Seguro que a Pilar Arroyo no le importa que yo reproduzca en parte y parafrasee su artículo de Coyuntura de este mes de agosto 2025, que se puede leer completo acá. Lo que yo quiero decir, ella lo dice mucho mejor.

Un buen ejemplo para entender lo que está ocurriendo en Perú se dio el 13 de agosto: la presidenta Dina Boluarte promulgó una infame y vergonzosa ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad y de los comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 2000. De este modo la coalición gobernante ha seguido avanzando en sus objetivos de control de las instituciones e impunidad para delincuentes y violadores de los derechos humanos.

La norma fue promulgada con amplia fanfarria en Palacio de Gobierno, ignorando el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el Ejecutivo observara la ley enviada por el Congreso (…). En Palacio se dieron un gran abrazo Dina Boluarte y el General Rivera Lazo, condenado a 25 años de prisión por haber sido el jefe directo del Grupo Colina*.

Esta ley concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a miembros de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo y fueron denunciados, investigados o procesados por diversos delitos considerados de lesa humanidad. Su aplicación anula 156 sentencias y 600 procesos en curso, beneficiando entre 300 a 900 policías, militares y miembros de los comités (se han dado ambas cifras), envueltos en 756 casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la época de la violencia política que azotó al país.

Inmediatamente después de la ceremonia de promulgación en Palacio, Fernando Rospigliosi declaró que darán una similar para Dina y demás responsables de los 49 asesinados en las protestas de diciembre 2022 e inicios del 2023.

Numerosas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su condena a dicha norma; citamos aquí lo dicho por Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

“La ley de amnistía promulgada en Perú viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país. El derecho internacional, al que está obligado Perú prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” (negritas del original).

En las Conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), tan vilipendiada por el sector partidario de esta amnistía, cuando se refiere a la labor de las fuerzas armadas, se afirma:

“En ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de sus miembros no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario” (Conclusión n. 55).

Esta afirmación fue claramente demostrada en los casos emblemáticos de las masacres de Cayara (donde infantes de Marina drogados violaron a las mujeres antes de matarlas), Putis, Los Cabitos (sede del Comando Político Militar de Ayacucho) y Umasi (1983); todos ellos en Ayacucho. También en el caso de Barrios Altos en Lima (donde fueron asesinados heladeros que hacían una pollada que nada tenían que ver con Sendero Luminoso, entre ellos un niño de 9 años); y también, una vez más, en el juicio a los responsables de las violaciones masivas a mujeres en Manta y Vilca; así como muchos otros casos más.

Por otro lado, las declaraciones del ex teniente Telmo Hurtado, en 1985, en el juicio que se le siguió por la masacre de 69 comuneros de Accomarca (26 de ellos niños), dejaron en claro que los superiores permitieron una política de exterminio contra campesinos inocentes, entre ellos niños y ancianos. Ello fue corroborado por el entonces candidato presidencial Ollanta Humala, quien señaló que el Manual de Contrainsurgencia ME 41-7 ordenaba matar a jefes y a quienes se considerara colaboradores de la insurgencia, aunque no estuvieran armados.

La actuación de la coalición autoritaria, ultraconservadora y mafiosa que gobierna Perú ha demostrado hasta la saciedad que no los guía la búsqueda del bien común, sino sus particulares, criminales y oscuros intereses.

* El Grupo Colina fue un destacamento de inteligencia y escuadrón de la muerte del ejército peruano establecido en octubre de 1991 como parte de una estrategia de guerra de baja intensidad emprendida por el Estado a través de sus fuerzas armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue desactivado oficialmente en noviembre de 1992 y dado a conocer públicamente en 1993. Dependía del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) directamente, y, a través de una cadena de mando paralela, del Comandante General del Ejército y del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

El grupo Colina participó en los asesinatos y desapariciones de al menos cuarenta y nueve personas, mediante sistemáticas violaciones a los derechos humanos, siendo las más destacadas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Durante los procesos de Alberto Fujimori, el expresidente fue condenado por su responsabilidad mediata de las actividades de este destacamento, al igual que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Los miembros del escuadrón fueron condenados a penas entre quince y veinticinco años de prisión.