Cuando el capital se convierte en dios, los pueblos se rebelan

Las movilizaciones que recorren Europa expresan un malestar que desborda las fronteras: salarios insuficientes, vivienda inaccesible, dificultades para estudiar y servicios públicos deteriorados. Francia, Italia, Portugal, Bélgica y otros países reflejan una misma realidad: millones de personas trabajan, pagan impuestos y sostienen la sociedad, pero encuentran cada vez más dificultades para vivir con dignidad. La pregunta es inevitable: ¿está la economía al servicio de las personas o son las personas quienes están siendo sacrificadas en beneficio de la economía?

Las políticas de austeridad, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y la insuficiente financiación de los servicios públicos alimentan una indignación legítima. Mientras muchas familias hacen malabarismos para llegar a fin de mes, grandes fortunas y empresas acumulan enormes beneficios. A ello se añade el aumento del gasto militar europeo, que obliga a preguntarse por qué se encuentran miles de millones para armamento mientras faltan recursos para hospitales, escuelas y políticas de vivienda.

Las movilizaciones que recorren Europa expresan un malestar que desborda las fronteras: salarios insuficientes, vivienda inaccesible, dificultades para estudiar y servicios públicos deteriorados.

La crisis no es solamente económica: es también política y moral. Los gobiernos conservadores y socialdemócratas deben responder por sus decisiones, aunque sus programas y responsabilidades no sean idénticos. En España, el Gobierno de coalición tampoco puede esconder sus incumplimientos detrás de un discurso progresista. La dificultad de acceder a una vivienda, la precariedad de muchos empleos y las carencias de los servicios públicos exigen medidas más profundas que las promesas electorales.

Pero tampoco podemos aceptar que la alternativa consista en regresar a las políticas de recortes. Alberto Núñez Feijóo debe responder por su gestión de la sanidad gallega. Cuando llegó a la presidencia de la Xunta en 2009, comenzó una etapa de restricciones presupuestarias que afectó a los recursos sanitarios. Entre 2009 y 2013, el presupuesto sanitario gallego descendió aproximadamente de 3.720 a 3.372 millones de euros. Aquella política de austeridad debilitó la capacidad de respuesta de la sanidad pública, en un periodo marcado por las restricciones de personal, las dificultades para renovar plantillas y el deterioro de las condiciones necesarias para ofrecer una atención sanitaria adecuada.

Alberto Núñez Feijóo debe responder por su gestión de la sanidad gallega. Cuando llegó a la presidencia de la Xunta en 2009, comenzó una etapa de restricciones presupuestarias que afectó a los recursos sanitarios. Entre 2009 y 2013, el presupuesto sanitario gallego descendió aproximadamente de 3.720 a 3.372 millones de euros. Aquella política de austeridad debilitó la capacidad de respuesta de la sanidad pública, en un periodo marcado por las restricciones de personal, las dificultades para renovar plantillas y el deterioro de las condiciones necesarias para ofrecer una atención sanitaria adecuada.

Detrás de esas cifras están los profesionales, los pacientes, las listas de espera y la atención que necesita una población cada vez más envejecida.No basta con prometer hoy que se protegerá la sanidad pública sin rendir cuentas por los recortes de ayer. La ciudadanía tiene derecho a exigir coherencia entre las palabras y los hechos.

Santiago Abascal y Vox, por su parte, defienden importantes rebajas fiscales y una reducción del gasto administrativo. También han planteado reformas del sistema de pensiones que incorporan mecanismos de capitalización. Estas propuestas merecen un debate serio: ¿cómo se financiarán los derechos sociales si se reducen sustancialmente los ingresos públicos? ¿Qué ocurrirá con quienes no puedan ahorrar lo suficiente para su jubilación? Rebajar impuestos puede aliviar determinadas economías familiares, pero no puede convertirse en una excusa para debilitar los mecanismos colectivos que garantizan la protección de todos.

