Navidad, hambre y especulación: cuando las luces brillan más que los derechos

Cada año, al llegar diciembre, las ciudades españolas estallan en luz. Millones de bombillas iluminan calles, plazas y fachadas con un entusiasmo que parece querer ocultar las sombras que muchos hogares no pueden disimular: el precio de los alimentos se ha convertido en un muro diario para miles de familias que trabajan, pero no llegan. No hablamos de lujos, sino de lo más básico: carne, pescado, huevos, leche, fruta. La cesta de la compra se ha convertido en una barrera, y la simple imagen de una familia que intenta comer tres filetes de ternera y cenar tres de salmón por 30 o 35 euros retrata la brecha entre las estadísticas macroeconómicas y la realidad de la gente.

En este contexto, plantear la alimentación como un bien de mercado es un error que ya no podemos permitirnos. Los alimentos deben considerarse un bien común, no un producto para la especulación. El derecho a una alimentación sana no puede depender de márgenes empresariales ni de la volatilidad de los mercados. Y esto no se trata solo de proteger al consumidor: también es indispensable garantizar rentas dignas para quienes trabajan la tierra, para quienes producen, para quienes sostienen el sistema alimentario desde sus cimientos.

La situación que vivimos tiene una explicación clara: la especulación solo triunfa ante la inacción de los Estados. Ocurre porque falta regulación, sobran incentivos para quienes compran y venden alimentos como si fueran acciones bursátiles y no bienes esenciales, y porque no existen mecanismos de estabilización de precios que protejan tanto a los consumidores como a los pequeños productores. Cuando los inversores especulan en los mercados alimentarios, los precios se alejan de su valor real: unas veces suben tanto que expulsan del mercado a los más vulnerables; otras caen tanto que arruinan a quienes producen y no pueden asumir las pérdidas. Es un ciclo perverso que todas las partes pagan excepto quien lo provoca.

Frente a esto, la respuesta podría ser perfectamente viable: actuar globalmente para controlar los precios y eliminar la volatilidad de los alimentos básicos. Se podría hacer. Técnicamente es posible. Políticamente es necesario. Pero económicamente… incómodo para quienes “se están haciendo de oro” con el sistema actual. Por eso la pregunta no es técnica, sino moral: ¿estarán dispuestos los gobiernos a romper este nudo gordiano? Sin presión social, sin movilización, sin el empuje de la clase trabajadora, claramente no.

A nivel estatal, existen medidas concretas que podrían implantarse mañana mismo. Intervenir para limitar los precios de una cesta básica, como ya se hizo con el gas o las mascarillas, sería un avance importante. Y acompañar esta medida con bonificaciones a familias con rentas bajas, que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentación, permitiría que productos como carne, pescado, frutas y lácteos volvieran a ser accesibles. No se trata de inventar nada: ya se ha hecho y ha funcionado.

Además, es imprescindible reconstruir un sistema de producción y distribución más justo. Las cadenas alimentarias deben ser más cortas, más directas, más humanas. El comercio mundial puede coexistir con otros modelos, pero no sustituirlos. Devolver poder a quienes cultivan la tierra implica permitirles vender sus productos directamente al consumidor, sin la intermediación de grandes corporaciones que se quedan con porcentajes desproporcionados de los beneficios. Esto no solo abarataría los alimentos; también fortalecería la economía rural y reduciría la dependencia del consumidor de precios marcados por monopolios y oligopolios.

La gente no come rankings. La gente come alimentos. Y la alimentación debe ser un derecho, no un negocio. Mucho menos en Navidad.

Mientras todo esto ocurre (o no), las ciudades compiten por tener la iluminación navideña más deslumbrante. Las calles brillan intensamente mientras, en tantos hogares, la nevera permanece a media capacidad. La contradicción es tan evidente que casi duele: millones gastados en luces mientras miles no pueden costear una cena digna. La Navidad debería recordarnos lo esencial, pero parece que muchos ayuntamientos la han convertido en un espectáculo donde la estética vence a la ética.

Algunos señalan incluso que Pedro Sánchez no ha seguido el estilo de presión aplicado por Donald Trump, quien exigió a los países europeos un aumento acelerado del gasto militar. Pero más allá de comparaciones políticas, lo inquietante es la lógica que subyace: la rapidez con la que se cumplen compromisos internacionales frente a la lentitud con la que se atienden necesidades internas. Es un pecado que el gasto en armamento aumente mientras hay personas que no pueden poner carne en la mesa.

A esta paradoja se suma otra igual de hiriente: el incremento sostenido del gasto militar, mientras se duda o se retrasa una intervención decidida en el precio de los alimentos. El país avanza hacia los compromisos de la OTAN y dedica miles de millones al armamento, pero se debate si es posible topar el precio de la leche o del aceite. El contraste es difícil de justificar cuando las necesidades básicas de la ciudadanía quedan relegadas en la lista de prioridades estatales. Es escandaloso que se multipliquen los presupuestos militares mientras hay personas que no pueden pagar la comida.

Y no podemos olvidar el mensaje ético que subyace en estas fechas. En el Evangelio de Mateo se lee: “Porque tuve hambre y me disteis de comer”. No hay interpretación posible: el hambre es una frontera moral que ninguna sociedad justa debería cruzar. No importa cuántas luces iluminen la ciudad si millones de bombillas no pueden tapar lo evidente: hay un derecho que estamos dejando caer.

Quizás ha llegado la hora de aceptar que la prosperidad real de un país no se mide por el PIB, sino por el plato. Si la economía crece, pero la gente no puede comer, no sirve. Si hay más empleo, pero los trabajadores siguen siendo pobres, no sirve. Si invertimos en armas mientras descuidamos la alimentación, no sirve. Si permitimos que se especule con la comida, fallamos como sociedad.

La gente no come rankings. La gente come alimentos. Y la alimentación debe ser un derecho, no un negocio. Mucho menos en Navidad.