El Consejo de Ministros aprueba la oficina que recogerá las denuncias de las víctimas de abusos en la Iglesia

"Este acuerdo resalta la primacía de las instituciones del Estado en la tutela de los derechos de las víctimas". Así presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que tramitará las solicitudes de reparación de las víctimas de la pederastia clerical (en casos ya prescritos) que no quieran recurrir al plan PRIVA, aprobada hoy en Consejo de Ministros y cuyo mecanismo comenzará a funcionar a partir de mañana.

En virtud de este modelo, los supervivientes de abusos que quieran acogerse al sistema de reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo podrán solicitarlo a partir de mañana. Se trata, tal y como explicó el Ejecutivo de un sistema mixto pionero en el que la Iglesia asume su responsabilidad, así como las reparaciones, que podrán ser simbólicas, restaurativas o económicas. Como adelantó RD, pese a la negativa de la Iglesia, podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños destacó que mañana "se hará realidad un derecho largamente esperado", que "no borra el daño causado pero reconoce el sufrimiento de las víctimas de abusos y afirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación". 

La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), con todas las garantías de seguridad y privacidad. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).  

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.  

Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra, reafirmando un principio esencial: la primacía de las instituciones del Estado en la tutela de los derechos de las víctimas.