la guerra en Gaza.

Sus conclusiones estremecen. El documento sostiene que las autoridades israelíes cometieron actos que constituyen genocidio, además de documentar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina. Entre sus hallazgos figura el asesinato deliberado de miles de niños, así como ataques contra escuelas, hospitales y otros bienes protegidos por el derecho internacional.

Paralelamente, la Corte Internacional de Justicia continúa conociendo la demanda presentada por Sudáfrica en aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, mientras la Corte Penal Internacional ha impulsado actuaciones contra altos responsables israelíes por presuntos crímenes internacionales.

El panorama jurídico internacional dista mucho de ser una simple controversia política. Estamos ante acusaciones de la mayor gravedad contempladas por el sistema internacional contemporáneo. Y, sin embargo, mientras el mundo debate estas responsabilidades, Guatemala mantiene una posición que resulta vergonzosa y desconcertante.

Mientras Gaza era reducida a escombros y crecían las denuncias internacionales, el Ejército de Guatemala mantuvo contratos superiores a ochenta millones de quetzales con empresas israelíes como Elbit Systems y Marom Dolphin, dos compañías estrechamente vinculadas al complejo industrial de defensa israelí.

Los contratos son públicos. También sus montos. No estamos ante una hipótesis, sino ante decisiones estatales adoptadas mientras la comunidad internacional investigaba la posible comisión de uno de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, fue categórica al pedir a los Estados revisar y suspender las relaciones militares y económicas que pudieran contribuir a prolongar la situación denunciada por los organismos internacionales.

¿Qué responsabilidad tiene un Estado que conoce en carne propia el significado del genocidio cuando decide mantener relaciones militares con otro Estado sometido a investigaciones internacionales por ese mismo crimen? La respuesta ya no depende únicamente de la legalidad de los contratos. Depende también de la coherencia moral con que un país interpreta su propia memoria histórica.

Es precisamente en este punto donde aparece una dimensión más amplia del problema. Las decisiones del Gobierno de Israel no pueden comprenderse aisladamente. Forman parte de una arquitectura internacional de poder, protección diplomática, intereses estratégicos e impunidad política que ha debilitado gravemente la autoridad del derecho internacional. Comprender este hecho resulta indispensable para entender por qué la tragedia de Gaza continúa desarrollándose ante los ojos del mundo.

La arquitectura internacional de la impunidad

Los genocidios nunca ocurren en el vacío. Necesitan armas, financiación, aliados y gobiernos dispuestos a mirar hacia otro lado. Necesitan también un relato capaz de presentar a las víctimas como una amenaza y a los verdugos como defensores de la civilización.

Así ocurrió en Guatemala, en Ruanda y en Bosnia. Cambian los contextos históricos, pero se repiten los mecanismos: deshumanización de las víctimas, legitimación ideológica de la violencia y protección política de los responsables. La tragedia palestina vuelve a confrontarnos hoy con esa misma lógica. Las guerras terminan. La impunidad suele permanecer mucho más tiempo.

La experiencia histórica demuestra, además, que esa impunidad rara vez se distribuye de manera uniforme. El derecho internacional suele enfrentarse al desafío del doble rasero: una justicia rigurosa para los Estados débiles y una aplicación mucho más vacilante cuando están implicadas grandes potencias o sus principales aliados.

Reducir la tragedia de Gaza a las decisiones del gobierno de Benjamín Netanyahu impediría comprender el problema en toda su profundidad. Detrás de la devastación existe una compleja red de intereses políticos, económicos, militares y diplomáticos que durante décadas ha sostenido la ocupación, favorecido la expansión de los asentamientos y debilitado la capacidad efectiva del derecho internacional para hacer cumplir sus propias normas. Esa misma estructura ayuda también a comprender la posición adoptada por Guatemala.

