Maricarmen, ¡ya basta!

«¡Ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta ocuparlo todo!», denuncia Isaías (Is 5,8). Miqueas habla de quienes codician las casas ajenas y se apoderan de ellas (Miq 2,1-2). Los profetas no conocieron los fondos de inversión, pero sí vieron el daño que causa la acumulación de bienes cuando priva a otras personas de un lugar donde vivir.

El 23 de septiembre, Maricarmen, de 87 años y con discapacidad, fue desahuciada de la casa madrileña en la que había vivido durante 71 años. Salió en camilla y fue trasladada al hospital. Según explicó su abogada, la sociedad propietaria rechazó las propuestas para evitar o aplazar el lanzamiento, incluida una oferta para cubrir el alquiler reclamado. En esa escena aparece con dolorosa claridad la desigualdad entre una inquilina que intenta conservar su hogar y una empresa que puede tratar la vivienda como un activo del que obtener mayor rentabilidad.

Jesús sitúa la responsabilidad moral ante la persona herida en el camino: lo decisivo en la parábola del buen samaritano es quién se detiene y se hace cargo de ella (Lc 10,25-37). El Vaticano II afirma que las angustias de quienes sufren son también las de los discípulos de Cristo (Gaudium et spes, 1). Añade que los bienes de la tierra están destinados a todas las personas (n.º 69). La doctrina social de la Iglesia recuerda, por eso, que la propiedad privada tiene una función social y nunca ha constituido un derecho absoluto e intocable.

Francisco llamó al techo un «derecho sagrado». León XIV ha reafirmado que vale la pena luchar por el derecho a una casa. Tomar en serio estas enseñanzas exige defender a las personas vulnerables frente a las prácticas de los llamados fondos buitre y otros grandes operadores que subordinan su permanencia en el hogar a la máxima rentabilidad. Un negocio que acepta la expulsión de una persona mayor como consecuencia asumible de sus decisiones es anticristiano y antihumanista.

La gravedad de la situación se refleja en los datos. El Consejo General del Poder Judicial registró 25.540 lanzamientos practicados en 2025. La cifra comprende distintos tipos de inmuebles y situaciones, pero revela la magnitud de un problema que va mucho más allá de Maricarmen. El último informe de la Fundación FOESSA señala, además, que el 45 % de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Ese poder económico influye también en qué problemas reciben atención. La «ocupación» y la «inquiocupación» ocupan grandes espacios del debate mediático y político, mientras se habla mucho menos de los alquileres inasumibles, la finalización de contratos o la concentración de viviendas. Los conflictos de ocupación y los impagos reales merecen información rigurosa y soluciones justas. Pero convertirlos en el rostro principal de la crisis beneficia a quienes prefieren evitar una discusión sobre los precios y las obligaciones sociales de los grandes propietarios. Se han documentado, además, campañas comerciales que utilizan el miedo a la ocupación para vender seguridad.

Hay intereses inmobiliarios concretos entre personas con influencia pública. Una investigación publicada en 2023 documentó que el grupo empresarial vinculado a la presentadora Ana Rosa Quintana gestionaba 44 apartamentos turísticos en Madrid y Sevilla mediante la marca Slow Suites. Esto revela una actividad económica relacionada con un mercado sobre el que se informa y opina. Conocerla permite a la audiencia valorar posibles conflictos de interés sin atribuir a la presentadora motivaciones que no podemos probar.

También deben examinarse las relaciones entre inversores y medios. Las cuentas de PRISA documentan la presencia de Amber Capital en la estructura de gobierno del grupo. Es un ejemplo comprobable de participación financiera de un fondo en un medio de comunicación. Debemos exigir transparencia sobre accionistas y anunciantes, y preguntar qué intereses y qué voces quedan fuera de los debates televisivos.

La composición del Congreso plantea otra pregunta legítima. Según un análisis de las declaraciones de bienes publicado en abril, aproximadamente uno de cada cinco diputados declara tres o más viviendas, contando las participaciones que figuran en ellas. Dos diputadas superan las diez: María de las Mercedes Cantalapiedra, del PP, figura con 19, y María Mercè Perea, del PSOE, con 13. Cuando se legisla sobre alquileres, los intereses inmobiliarios de los representantes públicos deben ser plenamente visibles y discutibles.

PP, Vox y Junts tienen que responder por una decisión concreta: en abril votaron contra un decreto que contemplaba la prórroga de determinados contratos de alquiler y un límite a la actualización de las rentas. La derecha y la ultraderecha ponen con frecuencia el acento en las personas migrantes vulnerables y en el miedo a la ocupación, mientras prestan mucha menos atención al poder de los grandes tenedores.

Si se quiere hablar de una amenaza que transforma nuestros barrios, hay que mirar a los grandes capitales inmobiliarios, incluidos fondos extranjeros, que compran viviendas para convertirlas en instrumentos de rentabilidad. Las personas migrantes no son responsables de la crisis: muchas la padecen como cualquier otra familia que no puede pagar un alquiler. Presentarlas como el problema mientras se evita confrontar el poder de los grandes operadores favorece un discurso racista y aporófobo.

El Gobierno central tampoco puede escudarse en el voto de otros partidos. Aprobó una Ley por el Derecho a la Vivienda y afirma que intentó mediar en el caso de Maricarmen, pero no consiguió evitar su desahucio. Debe reconocer la insuficiencia de su actuación e impulsar respuestas más eficaces. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento deben responder igualmente por la falta de una solución adecuada. El contraste con el ático adquirido por una empresa pública madrileña por unos 6,3 millones de euros hace aún más dolorosas las preguntas sobre las prioridades del Gobierno regional.

La ejecución del desahucio también requiere explicaciones. RTVE informó de cargas policiales contra algunos manifestantes. Inicialmente, los periodistas no pudieron acceder al perímetro establecido en torno al inmueble; después se habilitó una zona para la prensa. La Delegación del Gobierno sostiene que no ordenó dificultar la cobertura. Hay que esclarecer quién tomó esas decisiones y evaluar la proporcionalidad del uso de la fuerza. El delegado del Gobierno debe dar explicaciones públicas y asumir la responsabilidad política que corresponda por el dispositivo.

COPE y TRECE, integradas por la Conferencia Episcopal en Ábside Media, deberían revisar su contribución a este debate.En sus espacios de opinión, la preocupación por la ocupación y por la seguridad del propietario recibe demasiada centralidadfrente a la inseguridad diaria de quienes viven de alquiler. Para ser coherentes con su identidad cristiana, ambos medios han de dar voz habitual a inquilinos y personas desahuciadas, investigar las prácticas de los grandes tenedores y exigir a los partidos soluciones verificables para conservar una vivienda.

Cáritas y la Fundación FOESSA han mostrado que el alquiler es un factor central de exclusión y reclaman ampliar el parque social de vivienda. La Conferencia Episcopal debería hacer que lo que su acción social conoce y denuncia tenga también un lugar central en el discurso de los medios vinculados a ella.

Maricarmen nos obliga a mirar más allá de un desahucio. Nos pide examinar las prácticas de las empresas inmobiliarias, las decisiones de quienes gobiernan, los intereses de quienes legislan y las prioridades de quienes informan. Pero, sobre todo, nos pide actuar: garantizarle una solución habitacional adecuada, impedir nuevos desahucios de personas vulnerables sin alternativa, ampliar la vivienda social y regular eficazmente a los grandes tenedores.

Para las personas cristianas, el criterio permanece claro desde los profetas hasta hoy: estar junto a quienes pueden perder su hogar y frente a cualquier negocio que se enriquezca expulsándolos. Maricarmen, ¡ya basta!