... y sí, el Vaticano tuvo que intervenir

... y sí. Por más que el 'aparato comunicativo' de la Conferencia Episcopal se empeñe en avanzar a medios afines su 'argumentario', lo cierto es que el acuerdo firmado este Lunes Santo y que (algo que obvian en la explicación) permitirá que las víctimas puedan tener voz, y voz, en las indemnizaciones, y que no será la Iglesia la que tenga la última palabra, ni en los casos ya indemnizados, ni en los que vendrán, estuvo a punto de encallar el pasado sábado. Y también es cierto que unas llamadas a la Secretaría de Estado, y desde la Secretaría de Estado, permitieron firmar, al fin, el protocolo que aportará una nueva luz para las víctimas de la pederastia clerical.

No era una cuestión de dinero (los obispos calculan que, en este próximo año, a lo sumo dos, las indemnizaciones no superarán los diez-veinte millones de euros, tirando muy por lo alto, apenas un cinco por ciento de lo que, por ejemplo, recibe cada año vía IRPF), sino de control. De hecho, estiman las fuentes consultadas, cuando acabe el modelo aprobado para los casos prescritos, la Iglesia podrá decir, con datos en la mano, cuántas víctimas se acogieron a ambos modelos, el del PRIVA y el del Defensor del Pueblo, y justificará cómo no son 'tantos', o, al menos, los comparará con las cifras extrapoladas por algunos tomando como base la famosa encuesta presentada en el informe del Defensor del Pueblo. Un Defensor del Pueblo, por cierto, que ha tenido un papel fundamental a la hora de tejer el acuerdo entre las partes (obispos y Gobierno) que recelaban, no sin razón, la una de la otra.

No era una cuestión de dinero (los obispos calculan que, en este próximo año, a lo sumo dos, las indemnizaciones no superarán los diez-veinte millones de euros, tirando muy por lo alto, apenas un cinco por ciento de lo que, por ejemplo, recibe cada año vía IRPF), sino de control

Y sí. Como sucedió el pasado 8 de enero, la intervención del Vaticano volvió a ser decisiva. Y sí, pese a que lo nieguen los obispos, la paralización de la publicación del itinerario del Papa en su viaje a España también tuvo que ver con la falta de acuerdo. Si no, no se explica el fallido 'briefing' a los medios en la sede de la CEE (otro intento de la errática política comunicativa de Añastro por buscar el protagonismo perdido), ni que los Reyes tuvieran que viajar a Roma sin que éste estuviera publicado. De hecho, como ya dijimos, en el encuentro de la delegación española con la Secretaría de Estado se planteó esta anomalía, de la que Parolin aseguró no saber nada.

Y es que, durante las conversaciones que siguieron al primer acuerdo del 8 de enero, desde la CEE se quisieron revertir algunas de las líneas rojas del mismo. Especialmente, la participación de las víctimas, su posibilidad de apelar y el papel del Defensor del Pueblo en el caso de que no hubiera acuerdo. Insistimos: no es un tema de dinero, de los 83 casos culminados por el PRIVA, serían pocas las que se animarían a volver a presentar su caso al nuevo modelo. Se trata de tener la última palabra.

El sábado, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano

Fue esto (junto con la enfermiza necesidad de algunos negociadores de 'humillar' a Bolaños en Roma) lo que impidió hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba por hecho. Y lo que estuvo a punto de hacer caer la firma a última hora. “El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos. Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes. Aunque lo niegue la CEE.

Ahora, es el turno de las víctimas. De hecho, el ministro Bolaños se reunirá la próxima semana con las asociaciones de supervivientes para explicarles el contenido del acuerdo, que entrará en vigor el 15 de abril. Sus apreciaciones serán incluidas en el protocolo que se pondrá en marcha a partir de ese momento. Cuatro años después de la primera reunión de las víctimas con los obispos (en la que el dircom de la CEE obligó a los periodistas a esperar en los pasillos, negándose a abrir la sala de prensa para los compañeros), los supervivientes, al fin, tendrán la palabra. Un sitio en la mesa. Y voto para decidir su futuro. Aunque siga escociendo a algunos, que ahora gesticulan exigiendo que el acuerdo también se aplique a otras víctimas, que no son de la Iglesia. Y que tienen el mismo derecho, como víctimas, a ser resarcidas. Pero no a que la Iglesia decida por ellas. Al menos, en un país aconfesional como el nuestro, mal que les pese a ciertos nostálgicos de otras épocas, cuyo regreso anhelan. Y otros tememos.