El sionismo de Estado como proyecto político

Antes de continuar es imprescindible realizar una precisión conceptual. Con la expresión "sionismo de Estado" no aludimos a una tradición religiosa ni a la identidad del pueblo judío. Nos referimos a una determinada concepción del poder estatal que, especialmente durante las últimas décadas, ha identificado la seguridad nacional con la expansión territorial, la ocupación permanente, la supremacía militar y la excepcionalidad frente al derecho internacional.

Desde esa lógica, la fuerza deja de concebirse como un recurso excepcional para convertirse en un instrumento ordinario de gobierno; la ocupación se normaliza, los asentamientos se expanden, el derecho internacional aparece como un obstáculo y toda crítica corre el riesgo de ser descalificada como amenaza existencial o confundida, injustamente, con antisemitismo.

Precisamente porque el antisemitismo continúa siendo una realidad moralmente intolerable, resulta indispensable distinguirlo de la crítica legítima a las decisiones de un Estado. Confundir ambos planos no protege al pueblo judío; debilita el debate democrático y dificulta la defensa universal de los derechos humanos. La memoria del Holocausto exige ser honrada. La dignidad del pueblo palestino exige ser defendida. Ambas responsabilidades no sólo son compatibles: se reclaman mutuamente.

El verdadero desafío consiste en transformar la memoria en un principio ético universal. Como ha señalado Tzvetan Todorov, la memoria puede encerrarse en sí misma o convertirse en una memoria ejemplar: aquella que, sin olvidar el sufrimiento propio, permite reconocer el sufrimiento de los demás y actuar para impedir que vuelva a repetirse.

El trumpismo y la erosión del derecho internacional

La convergencia entre el gobierno israelí y la administración de Donald Trump marcó un punto de inflexión. El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el respaldo diplomático permanente, el uso reiterado del veto en el Consejo de Seguridad y el mantenimiento de una estrecha cooperación militar reforzaron una determinada concepción de la orden internacional basada en la primacía de la fuerza sobre el consenso jurídico multilateral. Se trató de la convergencia entre dos visiones del orden internacional.

El trumpismo expresó una profunda desconfianza hacia el multilateralismo, relativizó el papel de las instituciones internacionales y privilegió relaciones de poder basadas en la fuerza y en la negociación bilateral por encima de las normas comunes.

Cuando esa visión converge con una política estatal que considera secundarias las limitaciones impuestas por el derecho internacional humanitario, el resultado es un progresivo debilitamiento del sistema jurídico construido después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para impedir que los grandes crímenes contra la humanidad quedaran impunes.

Lo que hoy está en juego trasciende el destino de Gaza. Está en juego la credibilidad misma del derecho internacional. Cuando la razón de Estado termina imponiéndose sistemáticamente sobre el derecho, las normas internacionales dejan de constituir límites efectivos al poder y corren el riesgo de convertirse en simples declaraciones de principios.

Porque si las normas obligan únicamente a los Estados débiles, mientras las grandes potencias y sus aliados permanecen prácticamente inmunes, el sistema jurídico internacional deja de ser un orden basado en el derecho para convertirse en una relación de poder..

La industria de la guerra

Existe un actor cuya responsabilidad suele permanecer en segundo plano: la industria militar. Las guerras contemporáneas no sólo producen destrucción; generan también enormes beneficios económicos mediante el desarrollo y la comercialización de tecnologías de vigilancia, inteligencia, armamento y control territorial. Por ello, ningún contrato de defensa firmado en medio de un conflicto sometido al escrutinio del derecho internacional puede considerarse políticamente neutro.

Cada uno plantea una pregunta ética ineludible: ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad de quienes continúan abasteciendo estructuras militares investigadas por graves violaciones de los derechos humanos? La historia demuestra que muchas decisiones perfectamente legales terminaron siendo profundamente inmorales.

La legalidad nunca agota la responsabilidad ética. La historia del siglo XX ofrece demasiados ejemplos de atrocidades ejecutadas bajo apariencias de estricta legalidad.

Guatemala dentro de esa arquitectura

Es en este contexto donde adquiere su verdadera dimensión la política exterior del gobierno de Bernardo Arévalo.

