LA PLAZA PÚBLICA | TRIBUNA CRÍTICA
De pastor a agitador partidista: el historial que desautoriza al obispo Munilla
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Tras una etapa de aparente discreción desde su traslado a tierras alicantinas en 2022, José Ignacio Munilla ha irrumpido de nuevo en la arena política acusando a Pedro Sánchez de «manipular» la figura del papa León XIV. Esta salida de tono no constituye una anécdota aislada, sino el último episodio de una biografía marcada por la división diocesana, los negocios turísticos, las diligencias de la Fiscalía y la sintonía con una cúpula eclesiástica empeñada en actuar como oposición partidista.
El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para descender de lleno al terreno electoral. Tras un periodo en el que parecía mantener un perfil algo más contenido desde su llegada a la diócesis levantina, el prelado ha recuperado su habitual tono beligerante en plena precampaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión, Munilla ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «manipular» la figura del papa León XIV tras el mitin celebrado en Tarragona, confirmando que no ha perdido el hábito de ejercer como un actor político de oposición más que como un pastor ocupado en la comunión de su Iglesia local.
Resulta llamativo el doble rasero con el que el prelado mide la presencia de lo religioso en el espacio público. Mientras reprocha al Ejecutivo instrumentalizar al Pontífice por el simple hecho de mencionar que el Papa acudió a votar y subrayar su sensibilidad frente al cambio climático, la inmigración o los desafíos de la inteligencia artificial, el propio Munilla no duda en emplear su altavoz digital para marcar el paso de la campaña y erosionar al Gobierno. Su desdén hacia los siete minutos de aplausos que las Cortes Generales dedicaron meses atrás a León XIV delata, en el fondo, una profunda incomodidad ante cualquier puente de entendimiento entre un gobierno progresista y la Santa Sede. Para cierto sector de la jerarquía española, resulta intolerable que desde la izquierda política se puedan hallar puntos de convergencia con el magisterio social del Pontífice.
Este movimiento en plena precampaña no responde a un exabrupto aislado, sino a la continuidad coherente de una trayectoria definida por su papel como uno de los principales referentes del sector ultraconservador de la Iglesia española. Durante años, Munilla ha ejercido como punta de lanza de la derecha eclesial más dura junto a otros prelados muy reconocibles en el debate reciente:
• Jesús Sanz Montes (arzobispo de Oviedo). Su estrecho aliado ideológico protagonizó un grave revuelo en septiembre de 2026 desde el santuario de Covadonga al calificar de «invasión» y «guerra híbrida» la llegada de migrantes a Ceuta, replicando el argumentario de la extrema derecha.
• Juan Antonio Reig Pla (obispo emérito de Alcalá de Henares). En mayo de 2025, durante una homilía en la basílica de Alba de Tormes, vinculó la discapacidad infantil con la «herencia del pecado», lo que motivó una denuncia ante la Fiscalía y la corrección de la propia Conferencia Episcopal.
• Demetrio Fernández (obispo emérito de Córdoba). Antes de su renuncia en marzo de 2025, cerró quince años de confrontación cultural acusando a Televisión Española de «burla» durante las campanadas de Fin de Año.
• Luis Argüello (arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal). Sus declaraciones pidiendo un adelanto electoral y su choque epistolar con el ministro Félix Bolaños en julio de 2026 tras comparar a un Estado sin ética con una «banda de ladrones» evidenciaron la brecha entre la diplomacia vaticana y parte de la cúpula eclesiástica española.
Para comprender el perfil de José Ignacio Munilla basta con volver la vista atrás y examinar sus doce años al frente de la diócesis de San Sebastián (2010-2022), una etapa caracterizada por una honda división interna y por continuas controversias que erosionaron gravemente el tejido eclesial guipuzcoano. Su nombramiento supuso una ruptura abrupta con la línea pastoral abierta, sinodal y conciliar de sus predecesores, José María Setién Juan María Uriarte.
Durante su mandato en Donostia, cientos de sacerdotes, religiosos y seglares agrupados en plataformas como Gipuzkoako Kristauak denunciaron el clericalismo, la opacidad y el sufrimiento provocado por una gestión personalista y autoritaria. A esa crisis pastoral se sumó el escándalo por su política patrimonial: en pleno auge turístico de la capital guipuzcoana, Munilla impulsó la reconversión de las dependencias de la curia diocesana en la calle Zabaleta en un negocio de apartamentos turísticos. Mientras desde Roma se pedía abrir las puertas de la Iglesia a los más vulnerables y colectivos sociales reclamaban viviendas para familias desahuciadas, la diócesis donostiarra optaba por rentabilizar su patrimonio inmobiliario al calor de la especulación turística.
Más allá de su gestión diocesana, Munilla ha consolidado un espacio mediático propio a través del programa Sexto Continente en Radio María, desde donde ha encadenado declaraciones que han provocado un rechazo frontal tanto dentro como fuera de la comunidad creyente. En esos micrófonos llegó a asegurar que el feminismo radical convierte en «víctima a la propia mujer» y que a través de él «el demonio puede meter un gol desde las propias filas», además de arremeter reiteradamente contra la diversidad afectivo-sexual.
Lejos de moderarse tras su llegada a Orihuela-Alicante, su discurso lo ha conducido incluso ante el Ministerio Público. En noviembre de 2025, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación preprocesal contra él por un presunto delito de odio y discriminación tras una denuncia ciudadana por defender en antena el acompañamiento para «reconducir» la homosexualidad, pese a que el prelado alegó que se trataba de una «maniobra para amedrentar a la Iglesia» y a que estas prácticas han sido prohibidas y tipificadas como delito en la legislación española.
Resulta reveladora la desproporcionada fijación de este sector episcopal con la moral sexual y la diversidad afectiva, un terreno en el que despliegan una severidad implacable que contrasta con su indulgencia ante otras quiebras mucho más graves del Evangelio, como la desigualdad social, la falta de transparencia o el abuso de poder clerical. A menudo, esa vehemencia con la que se condena en público la realidad afectiva ajena desde estructuras rígidas y endogámicas dice más de los propios conflictos, miedos y contradicciones no resueltas de quienes pronuncian el anatema que de la supuesta amenaza moral que dicen combatir. Una jerarquía obsesionada con fiscalizar la intimidad de los demás acaba proyectando su propia fractura interior en lugar de ofrecer un testimonio creíble de misericordia.
En una democracia aconfesional, los representantes públicos tienen legítimo derecho a citar referentes morales globales cuando coinciden en la defensa de la justicia social, la acogida al migrante o el cuidado de la casa común. Lo que resulta verdaderamente anómalo y lesivo para la credibilidad del Evangelio es que un obispo utilice de forma recurrente su autoridad episcopal para intervenir como un comentarista político más en plena contienda.
La Iglesia en España necesita hoy pastores que tiendan puentes, escuchen el clamor de sus comunidades y hablen desde la fraternidad, no dirigentes eclesiales instalados en la polarización permanente a golpe de tuit.
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