La cárcel no es el lugar: salud y salud mental en el ámbito penitenciario

La competencia sanitaria es una competencia delegada que debe ser asumida por las Comunidades Autónomas, y así se ha hecho ya en otros territorios del Estado. La sanidad penitenciaria no puede seguir siendo un subsistema residual, desconectado del sistema público de salud, sin recursos, sin coordinación efectiva y sin garantías suficientes. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha manifestado reiteradamente su empeño en que esta competencia sea asumida por las Comunidades Autónomas, porque es la única vía para garantizar una atención sanitaria digna, profesionalizada y equiparable a la del resto de la ciudadanía. Esta es una obligación que deriva de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, del Sistema Nacional de Salud, con lo cual llevamos 23 años de retraso en la asunción de esta obligación legal.

Esta Jornada de Formación de la Pastoral Penitenciaria de Castilla y León no pueden cerrarse con un mensaje neutro, complaciente o meramente técnico. No sería honesto ni responsable hacerlo cuando la realidad que atraviesa la salud —y muy especialmente la salud mental— en los centros penitenciarios de nuestra Comunidad Autónoma es profundamente precaria, estructuralmente injusta y éticamente inaceptable.

La situación sanitaria en las prisiones de Castilla y León es hoy el reflejo de un sistema abandonado, debilitado año tras año por la falta de voluntad política para asumir una competencia que legalmente corresponde a esta Comunidad Autónoma. La atención sanitaria penitenciaria sigue dependiendo orgánicamente de Instituciones Penitenciarias, con profesionales que no forman parte del sistema público de salud autonómico, con plantillas reducidas y claramente insuficientes, y con una cobertura asistencial incapaz de dar respuesta a las necesidades reales de la población reclusa.

Esta precariedad no es una percepción subjetiva: es una realidad constatada. En los últimos años, el número de médicos y personal sanitario en los centros penitenciarios de Castilla y León se ha reducido de forma alarmante, mientras la complejidad de los problemas de salud —especialmente los vinculados a la salud mental, las adicciones, la cronicidad y la exclusión social— no ha dejado de aumentar. El resultado es una población penitenciaria desatendida, con graves déficits de atención primaria, retrasos en los diagnósticos, ausencia de seguimiento adecuado y una dependencia excesiva de medidas de contención y medicalización como sustituto de una atención integral y digna.

No podemos ignorar —ni normalizar— que se están produciendo muertes en prisión que tienen una relación directa con la falta de asistencia sanitaria adecuada. Muertes que, fuera de los muros, serían consideradas inaceptables; muertes que, dentro de prisión, parecen diluirse en el silencio institucional. Esta realidad interpela directamente a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León no puede seguir eludiendo su responsabilidad. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece con claridad la asunción de competencias en materia de sanidad. La atención sanitaria penitenciaria no es una excepción legítima a este mandato, sino una obligación derivada del propio principio de igualdad en el acceso a la salud. Las personas privadas de libertad no pierden su condición de ciudadanos ni su derecho a una atención sanitaria pública, integral y de calidad.

Especialmente grave es la situación de la salud mental en prisión. Los centros penitenciarios de Castilla y León se han convertido, de facto, en espacios de contención de sufrimiento psíquico, sin recursos terapéuticos suficientes, sin equipos multidisciplinares estables y sin una verdadera coordinación con la red de salud mental comunitaria. La cárcel no puede seguir funcionando como un sustituto impropio de los dispositivos sanitarios y sociales que el sistema no ha sabido o no ha querido ofrecer fuera.

La salud no puede depender del código penal ni del lugar donde una persona cumpla condena. La dignidad humana no se suspende tras los muros. Y una sociedad democrática se mide, también, por la forma en que cuida a quienes están en prisión

Desde la experiencia diaria de la Pastoral Penitenciaria y desde el contacto directo con el dolor, la enfermedad y la exclusión, denunciamos con claridad esta situación y exigimos a la Junta de Castilla y León que asuma de una vez por todas la competencia en materia de sanidad penitenciaria. No como un gesto político, sino como un imperativo legal, ético y humano.

La salud no puede depender del código penal ni del lugar donde una persona cumpla condena. La dignidad humana no se suspende tras los muros. Y una sociedad democrática se mide, también, por la forma en que cuida a quienes están en prisión.

Esta Jornada concluye, por tanto, con un compromiso claro: no callar, no resignarse y no aceptar como inevitable una precariedad que es fruto de decisiones políticas concretas. Desde la Pastoral Penitenciaria de Castilla y León y sus distintas Delegaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, reclamamos y exigimos a la Junta que integre la sanidad penitenciaria en el sistema público de salud de Castilla y León, con recursos suficientes, con profesionales reconocidos y con una atención real y efectiva a la salud física y mental. Porque no es una cuestión técnica: es una cuestión de Justicia, de Derechos Humanos y de coherencia democrática.