El problema no consiste únicamente en la continuidad de los contratos militares con empresas israelíes. Ni únicamente en mantener la embajada guatemalteca en Jerusalén. Ni siquiera en evitar la palabra "genocidio" cuando diversos organismos internacionales emplean esa categoría para calificar o investigar los hechos.

El problema es más profundo. Cada una de esas decisiones sitúa a Guatemala dentro de una arquitectura internacional de poder que privilegia los intereses estratégicos sobre la memoria histórica, la conveniencia diplomática sobre la coherencia ética y la prudencia política sobre la defensa inequívoca de la dignidad humana.

Y esa contradicción resulta especialmente dolorosa porque procede de un país que conoce, quizá como pocos, el costo humano de la indiferencia internacional.

Guatemala no es un observador cualquiera. Es un sobreviviente de la historia. Precisamente porque conoce el precio de la indiferencia internacional, Guatemala está llamada a ejercer una política exterior inspirada menos por la razón de Estado que por la autoridad moral que nace de su propia memoria histórica. Precisamente por eso su silencio pesa mucho más que el de otros Estados.

Bernardo Arévalo ante el juicio de la historia

La política exterior de un país nunca es un asunto exclusivamente diplomático. Es también una declaración sobre los valores que una nación decide defender cuando la historia la pone a prueba.

Bernardo Arévalo llegó a la Presidencia ofreciendo una política exterior comprometida con la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento del derecho internacional. Muchos esperaban que Guatemala recuperara la autoridad moral que había ido perdiendo durante las últimas décadas y que, finalmente, corrigiera decisiones profundamente cuestionadas, como el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, realizado en 2018 por el gobierno de Jimmy Morales, en abierta ruptura con el consenso internacional y en sintonía con la política impulsada por la administración Trump.

Hasta ahora, esa rectificación no ha llegado. Ni llegará en el año y medio que le queda, pues pasará a la historia por flojo y tibio. La ciudadanía le creyó y él lamentablemente la traicionó. La embajada continúa en Jerusalén. Los contratos militares con empresas israelíes continúan vigentes.

Y, ante las gravísimas denuncias formuladas por organismos internacionales, el discurso oficial sigue refugiándose en expresiones como "llamado a una solución pacífica", "profunda preocupación" o "conflicto", evitando pronunciar una palabra que Guatemala conoce demasiado bien: genocidio.

Naturalmente, corresponde a los tribunales internacionales establecer las responsabilidades penales individuales y continuar los procedimientos abiertos. Pero corresponde también a los Estados adoptar decisiones políticas y éticas coherentes con los principios que afirman defender.

La neutralidad nunca es completamente neutral. Especialmente cuando las víctimas siguen muriendo.

La historia demuestra que los grandes crímenes contra la humanidad no fueron posibles únicamente por la acción de quienes dispararon las armas. También fueron posibles por el silencio de quienes pudieron hablar y decidieron callar.

Guatemala conoce esa lección mejor que casi cualquier otro país. Precisamente por eso resulta incomprensible que su voz permanezca hoy tan tenue en uno de los debates humanitarios más decisivos de nuestro tiempo.

La voz profética que la Iglesia no puede silenciar

La memoria constituye una categoría profundamente bíblica. Israel aprendió a ser pueblo recordando la esclavitud de Egipto.

Los profetas denunciaron una y otra vez a quienes construían la paz sobre la injusticia, sacrificaban a los pobres en el altar del poder o convertían la religión en coartada para la opresión.

"¡Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien!", clama Isaías. Amós denuncia a quienes venden "al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias". Y Jesús lleva esa tradición profética hasta su máxima expresión cuando identifica su propia persona con quienes padecen hambre, sed, persecución o prisión: "Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron".

El Evangelio no pregunta primero por la nacionalidad de las víctimas. Pregunta por nuestra capacidad de reconocer en ellas el rostro del Crucificado.

