El Gobierno garantizará que la Iglesia pague las indemnizaciones fijadas por el Defensor del Pueblo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido este martes un encuentro con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, a quienes ha trasladado los detalles del sistema de reconocimiento y reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

En la reunión, que se ha celebrado en el Palacio de Parcent (Madrid), Bolaños les ha explicado cómo funcionará este sistema, que romperá con décadas de silencio e impunidad y permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial. También les ha trasladado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 14 de abril el Real Decreto de reestructuración del Ministerio para incorporar la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que se ocupará de tramitar las solicitudes de reparación.

Se trata de un mecanismo pionero que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones. El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes

Se trata de un mecanismo pionero que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones. El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso. Si no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

Víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial han expresado este martes, tras reunirse con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde la confianza en el nuevo sistema de reparación hasta su "profunda desconfianza" en que la Iglesia cumpla con lo pactado en el protocolo firmado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo.

Así, el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha asegurado a Europa Press que "los colectivos de víctimas han compartido su profunda desconfianza de que la jerarquía de la Iglesia cumpla con lo pactado".

Hurtado teme que la Iglesia "se eche para atrás en el futuro si el costo de las indemnizaciones resulta demasiado elevado" y ha advertido de que "el protocolo firmado no tiene mecanismos coercitivos para obligar a su cumplimiento".

Hurtado teme que la Iglesia "se eche para atrás en el futuro si el costo de las indemnizaciones resulta demasiado elevado" y ha advertido de que "el protocolo firmado no tiene mecanismos coercitivos para obligar a su cumplimiento"

"El ministro Bolaños confía en la buena fe de la Iglesia a la hora de cumplir los acuerdos alcanzados. Sin embargo, en el hipotético caso de que no se cumpliera un acuerdo alcanzado con el Estado español, no descartan aplicar la vía unilateral para garantizar que todas las víctimas sean indemnizadas", ha añadido.

Sobre la ausencia de un baremo indemnizatorio, Hurtado ha precisado que, aunque no se incluye en el protocolo, "es factible dentro del acuerdo que el Defensor del Pueblo decida diseñar dicho instrumento de valoración, si considera que es un método eficaz para reparar de forma integral el daño, garantizando la igualdad y el trato no discriminatorio entre las víctimas".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha salido con una sensación positiva sobre la reunión y sobre el protocolo, tras haberlo "leído con calma".

Además, ha mostrado su confianza en la "transparencia" del nuevo sistema de reparación frente al de la Iglesia, el Plan PRIVA, en el que, según ha denunciado, las víctimas no podían hacer "alegaciones" ni "revisar" el expediente de su caso, una vez decidida la indemnización por parte de la diócesis o congregación.

Con el nuevo sistema de reparación, según ha precisado, tendrán 15 días para presentar alegaciones. Además, ha destacado que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tendrá la última palabra.

Asimismo, ha puesto en valor el hecho de que dos representantes del colectivo de víctimas formen parte de la comisión mixta que deberá intervenir en caso de disconformidad aunque espera que se tenga que recurrir a ella "en pocas ocasiones". Las asociaciones tendrán que ponerse de acuerdo para decidir quién formará parte de esta comisión y, en caso de que no haya acuerdo, los designará el Ministerio, según ha señalado.