En defensa propia de España y nuestra
Santiago Trancón Pérez: A quién votaría + Antonio Robles: A quién no votaría
| Salvador García Bardón
Desde el punto de vista ético y deontológico me enoja como enoja a millones de mis Compatriotas y entre ellos al ejemplar partido constitucionalista Centro Izquierda De España dCIDE, el mendaz socialismo de Pedro Sánchez, cuyo populismo, motejado como "sanchismo", comete el agravio de privatizar los méritos de la izquierda democrática española al proclamar de sí mismo: "somos la izquierda".
Encontramos en las publicaciones más recientes de dCIDE los principios generales y aplicables de un código deontológico del elector Español en abril y mayo de 2019.
Agradezco a Santiago Trancón Pérez los principios de "A quién votaría" y a Antonio Robles Almeida los principios de "A quién no votaría"
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Salvador García Bardón,
especialista en ética, en deontologías de la comunicación y en semántica lingüística.
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A quién votaría
Voy a mojarme y, a volapié, decir a quién votaría, colocando el estoque en la cruz del morlaco de la política, hoy perdido en el ruedo y con los tendidos en pleno desconcierto, no sabiendo si silbar o agitar los pañuelos blancos. No veo ningún partido que hable claramente de todo esto, razón de más para expresar mis deseos, taurinos por utópicos, o al revés. Así que votaría (el orden no importa):
→ A quien presentara un plan para sostener y aumentar las pensiones estableciendo esta partida presupuestaria como prioritaria e irrenunciable.
→ A quien persiguiera implacablemente el fraude fiscal, la evasión de capitales, el dinero negro de la prostitución y el narcotráfico, la corrupción y malversación de fondos públicos o su empleo para la propaganda separatista.
→ A quien impidiera los salarios de miseria, el trabajo no remunerado y los horarios fuera de contrato, los trabajos precarios y temporales no justificados, la discriminación laboral por cualquier motivo, el maltrato y abuso de mujeres, jóvenes o inmigrantes.
→ A quien promoviera la sustitución del actual sistema autonómico por otro más eficaz y menos costoso, que respete el principio de igualdad de todos los españoles.
→ A quien se propusiera la eliminación de las policías autonómicas, unificando de modo jerarquizado la tarea de todos los cuerpos y fuerzas seguridad del Estado.
→ A quien quisiera reformar la Constitución para que quedaran fuera de la ley los partidos que propugnan la fragmentación o destrucción de la nación española; eliminar cualquier referencia a derechos históricos, privilegios forales o blindaje de competencias contrarias a la unidad e igualdad entre todos los españoles.
→ A quien defendiera y regulara un mercado unificado, anulando las disposiciones que lo impiden, laborales y fiscales, facilitando la movilidad geográfica y social y el acceso a la función pública en igualdad de condiciones en toda España.
→ A quien se comprometiera a acabar con la producción, la importación y el mercado de las falsificaciones y la economía sumergida.
→ A quien promoviera de verdad una economía sostenible y el avance de las energías renovables, especialmente la energía solar, tanto en la actividad productiva como en la economía doméstica, así como la eliminación y control de los residuos plásticos y contaminantes.
→ A quien se propusiera reformar la Agencia Tributaria eliminando las normas abusivas que rigen su funcionamiento, estableciendo un único sistema tributario y de control en toda España.
→ A quien revisara el actual corpus legislativo, eliminando aquello que no fuera estrictamente necesario y basado en la defensa del orden y bien común, regulando con mayor claridad, al mismo tiempo, la actividad de las entidades bancarias, la construcción, la defensa del medio ambiente y las costas, el patrimonio natural, artístico y religioso, etc., ámbitos en los que el Estado debe actuar por encima de cualquier interés particular.
→ A quien se comprometiera a revisar todas las ayudas, subvenciones, desgravaciones y exenciones fiscales (incluidos partidos, sindicatos, asociaciones, etc.), eliminando aquellas que no tuvieran una justificación social, así como los organismos públicos o semipúblicos que no acrediten su contribución al bien común.
→ A quien defienda el derecho a recibir toda la enseñanza en español en todos los niveles educativos y en cualquier lugar de España.
→ A quien impida la imposición monolingüe del vasco, el catalán, el gallego o cualquier otra lengua distinta del español en la administración, la vida pública y la comunicación de los ciudadanos, eliminando cualquier norma contraria al principio de libertad de elección lingüística en el ámbito público y privado.
→ A quien suprima cualquier privilegio económico y fiscal de las organizaciones religiosas, así como la enseñanza específica de cualquier religión en las escuelas públicas, incluyendo, sin embargo, el conocimiento de las religiones de acuerdo a su importancia histórica y cultural.
→ A quien defienda objetivamente la historia de España y luche contra la leyenda negra y la difusión de las mentiras y tergiversaciones nacionalistas, impidiendo cualquier adoctrinamiento supremacista y xenófobo en la enseñanza.
→ A quien respete la diversidad étnica, religiosa, sexual, lingüística y cultural, pero que no la use como arma política e ideológica, ni convierta la identidad personal en un derecho regulado por normas contrarias al principio de igualdad.
