Feijóo manipula la Constitución en el prime time de El Hormiguero

Asistir en directo a la intervención de Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero es presenciar, en tiempo real, la degradación del debate público español. Resulta verdaderamente bochornoso escuchar a quien ya se comporta como futuro presidente del Gobierno repartir carnés de honestidad y acusar de mendacidad a sus adversarios mientras incurre, ante millones de espectadores, en una falsedad jurídica de manual.

Afirmar sin pestañear que la Constitución Española impide seguir gobernando sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y que, tras una segunda prórroga consecutiva, exige imperativamente la convocatoria de elecciones generales no es una licencia retórica ni una opinión discutible. Es, sencillamente, una mentira. Y como en estas páginas no hablamos de oídas, vamos a desmontarla con el texto constitucional en la mano.

1. Lo que dice —y lo que no dice— la Constitución sobre los Presupuestos

Cualquier estudiante de primer curso de Derecho sabe que nuestro ordenamiento jurídico dispone exactamente lo contrario de lo que el candidato sostuvo en televisión:

• El mandato constitucional es la continuidad, no las urnas. Basta abrir la Constitución Española de 1978 por su Título VII («Economía y Hacienda»), concretamente en el artículo 134.4, para leer su tenor literal: «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Ni una palabra sobre plazos máximos. Ni una sílaba sobre la disolución de las Cortes.

• La ley presupuestaria ratifica esa prórroga indefinida. Si acudimos a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su Título II, Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 38.1, el legislador vuelve a ser cristalino: las cuentas del ejercicio anterior se prorrogan automáticamente «hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial del Estado».

Quien aspira a presidir el Consejo de Ministros o desconoce el funcionamiento elemental del Estado que pretende dirigir, o miente deliberadamente confiando en que la audiencia no tiene una Constitución en la mesilla de noche. Ambas posibilidades resultan igualmente alarmantes.

2. Los únicos caminos legales hacia unas elecciones anticipadas

Si el Sr. Núñez Feijóo se hubiera tomado la molestia de consultar el Título V de la Constitución («De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales»), habría comprobado que en España las elecciones anticipadas jamás se desencadenan por una prórroga presupuestaria. Los supuestos están estrictamente tasados en tres únicos preceptos:

1. La facultad discrecional del presidente del Gobierno, regulada en el artículo 115 (apartados 1, 2 y 3), previa deliberación del Consejo de Ministros.

2. El bloqueo en la investidura, previsto en el artículo 99.5, cuando transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso.

3. La reforma constitucional agravada, contemplada en el Título X, artículo 168.1, cuando se pretende revisar toda la Constitución o sus núcleos esenciales.

¿Y qué ocurre si un Gobierno con presupuestos prorrogados pierde el respaldo parlamentario? Para eso existen la cuestión de confianza (artículo 112) y la moción de censura (artículo 113), además de la potestad de las Cortes para examinar, enmendar o aprobar las cuentas conforme al artículo 66.2. Confundir un bloqueo político con una obligación constitucional inexistente no es hacer oposición: es adulterar las reglas del juego.

3. El mito del gestor y la renta heredada de Manuel Fraga

Esta propensión crónica al desliz jurídico termina de pulverizar el gran mito fabricado durante años: el del «gestor infalible». Cuando se examina con lupa el currículo que Núñez Feijóo presenta como único aval para llegar a La Moncloa, todo se reduce a haber presidido durante trece años la Xunta de Galicia, al amparo del Título VIII, Capítulo Tercero de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril).

Pero conviene no engañarse ni engañar a nadie. Gobernar con cómodas mayorías en el extremo noroeste peninsular —una tierra de profunda y arraigada tradición sociológica conservadora, moderada en sus formas pero estructuralmente fiel a unas mismas siglas— no fue fruto de ninguna proeza intelectual suya. Aquel feudo fue la herencia directa de Manuel Fraga Iribarne.

Se puede —y se debe, desde una mirada crítica— discrepar profundamente de la ideología de derechas y de la trayectoria política de Manuel Fraga. Sin embargo, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede negar su imponente talla política, su condición de catedrático de Derecho Político, su vasta cultura jurídica y su colosal capacidad de trabajo. Fraga levantó un partido desde los cimientos en un territorio complejo; su sucesor se limitó a administrar las rentas de una maquinaria ya engrasada y protegida por un entorno mediático complaciente.

4. Un liderazgo gris frente a la exigencia democrática

Hoy, lejos de aquel refugio autonómico y expuesto al escrutinio real de la política española, el contraste es demoledor. Donde antaño hubo fuste intelectual y sentido de Estado, hoy solo queda un perfil gris, previsible y carente de proyecto nacional. Un candidato que tropieza cada vez que sale del guion, que sustituye el rigor institucional por la ocurrencia televisiva y que pretende alcanzar el poder no por solvencia propia, sino por puro desgaste del adversario.

La democracia española merece mucho más que esto. Porque cuando quien pide el voto para hacer cumplir la Constitución empieza por inventarse su contenido en horario de máxima audiencia, la crítica deja de ser una opción partidista para convertirse en un imperativo de higiene democrática.