El peso, también económico, de la violencia del clero

El coste financiero causado por los abusos sexuales del clero, especialmente contra menores, corre el riesgo de convertirse en un grave problema para la Iglesia, cuando tenga que pagar, por los mismos «delitos», indemnizaciones en los países del sur del mundo que no tienen la posibilidad económica de reparar el mal cometido por sus sacerdotes.

Para iluminar la cuestión, empecemos primero por el norte del planeta. Hace ya algunos días la diócesis estadounidense de Los Ángeles (donde, de once millones de habitantes, los católicos son cuatro millones) decidió, para resolver numerosos litigios de las numerosas disputas legales, indemnizar con un total de ochocientos ochenta millones de dólares a mil trescientas cincuenta y tres personas que en el pasado han sido agredidas sexualmente por representantes del clero. Una suma impresionante que se suma a los seiscientos sesenta millones de dólares que la archidiócesis ya desembolsó en 2007 para resolver casos judiciales similares. El arzobispo José Horacio Gómez explicaba que estas grandes sumas procedían de ahorros, inversiones, préstamos y pagos realizados por órdenes religiosas y otras personas implicadas en los cargos.

"¿Hay acaso alguna diócesis en España que haya hecho públicos los gastos de las reparaciones impuestas por un tribunal civil por la violencia sexual de uno de sus sacerdotes?"

Otras diócesis estadounidenses, también debido a las mismas faltas del clero, se han declarado en quiebra por no poder hacer frente a todas las reparaciones exigidas. Situaciones que, vistas desde este lado del Atlántico, parecen surrealistas (¿hay acaso alguna diócesis en España que haya hecho públicos los gastos de las reparaciones impuestas por un tribunal civil por la violencia sexual de uno de sus sacerdotes?).

Estas premisas iluminan, por contraste, la situación en el Sur aunque, que yo sepa y hasta la fecha, allí hoy en día no parece haber estadísticas fiables sobre esos «crímenes». Pero tarde o temprano surgirán los datos; y, con ellos, el problema de la compensación económica a las víctimas. Siendo dado por sentado que, en su mayor parte, en África, Asia y América Latina el sacerdote vive modestamente, y dado que muchas diócesis (pienso, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en Filipinas, en Bolivia,…) no pueden asumir estos gastos, vuelve la pregunta: ¿quién pagará? Alta será la probabilidad de que los obispos locales recurran a la Santa Sede.

En el Sur -dado el diferente «coste» de la vida- la compensación no sería, por supuesto, tan alta como en Estados Unidos. Sin embargo, no podrían ser ni siquiera una limosna simbólica: sería una burla para las víctimas. Por ejemplo, un hecho concreto: el obispo Carlos Felipe Ximenes Belo, que en Timor Oriental gobernó la diócesis de Dili, y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1996, en los albores del año 2000 fue acusado de cometer, en su patria, violencia sexual contra menores.

Desde entonces, el Vaticano ha reconocido la legitimidad de esos «crímenes» y obligó al prelado a dimitir, haciéndole expatriarse primero a Mozambique y luego a Portugal. Pero en Dili, ¿han sido las personas violadas compensadas? ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero ya podemos vislumbrar un camino hasta ahora inimaginado, que inevitablemente cargará sobre las estructuras centrales de la Iglesia romana: pagar a las diócesis del Sur las reparaciones por la violencia sexual de su clero.

"¿Quién pagará?"