La Doctrina Social de la Iglesia ha recordado insistentemente que la paz no puede edificarse sobre la negación de la justicia ni sobre la indiferencia frente al sufrimiento humano. Desde Gaudium et Spes hasta el magisterio reciente de los papas Francisco y León XIV, la Iglesia ha insistido en que el respeto al derecho internacional, la protección de la población civil y la dignidad inviolable de toda persona constituyen exigencias irrenunciables de la conciencia cristiana.

Por eso la memoria del genocidio guatemalteco no puede convertirse únicamente en un ejercicio conmemorativo. Debe transformarse en una responsabilidad moral frente a todas las víctimas de la historia.

Recordar a los mártires de la Iglesia, de los pueblos mayas y de las organizaciones sociales y sindicales  mientras permanecemos indiferentes ante el sufrimiento de otros pueblos vaciaría de contenido la memoria que decimos honrar.

La memoria auténtica nunca selecciona a las víctimas según su nacionalidad, su religión o su utilidad política. Las reconoce porque todas poseen la misma dignidad. La tradición bíblica recuerda constantemente que Dios escucha el clamor de toda víctima y no únicamente el de un pueblo determinado. La memoria creyente deja de ser fiel al Evangelio cuando absolutiza el dolor propio e ignora el sufrimiento ajeno. Solo una memoria abierta al otro puede convertirse verdaderamente en camino de reconciliación y de paz.

La memoria juzgará nuestro silencio

Hace apenas unos días, los familiares de San Martín Jilotepeque caminaron lentamente entre las tumbas llevando en sus manos los pequeños ataúdes que aguardaron cuarenta y cuatro años para recibir sepultura.

Cada caja contenía mucho más que unos restos humanos. Contenía una pregunta dirigida a Guatemala. ¿Para qué sirve recordar nuestros propios genocidios si permanecemos indiferentes cuando otros pueblos denuncian el suyo?

Las generaciones futuras no juzgarán únicamente a quienes ordenaron bombardear hospitales, destruir escuelas o convertir a la población civil en objetivo militar. También preguntarán qué hicieron los gobiernos que contemplaban aquellos acontecimientos desde la distancia.

Preguntarán quiénes continuaron firmando contratos militares. Quiénes mantuvieron privilegios diplomáticos. Quiénes prefirieron el lenguaje de los eufemismos al deber de llamar las cosas por su nombre.

Y preguntarán igualmente qué hicieron las Iglesias. Si permanecieron cómodamente instaladas en una prudencia estéril o si, fieles a la tradición de los profetas, levantaron la voz para defender la dignidad de toda vida humana.

Porque el verdadero juicio de la historia no se pronuncia únicamente sobre los verdugos. También alcanza a los espectadores. Guatemala conoce demasiado bien esa verdad.

Cada vez que una comunidad abre una fosa clandestina, cada vez que una madre identifica los restos de un hijo desaparecido, cada vez que un pequeño ataúd vuelve finalmente a la tierra, la memoria nos recuerda que el genocidio no comienza con las fosas comunes. Comienza mucho antes. Comienza cuando aceptamos que unas vidas valen menos que otras. Y termina de consumarse cuando quienes podrían hablar eligen guardar silencio.

La memoria de Guatemala —forjada entre cruces, osamentas, comunidades arrasadas y sobrevivientes que aún esperan justicia— no puede convertirse en un simple homenaje al pasado. Debe ser una voz profética para el presente.

Porque un pueblo que ha conocido el horror adquiere una responsabilidad ante toda la humanidad: ponerse siempre del lado de las víctimas, defender sin ambigüedades la dignidad de toda persona y recordar al mundo que ningún interés geopolítico, ninguna alianza militar y ninguna razón de Estado pueden justificar jamás el exterminio de un pueblo.

La memoria solo es moralmente fecunda cuando deja de ser posesión exclusiva de las propias víctimas y se convierte en una responsabilidad universal. Recordar nuestros muertos obliga también a reconocer los muertos de los demás. De lo contrario, la memoria corre el riesgo de convertirse en un privilegio identitario y pierde su fuerza liberadora.

Solo así la memoria deja de ser recuerdo. Y se convierte en esperanza.