También deben rendir cuentas los gobiernos que se proclaman progresistas cuando aplazan reformas, toleran la especulación o renuncian a fortalecer los servicios públicos. La justicia social no pertenece en exclusiva a ninguna sigla. Cada partido debe responder por las medidas que aplicó, por las que propone y por sus consecuencias.

El dinero debe servir a la vida, nunca convertirse en su dueño. Cuando el capital ocupa el lugar de Dios, las personas corren el riesgo de convertirse en mercancía. Y una sociedad que abandona a los pobres termina perdiendo también su propia humanidad.

Aquí resulta fundamental la doctrina social de la Iglesia. Desde la encíclica Rerum novarum, de León XIII, hasta Fratelli tutti, del papa Francisco, la Iglesia ha defendido la dignidad del trabajador, el salario justo, la solidaridad y el bien común. Juan Pablo II, en Laborem exercens, recordó que el trabajo debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del capital.

La propiedad privada es legítima, pero no constituye un derecho absoluto desligado de las necesidades de los demás. La tradición cristiana defiende el destino universal de los bienes: la riqueza de la tierra debe contribuir a que todos puedan vivir dignamente. Por eso, la vivienda, la sanidad, la educación y las pensiones no pueden contemplarse únicamente como negocios sometidos a la rentabilidad. Cuando el beneficio económico prevalece sobre las necesidades humanas, la economía traiciona su finalidad.

Jesús lo expresó con una claridad que sigue interpelándonos: «No podéis servir a Dios y al dinero» (Mateo 6,24). El dinero no es malo por sí mismo; es un instrumento necesario. Se convierte en ídolo cuando determina el valor de las personas, cuando la acumulación importa más que el sufrimiento y cuando se acepta que unos vivan en la abundancia mientras otros carecen de lo imprescindible.

El Apocalipsis ofrece una imagen poderosa en su capítulo 18. Babilonia, símbolo de un poder enriquecido por el lujo y el comercio deshumanizado, cae bajo el juicio divino. Entre sus mercancías aparecen incluso las vidas humanas. No se trata de identificar literalmente el capitalismo actual con Babilonia, sino de recordar una advertencia profética: ningún sistema económico está por encima del juicio moral cuando convierte a las personas en mercancías y sacrifica a los débiles para enriquecer a los poderosos.

El Apocalipsis ofrece una imagen poderosa en su capítulo 18. Babilonia, símbolo de un poder enriquecido por el lujo y el comercio deshumanizado, cae bajo el juicio divino. Entre sus mercancías aparecen incluso las vidas humanas.

Por eso, defender salarios dignos, pensiones suficientes, sanidad y educación públicas, vivienda asequible y condiciones laborales justas no es ajeno a la fe cristiana. La solidaridad no puede reducirse a la limosna: también exige transformar las estructuras que generan pobreza. La movilización pacífica y la acción sindical pueden ser instrumentos legítimos para reclamar derechos y corregir injusticias.

La doctrina social de la Iglesia no es neutral ante la injusticia ni puede permanecer indiferente ante un sistema económico que condena a millones de personas a la precariedad mientras permite la acumulación de enormes riquezas en pocas manos. El Evangelio exige poner la economía al servicio de la vida, defender a los más vulnerables y denunciar las estructuras que generan pobreza y desigualdad. La dignidad humana está por encima del beneficio privado, el bien común debe prevalecer sobre la codicia y la riqueza tiene una responsabilidad social que no puede ignorarse. Ningún Gobierno, sea del signo político que sea, puede considerarse justo si sus decisiones abandonan a los pobres o convierten derechos fundamentales en privilegios reservados a quienes pueden pagarlos.

Europa necesita recuperar esa prioridad. España también. Una sociedad no se mide únicamente por sus grandes fortunas, sus mercados o sus cifras de crecimiento, sino por la dignidad con la que viven sus ciudadanos.

El dinero debe servir a la vida, nunca convertirse en su dueño. Cuando el capital ocupa el lugar de Dios, las personas corren el riesgo de convertirse en mercancía. Y una sociedad que abandona a los pobres termina perdiendo también su propia humanidad.