La plaza pública | Mirada ecuménica y crítica pastoral
Cuando el cargo viene grande: el decálogo personal de Luis Argüello ante el 29N
La plaza pública | Mirada ecuménica y crítica pastoral
A apenas ocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la presidencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) nos ha ofrecido una lección difícil de digerir sobre el funcionamiento interno de la comunión eclesial. Tras la negativa de la 130.ª Asamblea Plenaria a aprobar una declaración oficial sobre los comicios —al no alcanzarse el consenso ni la mayoría cualificada de los dos tercios preceptivos, después de que varios obispos advirtieran del riesgo de presentarse ante la sociedad como orientadores del voto conservador—, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha optado por publicar en su cuenta de X un «Decálogo para el bien común» como iniciativa personal.
Este proceder suscita una honda preocupación teológica y eclesial, pero sobre todo pone al descubierto la incapacidad de quien hoy ocupa una responsabilidad que le viene claramente grande. Quien ostenta la máxima representación del episcopado español no puede desdoblarse artificialmente para emitir orientaciones electorales «a título privado» cuando su propuesta ha decaído en el seno del colegio obispal. En la vida pública, y más aún en la Iglesia, el cargo imprime carácter comunicativo. Pretender que el peso de la investidura, el altavoz y la autoridad simbólica de la presidencia de la CEE no acompañan cada palabra que firma el prelado vallisoletano constituye una grave falta de respeto a la madurez del pueblo fiel, de la sociedad civil y de la propia Conferencia que legalmente encabeza, acaso como consecuencia de un lamentable error en su elección.
Presidir un órgano colegiado exige altura de miras, sentido de institución y capacidad para integrar sensibilidades distintas, cualidades de las que el actual titular parece adolecer por completo. Resulta llamativa su incoherencia: tras denunciar con solemnidad la agresividad y la polarización social en el discurso inaugural de la Plenaria, apenas cuatro días después, ante el rechazo de sus hermanos en el episcopado, impone su propio guion mediante un atajo digital. Mientras los cardenales Ricardo Blázquez y Juan José Omella mantuvieron durante quince años una prudente neutralidad, esta actuación unilateral supone una desautorización abierta del discernimiento común y demuestra que no da la talla para ejercer la moderación que exige su oficio.
Lamentablemente, este afán por tutelar las conciencias e intervenir en el debate político por cuenta propia no es un episodio aislado, sino la seña de identidad de un perfil conflictivo e inadecuado para lo que la Iglesia española necesita hoy. Responde a la misma lógica de dirigismo pastoral que ya señalé recientemente en esta misma tribuna, en mi reflexión crítica sobre la propuesta de pastoral familiar de Luis Argüello, cuando se planteó instituir matrimonios tutores encargados de aconsejar a las futuras parejas. A ello se suman otras salidas de tono que confirman esta deriva: desde sus reiteradas peticiones de adelanto electoral hasta sus polémicas declaraciones del pasado verano, cuando afirmó que un Estado sin ética se convierte en «una banda de ladrones». Aquellas palabras provocaron un grave choque con el Gobierno y obligaron a otros prelados a desmarcarse de su línea.
Ante este espectáculo, resulta inevitable formular una pregunta de fondo, dolorosa pero necesaria: ¿quién educó, quién formó y con qué criterios se seleccionó a determinados clérigos llamados hoy a las más altas responsabilidades? Como clérigo anglicano que hoy sirve en esa comunión —pero formado desde los diez años en un seminario católico romano—, produce verdadero estupor comprobar cómo se confunde el servicio episcopal con el protagonismo partidista y la prudencia pastoral con el exabrupto mediático. Precisamente porque conozco de primera mano el rigor, la mesura y la solidez intelectual que exigía la formación eclesiástica clásica, resulta aún más penoso asistir a este deterioro del decoro ministerial y a esa prepotencia e incapacidad para saber estar en su sitio que tan a menudo hemos visto también en otros conocidos prelados como José Ignacio Munilla o Jesús Sanz Montes, cuyos excesos ya he tenido ocasión de analizar en estas páginas.
Ayer se desconfiaba de la autonomía moral de los contrayentes en el umbral del matrimonio; hoy se desconfía de la rectitud de juicio de los ciudadanos adultos en el umbral de las urnas. En ambos casos subyace una visión paternalista que parece olvidar la enseñanza conciliar de Gaudium et spes sobre la legítima autonomía de las realidades temporales y la responsabilidad adulta del laicado. La conciencia cristiana no es menor de edad perpetua que requiera ser guiada de la mano mediante catálogos de deberes prefabricados, y menos aún por quienes, con su proceder, demuestran que su sentido de la rectitud y de la compostura deja tanto que desear.
Resulta igualmente cuestionable que, para revestir de autoridad esta maniobra unilateral, se acuda al discurso que el papa León XIV pronunció ante las Cortes Generales el pasado 8 de junio. El contraste entre la estatura intelectual, la hondura pastoral y la finura institucional de Roma —tanto en el magisterio del actual Pontífice como en el legado de su predecesor, cuya talla evangélica y lucidez defiendo sin reservas— y la cortedad de miras de este ejercicio de domesticación electoral resulta abismal. Precisamente allí donde el Santo Padre abogó por el respeto escrupuloso a la distinción entre la comunidad política y la eclesial, instrumentalizar sus palabras para suplir con un atajo personal el pronunciamiento oficial que la propia Conferencia Episcopal había declinado emitir constituye una verdadera afrenta a la inteligencia de los creyentes y de cualquier observador medianamente culto.
La sociedad española y la propia Iglesia necesitan hoy pastores humildes, solventes y dialogantes, no dirigentes superados por el cargo que conviertan el púlpito en una trinchera ni esquiven las normas estatutarias cuando las votaciones internas no les son favorables. La credibilidad de la Iglesia en la plaza pública exige ejemplaridad en el respeto a sus propios cauces colegiados y una confianza sincera en que los fieles laicos son plenamente capaces de discernir, en libertad y en conciencia, tanto en la intimidad de su hogar como ante una urna.
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