¿Cuál ha sido el papel de la diócesis en el escándalo y la investigación? "No hemos aprendido nada": los errores de la Iglesia en el caso del cura de Málaga

El sacerdote detenido, en una imagen de archivo
El sacerdote detenido, en una imagen de archivo Diócesis de Málaga

El cura (porque todavía es sacerdote, no ha sido suspendido, al menos públicamente, del ministerio, ni se le ha abierto una investigación canónica) empezó a celebrar en las parroquias de Yunquera y El Burgo, sin que nadie supiera la razón de su llegada

El propio sacerdote acudió, el día antes de ser detenido, a oficiar misa y explicar que tenía que ausentarse. No dio razones. Y la diócesis tampoco, al santo Pueblo de Dios ni a la opinión pública. El hermano del detenido acudió días después a recoger sus pertenencias, y anunció que Francisco no regresaría

¿Qué ocurrió en enero? ¿Por qué no se suspendió al sacerdote cuando llegaron las primeras denuncias? ¿Por qué el cura se despidió de sus parroquias antes de ser detenido? ¿Se sostiene la tesis de que la diócesis no sabía nada, y que se enteró por la prensa de su detención?

"Tantos años trabajando por la tolerancia cero, por crear espacios seguros y, al final, resulta que no hemos aprendido nada". El lamento de un cura malacitano resume, bien a las claras, en la penúltima polémica que salpica a la diócesis andaluza, y que cuestiona la actitud del obispo, Jesús Catalá -que con la ley canónica en la mano debería dimitir de inmediato- y, en el fondo, siembra dudas (¿o genera certezas?) acerca de la reacción de la Iglesia española ante los escándalos que tienen que ver con la bragueta y la cartera, y que muchos creían superada: el silencio, el traslado, el 'Ya pasará'.

La noticia volvió a saltar, escandalosa y veraz, en todos los medios de comunicación. No era para menos: un sacerdote de 34 años, acusado por su pareja sentimental (¿?) de haber abusado sexualmente de al menos cuatro mujeres, a las que drogaba y, una vez sedadas, violaba. El sacerdote, Francisco J. C., fue detenido el pasado 11 de septiembre, y se encuentra en la prisión de Alahurín de la Torre.

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Hasta aquí, los hechos. Ahora, el análisis. En la parte que nos toca, que es la actuación de la diócesis de Málaga en todo este follón. Y casi todo se ha hecho mal.

Monseñor Catalá, obispo de Málaga
Monseñor Catalá, obispo de Málaga

Tal y como ha trascendido, según confirma la Policía Nacional, las primeras acusaciones llegaron en enero, cuando la pareja del cura, que entonces vivía en Melilla (un lugar perfecto para poder tener una 'doble vida' sin que tus jefes lo sepan, o sin que pongan el grito en el cielo, dejen hacer, miren hacia otro lado...) entregó los discos duros a la Policía.

En ese momento, la investigación puso en conocimiento de la diócesis la situación, lo que provocó el traslado de Francisco J. C. a Málaga... pero nada más. De hecho, el cura (porque todavía es sacerdote, no ha sido suspendido, al menos públicamente, del ministerio, ni se le ha abierto una investigación canónica) empezó a celebrar en las parroquias de Yunquera y El Burgo, sin que nadie supiera la razón de su llegada. En una entrevista en La Sexta, el portavoz del Obispado, Antonio Moreno, sostuvo que el clérigo "fue trasladado por un motivo de salud", algo que desmiente la Policía. Alguien miente en esta historia de silencios y ocultamientos. 

Porque, si ya resulta inexplicable el traslado desde Melilla, y la ausencia de razones para su marcha, aún lo es más lo ocurrido hace tres semanas. De hecho, el propio sacerdote acudió, el día antes de ser detenido, a oficiar misa y explicar que tenía que ausentarse. No dio razones. Y la diócesis tampoco, al santo Pueblo de Dios ni a la opinión pública. El hermano del detenido acudió días después a recoger sus pertenencias, y anunció que Francisco no regresaría. 

Desde la diócesis de Málaga, nos cuenta El País, confirman que la mujer avisó a los sacerdotes melillenses de que eran pareja, pero que el Obispado no tenía constancia del resto de material ni los hechos y que ningún eclesiástico había accedido a los vídeos. Solo después, cuando supieron de su existencia, la incitaron a interponer una denuncia. Este lunes, tras conocer, ¿por la prensa?, la detención del párroco, le han retirado las licencias ministeriales, “el primer paso en un posible proceso canónico”, indican fuentes de la diócesis malagueña, que en un comunicado ha lamentado “profundamente el daño que esta situación implica”.

¿Qué ocurrió en enero? ¿Por qué no se suspendió al sacerdote cuando llegaron las primeras denuncias? ¿Por qué el cura se despidió de sus parroquias antes de ser detenido? ¿Se sostiene la tesis de que la diócesis no sabía nada, y que se enteró por la prensa de su detención? ¿Por qué solo cuando la agencia Efe aclaró que se trataba de un sacerdote emite un comunicado en el que aclara que ya lleva tiempo colaborando, si supuestamente se enteró por la prensa de la detención?

Demasiadas preguntas, a las que hay que añadir un error incalificable a la hora de dejar que el detenido entrara en el seminario después de haber sido desaconsejada su ordenación -como adelanta Vida Nueva´por los trinitarios, sin que mediase, como es preceptivo, una consulta a la congregación. No es la primera vez que sucede a Catalá, que en más de una ocasión, tanto en Málaga como en Alcalá, ha 'acogido' vocaciones no demasiado claras. ¿Todo vale para no vaciar los seminarios? Con estos ejemplos, cada vez parece más acertada la 'intervención' de los seminarios españoles que vinieron a hacer los dos obispo uruguayos enviados por el Papa Francisco y cuyas conclusiones (oh, sorpresa) tampoco conocemos hasta la fecha.

"No hemos aprendido nada". Tal vez esa sea la mejor lección de este (y otros) casos.

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