Condenan al falso cura sevillano a dos años de prisión por estafar a personas con "problemas" económicos

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Manuel T., el sevillano que fingió ser sacerdote, a dos años y un día de prisión así como a una multa de 1.086 euros, por un delito de estafa tras haber efectuado un "grave perjuicio económico" a cinco afectados que acudieron a él para solventar una "delicada situación económica".

Según la sentencia, emitida el pasado 12 de marzo y facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), consultada por Europa Press, los cinco afectados en la causa "pasaban por una mala situación económica" y, ante la "imposibilidad de hacer frente a sus deudas" pidieron ayuda a otros dos investigados en la causa junto a Manuel T. ya que "habrían tenido conocimiento de que se dedicaban a refinanciar deudas y conceder préstamos".

Así, les solicitaron 65.500 euros que se les devolvería en un plazo de seis meses. Es entonces cuando uno de los encausados, de acuerdo con Manuel T. "con el fin de conseguir de manera inmediata e ilícita un beneficio económico" y bajo la pretensión de que Manuel "necesitaba liquidez para cumplir con los fines de la Fundación Luz del Mundo que gestionaba --una entidad dedicada a ayudar a presos y a su familia-- convencieron a los afectados para que aportaran sus propiedades como garantía del préstamo" y a cambio de la cantidad solicitada.

Fruto de esta situación, se procedió en enero de 2012 a la emisión de la escritura de préstamo hipotecario y a la emisión de cuatro cheques nominativos a favor de Manuel. En las escrituras constaban las propiedades de los afectados, mientras que, en segundo lugar, se hacía constar que se había entregado con anterioridad a los afectados un total de 144.600 euros. Esta cantidad había sido entregada de la siguiente forma: 79.100 euros en efectivo metálico y 65.000 mediante cuatro cheques nominativos, emitidos a favor de Manuel.

El plazo de duración del préstamo era hasta abril de 2012, fecha en la que los deudores debían devolver la cantidad de algo más de 150.000 euros, en la que se integran los intereses. Así, los deudores quedaban obligados a reembolsar la cantidad recibida en préstamo y sus intereses. De igual forma, se establecía a favor de los acusados en garantía del préstamo acordado, hipoteca voluntaria sobre las fincas de los afectados.

Sin embargo, especifica el tribunal, "toda esta operación tramada supuso un gran perjuicio económico para los afectados, ya que nunca recibieron cantidad alguna de dinero ni llegaron a recibir los 65.000 euros que era la cantidad a la que inicialmente se habían comprometido". No consta, según el escrito, tampoco "quién ni cómo se recibió en metálico los 79.100 euros, hasta completar los 144.600 euros".

En consecuencia de todo ello, ninguno de los afectados recibió "cantidad alguna en concepto de préstamo, se les reclamó judicialmente la cantidad de 144.600 euros que nunca habían recibido y perdieron las fincas de su propiedad".

No obstante y por otro lado, el tribunal ha considerado que en lo relativo a la venta un matrimonio de una nave industrial en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) "no se ha escuchado a ambos como investigados, no se les ha preguntado por su intervención en este hecho. Por ello ha absuelto a Manuel y a un segundo investigado de este segundo orden de hechos relatados.

En su argumentación, el tribunal hace alusión a la sentencia del 17 de noviembre de 2020 de la Audiencia Provincial de Cádiz y confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, que expresa que Manuel. T. fue el que construyó el engaño, "haciendo creer a sus víctimas que era una persona muy adinerada y dedicada a una labor benefactora al frente de una fundación con gran actividad y medios". Además, "hizo creer a sus víctimas que ocasionalmente tenía un problema de liquidez, de poca gravedad en comparación con su solvencia, y que estaba dispuesto a compensarles muy generosamente si colaboraban con él para superar ese problema".

Cabe destacar que, en principio, el Ministerio Fiscal solicitaba un total de cinco años de prisión por dos delitos de estafa para Manuel y este segundo hombre. Además, debían indemnizar en cantidad de 267.800 euros a los siete afectados en la causa.