Obispos defienden a más vulnerables
Paraguay: la Iglesia exige justicia ante crisis financiera y política
Paraguay: la Iglesia exige justicia ante crisis financiera y política
Obispos defienden a más vulnerables
La intervención de Ueno Bank, que cuenta con casi tres millones de clientes, desencadenó una crisis que llevó al presidente Santiago Peña a presentar su renuncia y enfrentar un juicio político.
Los obispos paraguayos reclaman transparencia, protección de los ahorradores y sanciones a los responsables.
La crisis financiera que sacude a Paraguay alcanzó esta semana al gobierno del presidente Santiago Peña. El 3 de noviembre, el Banco Central intervino Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias digitales del país, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
La medida dejó a numerosos clientes sin acceso a sus cuentas y generó protestas en Asunción. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, incluidos fondos vinculados al Instituto de Previsión Social. El Banco Central señaló que se trata de un caso particular y no de una crisis generalizada del sistema financiero.
El escándalo también puso bajo investigación las relaciones entre el banco y el poder político. Peña, anteriormente vinculado al grupo empresarial propietario de la entidad, negó haber cometido irregularidades y aseguró que se desprendió de sus intereses empresariales en 2025.
El 5 de noviembre, el mandatario anunció su renuncia, mientras el Congreso avanzaba en un juicio político por presuntos conflictos de interés. La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Peña y la remitió al Senado para su resolución.
La Iglesia reclama transparencia y protección de los ahorradores
La Conferencia Episcopal Paraguaya se pronunció el 4 de noviembre, durante su 250.ª Asamblea General Ordinaria, expresando su solidaridad con las familias afectadas, especialmente trabajadores, jubilados, pequeños ahorradores y emprendedores.
Los obispos solicitaron que estas personas puedan recuperar sus recursos cuanto antes, con especial atención a los adultos mayores. También exigieron información clara sobre los fondos del Estado y del Instituto de Previsión Social depositados en el banco.
El Episcopado pidió al Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el Banco Central investigar los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, sin privilegios derivados de cargos públicos o cercanía al poder.
Asimismo, llamó a las parroquias a acompañar a las personas afectadas y ayudarlas en las gestiones para recuperar sus depósitos.
Una preocupación eclesial anterior a la crisis
La intervención de los obispos se inscribe en una preocupación más amplia por la situación social paraguaya.
El 14 de agosto, representantes del Episcopado se reunieron con el presidente Peña y otras autoridades gubernamentales para abordar problemas relacionados con el acceso a la salud, los efectos del fenómeno de El Niño, el medioambiente y la situación de los pueblos indígenas.
Posteriormente, el 2 de septiembre, la Conferencia Episcopal reclamó soluciones estructurales ante la crisis del sistema público de salud, agravada por la renuncia de centenares de médicos especialistas.
Estas intervenciones muestran una agenda eclesial centrada en problemas que afectan particularmente a los sectores más vulnerables.
El desafío de recuperar la confianza
La crisis de Ueno Bank abre interrogantes sobre la fiscalización financiera, las relaciones entre el Estado y los grupos empresariales, y la administración de los recursos públicos.
Para la Iglesia paraguaya, la prioridad inmediata es proteger a las personas afectadas y esclarecer las responsabilidades. Su pronunciamiento recoge un principio de la doctrina social de la Iglesia: la actividad financiera debe estar al servicio de las personas y del bien común.
La resolución del conflicto bancario y del proceso político será determinante para recuperar la confianza ciudadana. Entretanto, los obispos han situado en el centro de su intervención la protección de los ahorros familiares, la transparencia institucional y la exigencia de justicia.