→ A quien promoviera una verdadera unión ibérica con Portugal en todos los ámbitos, respetando la soberanía.
→ A quien defendiera los Estados Unidos de Europa, no cediendo, sino compartiendo soberanía y promoviendo un modelo social basado en los valores de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia, capaz de impedir el avance de ideologías populistas, racistas y totalitarias, así como la lucha contra el fanatismo religioso, el islamismo terrorista y el antisemitismo.
→ A quien presentara un plan para sostener y aumentar las pensiones estableciendo esta partida presupuestaria como prioritaria e irrenunciable.
→ A quien persiguiera implacablemente el fraude fiscal, la evasión de capitales, el dinero negro de la prostitución y el narcotráfico, la corrupción y malversación de fondos públicos o su empleo para la propaganda separatista.
→ A quien impidiera los salarios de miseria, el trabajo no remunerado y los horarios fuera de contrato, los trabajos precarios y temporales no justificados, la discriminación laboral por cualquier motivo, el maltrato y abuso de mujeres, jóvenes o inmigrantes.
→ A quien promoviera la sustitución del actual sistema autonómico por otro más eficaz y menos costoso, que respete el principio de igualdad de todos los españoles.
→ A quien se propusiera la eliminación de las policías autonómicas, unificando de modo jerarquizado la tarea de todos los cuerpos y fuerzas seguridad del Estado.
→ A quien quisiera reformar la Constitución para que quedaran fuera de la ley los partidos que propugnan la fragmentación o destrucción de la nación española; eliminar cualquier referencia a derechos históricos, privilegios forales o blindaje de competencias contrarias a la unidad e igualdad entre todos los españoles.
→ A quien defendiera y regulara un mercado unificado, anulando las disposiciones que lo impiden, laborales y fiscales, facilitando la movilidad geográfica y social y el acceso a la función pública en igualdad de condiciones en toda España.
→ A quien se comprometiera a acabar con la producción, la importación y el mercado de las falsificaciones y la economía sumergida.
→ A quien promoviera de verdad una economía sostenible y el avance de las energías renovables, especialmente la energía solar, tanto en la actividad productiva como en la economía doméstica, así como la eliminación y control de los residuos plásticos y contaminantes.
→ A quien se propusiera reformar la Agencia Tributaria eliminando las normas abusivas que rigen su funcionamiento, estableciendo un único sistema tributario y de control en toda España.
→ A quien revisara el actual corpus legislativo, eliminando aquello que no fuera estrictamente necesario y basado en la defensa del orden y bien común, regulando con mayor claridad, al mismo tiempo, la actividad de las entidades bancarias, la construcción, la defensa del medio ambiente y las costas, el patrimonio natural, artístico y religioso, etc., ámbitos en los que el Estado debe actuar por encima de cualquier interés particular.
→ A quien se comprometiera a revisar todas las ayudas, subvenciones, desgravaciones y exenciones fiscales (incluidos partidos, sindicatos, asociaciones, etc.), eliminando aquellas que no tuvieran una justificación social, así como los organismos públicos o semipúblicos que no acrediten su contribución al bien común.
→ A quien defienda el derecho a recibir toda la enseñanza en español en todos los niveles educativos y en cualquier lugar de España.
→ A quien impida la imposición monolingüe del vasco, el catalán, el gallego o cualquier otra lengua distinta del español en la administración, la vida pública y la comunicación de los ciudadanos, eliminando cualquier norma contraria al principio de libertad de elección lingüística en el ámbito público y privado.
→ A quien suprima cualquier privilegio económico y fiscal de las organizaciones religiosas, así como la enseñanza específica de cualquier religión en las escuelas públicas, incluyendo, sin embargo, el conocimiento de las religiones de acuerdo a su importancia histórica y cultural.
→ A quien defienda objetivamente la historia de España y luche contra la leyenda negra y la difusión de las mentiras y tergiversaciones nacionalistas, impidiendo cualquier adoctrinamiento supremacista y xenófobo en la enseñanza.
→ A quien respete la diversidad étnica, religiosa, sexual, lingüística y cultural, pero que no la use como arma política e ideológica, ni convierta la identidad personal en un derecho regulado por normas contrarias al principio de igualdad.
→ A quien promoviera una verdadera unión ibérica con Portugal en todos los ámbitos, respetando la soberanía.
→ A quien defendiera los Estados Unidos de Europa, no cediendo, sino compartiendo soberanía y promoviendo un modelo social basado en los valores de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia, capaz de impedir el avance de ideologías populistas, racistas y totalitarias, así como la lucha contra el fanatismo religioso, el islamismo terrorista y el antisemitismo.
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A quién no votaría
por dCIDE Centro Izquierda De España
Antonio Robles, portavoz de dCIDE.
