El tribunal reconoce un trastorno compatible con abuso sexual infantil, pero la acusación no queda "debidamente acreditada" La Audiencia de Huesca absuelve a un sacerdote acusado de agresión sexual a un menor

La Audiencia de Huesca ha absuelto a un sacerdote acusado de abusos sexuales a un menor, de 13 años, porque, según consta en la sentencia, no se ha logrado demostrar la certeza de la acusación y por existir dudas razonables sobre la participación del cura en los hechos denunciados.

Según explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), a la luz de la declaración del menor y de los testimonios de distintos testigos, los magistrados consideran que no existe en el relato una coherencia, con la fuerza suficiente, para que la declaración del menor sea prueba de cargo contra el sacerdote, acusado de un delito continuado de agresión sexual.

En la sentencia, los magistrados reconocen que el niño sufrió un trastorno de estrés postraumático de inicio retardado compatible con haber sido víctima de abuso sexual infantil, pero consideran que no queda "debidamente acreditada" la intervención y participación del sacerdote acusado en los hechos narrados y denunciados por el menor.

Insisten en que no dudan de que el menor sufrió algún acontecimiento o suceso que le generó perjuicios apreciados por los profesionales, y en este punto se refieren a los informes de las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que manifestaron que el relato del menor y los indicadores físicos, cognitivos, conductuales y emocionales muestran "una alta compatibilidad con un abuso sexual creíble".

Pero, a la vez, afirman que no les queda acreditado que los hechos sucedieran tal cual los denunció y narró en el acto de la vista, fundamentalmente al ponerlos en relación con las declaraciones de los testigos.

Abundan en esta cuestión al añadir que la declaración del menor puede ser creíble pero no supera los estándares de fiabilidad "al no ser compatible con el resultado del resto de la totalidad de las pruebas presentadas en el juicio".

Los padres del menor interpusieron una querella en 2019 por actos atentatorios contra su indemnidad sexual, calificados inicialmente como posible delito de agresión sexual a un menor de 13 años.

Según los denunciantes, los hechos habrían ocurrido durante los años 2010 y 2012 cuando el menor, entonces de 8 años, acudía a los cursos preparatorios para la primera comunión en una localidad de la provincia de Huesca.

Contra la sentencia cabe presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.