El cambio en el delito de malversación que planteaba ERC para rematar la política de reducción de penas a los independentistas se abre paso en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nunca cerró del todo la puerta a esta posibilidad, pese a las críticas que genera no solo en la oposición, sino también en sectores del PSOE, ha dejado este martes muy claro en el Congreso que está dispuesto a aceptar esta reforma si ERC la plantea el viernes en una de las enmiendas que registrarán todos los grupos a la reforma del delito de sedición. Esta modificación legal es otro de los puntales, con los indultos a los líderes del procés, de una política del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que busca cerrar definitivamente la etapa del proceso independentistaen Cataluña y sus consecuencias políticas y judiciales para iniciar una nueva de entendimiento. El presidente también ha abierto la puerta a hacer “ajustes técnicos” en la ley del solo sí es sí.

Durante una conversación informal con periodistas tras el acto de conmemoración del 44º aniversario de la Constitución Española, Sánchez se ha mostrado dispuesto a valorar las enmiendas de ERC a la reforma del delito de sedición que se tramita en el Congreso y que incluyan propuestas de modificación del delito de malversación, siempre que estos cambios no supongan rebajas de penas a los condenados por corrupción. Este es el gran problema que genera esta reforma y que ha provocado el rechazo en sectores del PSOE y muchas dudas en otros grupos de la mayoría que sustenta al Gobierno. Mientras la sedición solo afecta a los independentistas procesados, porque nunca se ha usado este delito, la malversación se utiliza a diario para condenar a corruptos de todo tipo. La pregunta clave tiene difícil respuesta: ¿cómo reducir las penas por malversación sin que eso ayude a los corruptos que están condenados por este delito y por tanto, abra la puerta a revisiones de penas a la baja para estos delincuentes? Sánchez no ha querido aclarar cómo se hará, y ha pedido esperar a las enmiendas del viernes, pero ha dejado claro que hay que “mirar el derecho comparado” de otros países para entender cuál sería la solución.

Otras fuentes del Gobierno han aclarado después que para entender cuál es la reforma que está encima de la mesa de ERC y del Ejecutivo hay que mirar los códigos penales de Alemania, Francia, Italia o Portugal, donde se hacen diferencias más claras entre los delitos de malversación cuando hay lucro personal o cuando no lo hay. Especialmente los tres últimos.

La idea que siempre defendió ERC, y ahora parece haber asumido el Gobierno, es que los procesados por malversación por el procés no tuvieron lucro, y por tanto, no pueden enfrentarse a condenas tan altas como las de un corrupto. En el entorno del líder de ERC, Oriol Junqueras, hay varios cargos clave procesados por malversación por haber utilizado fondos públicos para promover un referéndum ilegal, y es precisamente este tipo de comportamientos el que la enmienda de los republicanos, que el Gobierno está dispuesto a estudiar, diferenciará con unas penas más bajas frente a los responsables públicos que sí se han lucrado personalmente con la corrupción. Hace dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó la apertura de juicio oral contra Josep Maria Jové, ‘mano derecha’ de Junqueras durante el procés, y Lluís Salvador, exsecretario de Hacienda, acusados de prevaricación, malversación, desobediencia y revelación de secretos. Y son estos cargos intermedios el origen del problema político que tiene ERC y que ha llevado a esta negociación con el Gobierno.

El entorno de Sánchez señala que la reforma del PP en 2015, que se hizo precisamente para endurecer las penas por corrupción en plena crisis del caso Gürtel, derivó en que no haya apenas diferencias entre la malversación con lucro personal y sin él. Y ese es el espacio que ahora están buscando el Gobierno y ERC para cambiar las penas por malversación, pero sin que eso suponga beneficiar a lo que el Ejecutivo entiende como corruptos, esto es los que se han lucrado, una línea muy fina y difícil de trazar jurídicamente, porque también hay condenas por corrupción sin lucro propio, por ejemplo los casos en los que se han destinado las comisiones a financiar a un partido.

El Gobierno asegura que esta reforma no afectaría directamente al socialista José Antonio Griñán, el expresidente de Andalucía, condenado a seis años por malversación en el caso de los ERE. Sin embargo, parece un caso claro en el que no hay lucro propio. Los detalles solo se conocerán cuando se registren las enmiendas de ERC y el PSOE y Unidas Podemos fijen su posición. Para sacarlas adelante necesitarán el concurso de otros grupos de la mayoría, que también mostraron sus reticencias, así que aún queda mucho recorrido para ver aprobada la reforma.