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“Nunca antes unas elecciones fueron tan decisivas para el futuro de España. Ya nadie duda que, si Sánchez logra alcanzar la presidencia con los votos nacionalistas catalanes y batasunos, la quiebra de la nación como espacio común de igualdad de todos los españoles será inevitable. Puede que inicialmente no se fracture territorialmente, pero la confederación que le seguirá legitimará todas las exclusiones que actualmente ya se dan en los territorios gobernados por los nacionalistas; y a la vuelta de una década, la consolidación de las asimetrías convertirán a España en un Reino de Taifas, enfrentado y sin peso alguno en Europa:
→ Ni lengua común, ni respeto alguno a la cultura y a la historia españolas.
→ Las escuelas se habrán convertido en madrazas legalmente, los medios de comunicación en correctores de la verdad histórica, y los requisitos laborales, los de las nuevas naciones.
→ Las fronteras mentales interiores serán peores que las aduanas de metal.
→ Nadie defenderá a las minorías españolas atrapadas en esas nuevas naciones, ningún Tribunal Supremo corregirá abusos jurídicos a consecuencia de la atomización de la Justicia, ni habrá un corrector del Estado Social y Democrático de Derecho de una España descuartizada emocionalmente. § Todo puede pasar el 28 de abril. Pero nada volverá a ser como antes”
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Antonio Robles
En defensa propia
2019-04-26
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Hasta la impostura tiene límites. Desgraciadamente, Pedro Sánchez los ha roto todos.
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La democracia tiene un problema de origen, el populismo. Arengar al pueblo irresponsablemente con lo que quiere oír, prometer lo que desea sin atender al coste, trae réditos electorales inmediatos, pero a menudo provoca lo contrario de lo que se promete. Ese pecado original lo practica la izquierda ofreciendo lo que no tiene, y la derecha prometiendo reducir impuestos que no está en disposición de garantizar. Todo por el voto.
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De esas populachadas provienen casi todos los males que hoy aquejan a la democracia. Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión Europea, describió la fatalidad con nitidez: "Sabemos exactamente lo que debemos hacer; lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos". De ahí las promesas incumplidas, la incoherencia, la demagogia que nos asola.
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Desde la Transición del 78 para acá, hasta la impostura tiene límites.
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Desgraciadamente, Pedro Sánchez los ha roto todos. Aquellos límites no eran políticos, sino condiciones a priori de la posibilidad de toda democracia decente. Pactar con el mundo filoetarra, encamarse con golpistas y populistas, tenía una sanción social. Y tal sanción social formaba parte de los valores democráticos de la nación española. Si la moral de la vergüenza ha muerto, todo es posible. Sánchez es un peligro, no sólo para España, también para la salud de la democracia. Defendernos de su amoralidad es vital para nuestros derechos.
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Ayer por la mañana, con la resaca del debate del martes, la prensa calificaba la bronca a cuatro con el boato de un análisis de sangre. Sólo que aquí, en vez de baremar los leucocitos o el colesterol, se calificaba a los contendientes con categorías olímpicas. No se puede calificar aquello que no se puede reducir a datos verificables, contrastables. Imagínense que los partidos de fútbol los puntuaran las respectivas aficiones. No exagero, hoy en política se ha impuesto el lenguaje hooligan del fútbol, y la objetividad de sus apreciaciones es tan fiable como la puntería de un borracho.
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Viene a cuento el exabrupto porque políticos y buena parte del periodismo han perdido el poco crédito que tenían. Los primeros, porque seguramente nunca lo tuvieron;los segundos, porque en su interés por salvar a los suyos y besuquear a la audiencia han creado un ecosistema a salvo del control de los ciudadanos.
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Nadie pide objetividad en política, ni siquiera medios neutrales. No está en su naturaleza. Pero la ciudadanía tiene derecho a que no le mientan, timen o manipulen. El mejor antídoto es tener un Estado de Derecho que garantice una educación ilustrada, científica, celosa de la neutralidad ideológica y capaz de formar ciudadanos competentes, conscientes y críticos para elegir con criterio. Y como esa utopía sólo puede existir como aspiración ideal, sería conveniente que nos dotásemos de herramientas que ayuden a los ciudadanos a ser respetados, mientras tanto.
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Los efectos de la publicidad, los estudios de mercado, la propaganda y todas las infinitas formas de manipulación al servicio de los políticos han de tener una réplica científica para ser desmontados. En debates como el del martes, la ciudadanía debería tener derecho a un programa institucionalizado donde un equipo de expertos desmontara pieza a pieza, a posteriori, la tramoya de trucos que enmascaran la puesta en escena de cada uno de los candidatos. Sin miramientos, con neutralidad y solo al servicio del ciudadano.
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El VAR no ha acabado con los errores arbitrales, ni está garantizada la objetividad en todos los lances, pero los jugadores saben que, si dan un codazo violento a escondidas, la mano de Dios no les salvará.
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Los ciudadanos tenemos derecho a que las estrategias de imagen de los políticos fracasen en competencia con nuestro derecho a disponer de una información razonablemente limpia. En defensa propia.
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El estatus y elección del grupo de sabios o expertos debería añadirse a los tres poderes del Estado, porque hoy el poder mediático influye tanto en las decisiones democráticas que, en buena lid, debería tener tanta autonomía y obligaciones como los otros tres.
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