Más de 3000 personas murieron en 2025 intentando alcanzar el territorio español

(Noticias Obreras).- El informe Monitoreo del Derecho a la Vida 2025, presentado este 29 de diciembre, constata que, aunque durante el año se ha producido un descenso de los intentos de cruce, el riesgo para la vida ha aumentado, con 303 tragedias documentadas y 70 embarcaciones desaparecidas sin dejar rastro.

“El descenso en el número de intentos de cruces migratorios hacia el Estado español durante 2025 no ha implicado una reducción de los peligros que enfrentan las personas en ese tránsito”, subraya la organización de derechos humanos en su informe, que advierte de un aumento de la letalidad respecto al año anterior.

La ruta argelina, cada vez más mortal e invisibilizada

El informe destaca el creciente peso de la ruta argelina del Mediterráneo occidental, que se consolida como uno de los principales corredores migratorios hacia España y como uno de los más peligrosos. En esta vía se han documentado 1037 muertes en 121 tragedias, incluidas 47 embarcaciones totalmente desaparecidas.

Ca-minando Fronteras alerta de que se trata de “una de las rutas más opacas e invisibilizadas por las instituciones”, lo que retrasa la activación de los sistemas de búsqueda y rescate y evidencia la escasa cooperación entre Estados.

El trayecto desde Argelia hacia Baleares, especialmente Ibiza y Formentera, se reafirma como uno de los más largos y arriesgados, con una presencia creciente de personas procedentes del Cuerno de África.

Según la organización, la ruta atlántica hacia las Islas Canarias continúa siendo muy letal, con 1906 víctimas, aunque registra un retroceso significativo en el número de llegadas y tragedias.

Omisión del deber de socorro y falta de coordinación

El informe identifica responsabilidades directas en el aumento de los naufragios. Entre ellas, señala la “omisión del deber de socorro”, la activación tardía o inexistente de los protocolos de búsqueda y rescate, y la inacción en situaciones de emergencia incluso cuando se dispone de la localización de las embarcaciones.

También denuncia la falta de coordinación entre Estados y la delegación de la vigilancia a barcos ajenos a los servicios públicos de salvamento, lo que contribuye a que muchas embarcaciones alcancen la costa por sus propios medios o se pierdan en el mar sin que se active una respuesta eficaz.

Externalización de fronteras y rutas cada vez más letales

El documento sitúa la externalización de fronteras como uno de los factores estructurales que explican el aumento de la mortalidad. La financiación europea a terceros países para frenar las salidas ha desplazado las rutas hacia trayectos más largos y peligrosos, especialmente en el Atlántico.

La ruta mauritana concentra 1319 personas fallecidas en 27 tragedias y 17 cayucos desaparecidos. A pesar del descenso de salidas en el segundo semestre, las travesías se realizan en condiciones meteorológicas adversas y con embarcaciones precarias.

El informe también documenta tragedias en las rutas desde Senegal, Gambia y la aparición de una nueva ruta desde Guinea Conakry, de unos 2200 kilómetros.

Infancia y mujeres, entre las más afectadas

El informe pone el foco en la especial vulnerabilidad de la infancia y las mujeres. En la ruta del Estrecho-Ceuta se han documentado 139 víctimas, de las cuales un 24% son niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos marroquíes que intentan el cruce a nado desde el espigón del Tarajal, a menudo en intentos simultáneos de cientos de personas.

En varias rutas atlánticas se constata la presencia de mujeres en tránsito acompañadas de sus hijos e hijas, y en la ruta emergente desde Guinea Conakry más de la mitad de las personas embarcadas son mujeres y menores, un dato que desmiente el relato securitario (de control y contención) que presenta la migración como un fenómeno mayoritariamente masculino y adulto.

Criminalización para ocultar responsabilidades

La organización Ca-minando Fronteras denuncia que la criminalización de las personas migrantes y de quienes las defienden sirve para “encubrir la responsabilidad de las instituciones”.

Según el informe, mecanismos que deberían garantizar derechos humanos se emplean para perseguir a víctimas, familiares y organizaciones, mientras se elude el debate sobre la falta de vías legales y seguras y la inacción ante situaciones de riesgo vital.

El informe concluye señalando que la persistencia de estas políticas está ampliando los espacios donde la vida está amenazada. Lejos de ser un efecto colateral inevitable, las muertes en frontera son el resultado de decisiones políticas concretas que, año tras año, siguen teniendo un coste humano inasumible.