Varios barones socialistas han expresado en público y en privado su temor a que tocar la malversación pueda suponer que algunos corruptos pidan revisiones de penas acogiéndose a esa reforma, algo que sería políticamente demoledor, según ellos. Pero Sánchez y su equipo apuntan a que encontrarán una fórmula para que eso no suceda.

Sánchez ha insistido varias veces en que “no va a haber ningún retroceso en la lucha contra la corrupción”, esa es la línea roja. Pero el presidente ha dejado muy claro que está dispuesto a reformar la malversación, algo que beneficiaría a los procesados independentistas, porque entiende esta decisión como el final de un proceso político. “Heredamos una situación muy compleja en Cataluña. Dimos pasos muy importantes con las medidas de gracia [los indultos] y con esto [la reforma de la sedición y la malversación] vamos a abrir definitivamente una nueva etapa en Cataluña, más política”.

Sánchez asegura que aunque el PP y Vox le critiquen mucho por este tipo de decisiones, va a convertir su política en Cataluña en un activo electoral. “Hemos logrado normalizar la situación en Cataluña, ya no hay nadie que incumpla la Constitución y la legalidad allí. La situación ha mejorado mucho y vamos a reivindicar eso como un activo político”, ha insistido Sánchez.

Al conocer por los periodistas la posición del jefe del Ejecutivo, una persona del entorno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en los mismos corrillos que “[Gabriel] Rufián es el mayor penalista de España”. Esta misma fuente ha añadido: “Esto no es propio de una democracia”. Sánchez, por el contrario, cree que estas críticas del PP solo sirven para alimentar a Vox. “Ya vimos en 2019 qué pasó con las calles de Barcelona incendiadas, el máximo beneficiario fue Vox. Creo que el PP se equivoca, no tienen proyecto político para España”, ha insistido.

El PSOE y Unidas Podemos también van a presentar enmiendas a su propia propuesta de reforma de la sedición, para perfilar bien el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y evitar que pueda servir para limitar el derecho a la protesta, como temen algunos sindicatos y colectivos sociales de lucha contra los desahucios, por ejemplo. Las enmiendas tratarán de acotar bien el nuevo delito de desórdenes públicos agravados para que sirva para castigar un levantamiento como el del procés, que es el objetivo real, pero no para penar protestas tensas en una huelga o en un intento de frenar un desahucio, por ejemplo.

“Ajustes técnicos en la ‘ley del solo sí es sí”

Sánchez también ha abierto la puerta a hacer “ajustes técnicos” en la ley del solo sí es sí, aunque ha insistido en que es una “buena ley”. El presidente ha defendido en todo momento la reforma, pero ha explicado que si la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre revisión de penas, la del caso Arandina, da finalmente la razón a los que creen que es correcto rebajar penas por la aplicación de la nueva norma, se podría abrir la posibilidad de esos ajustes técnicos que no ha especificado. La sentencia aún no ha sido publicada y en el Gobierno están esperando a ver los argumentos. Desde Igualdad, el ministerio dirigido por Irene Montero y máximo promotor de la ley, señalan sin embargo que han estudiado a fondo todas las posibilidades y no le ven sentido a retocar la ley, porque creen que el problema es la interpretación que hacen algunos jueces y no la norma.

El presidente también hizo una apelación a la unidad en la coalición y en especial dentro de Unidas Podemos, ante la tensión evidente entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. “La amenaza de un Gobierno del PP con Vox es real. Se puede retroceder en todas las conquistas logradas con el Gobierno de coalición progresista estos cuatro años. Ante esa amenaza, cualquier discrepancia interna es un asunto menor”, ha señalado Sánchez. El líder del PSOE se ha mostrado optimista ante las perspectivas políticas de la coalición siempre que se mantenga esta unidad, tal como señalaba la encuesta de EL PAÍS. “En agosto se decía que la economía se iba a hundir en otoño, que habría manifestaciones en las calles. Estamos en diciembre y los datos de paro son buenos, tenemos la inflación más baja de la zona euro, y el PSOE desde el verano no para de subir en las encuestas”, ha rematado.